Emite recomendación defensoría de derechos humanos por crimen del periodista Alejandro Leyva

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 31 de octubre de 2026, p. 23

Oaxaca, Oax., Por violaciones sistemáticas al debido proceso y a la libertad de expresión, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 16/2026 a la Fiscalía General del Estado (FGE), a raíz del asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, perpetrado el 22 de julio pasado en el municipio de San Pablo Etla.

El órgano autónomo determinó que la institución incurrió en faltas graves que vulneraron el derecho a la verdad, la seguridad personal y el acceso a la justicia en su modalidad de procuración. También señaló que la ineficiencia en las investigaciones iniciales agravia de forma directa la labor periodística y las garantías fundamentales del comunicador y sus familiares.

Con este pronunciamiento, el organismo estatal exigió a la fiscalía la reparación integral del daño, el esclarecimiento inmediato de los hechos y la sanción a los servidores públicos que omitieron actuar bajo los protocolos con perspectiva de derechos humanos y protección a periodistas.

El organismo puntualizó que Alejandro Leyva ya había presentado denuncias por amenazas de muerte, y finalmente fue ultimado cuando desayunaba a escasos metros de su casa, ubicada en el fraccionamiento La Esmeralda, y hasta ese momento se realizó una indagatoria del caso.

La DDHPO solicitó a la FGE, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Victimas, realice la inscripción de las personas afectadas indirectas en el registro estatal respectivo con el fin de garantizar su acceso a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.

De igual forma, que brinde atención sicológica y tanatológica especializada, gratuita, accesible a las víctimas indirectas que lo requieran.

Solicitó además que la fiscalía presente una disculpa pública a los familiares de Leyva Aguilar, “en la que se reconozcan las violaciones a derechos humanos acreditadas y la responsabilidad institucional correspondiente”.

El organismo solicitó la creación e implementación de un protocolo de protección especializado para víctimas de delitos contra la libertad de expresión, así como la emisión de una circular de actuación interna que defina los criterios obligatorios que el personal ministerial deberá aplicar al indagar casos relacionados con el ejercicio periodístico.

Source: La Jornada · DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.

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