La cúpula actual del Partido Comunista de China (PCCh) afronta la recta final de su mandato con una prioridad: reforzar el control sobre sus propias filas. Dentro de aproximadamente un año, el partido celebrará su 21º Congreso, convocado para el segundo semestre de 2027, el que renueva su dirección y en el que todo apunta a que Xi Jinping obtendrá un cuarto mandato al frente de la formación que gobierna la República Popular desde 1949.

Ese horizonte ha marcado el quinto pleno del 20º Comité Central, el órgano que agrupa a los principales dirigentes políticos y militares del país y que ha concluido este jueves en Pekín tras cuatro días de deliberaciones. La reunión ha ratificado la expulsión del partido de 33 altos cargos, entre ellos 16 militares, y ha elevado al vicepresidente de la Comisión Militar Central (el máximo órgano de mando de las Fuerzas Armadas), Zhang Shengmin, al Politburó, según el comunicado oficial divulgado por la agencia estatal Xinhua. Entre los expulsados figuran los generales Zhang Youxia y Liu Zhenli, el exsecretario del partido en Xinjiang Ma Xingrui y el antiguo responsable de las relaciones internacionales de la formación, Liu Jianchao.

Durante la cita, también se ha aprobado una decisión para reforzar la disciplina interna y la selección, gestión y supervisión de los dirigentes, “Se hará con rigor la formación, la selección, el nombramiento, la gestión y la supervisión de los cuadros”, establece el documento.

Las decisiones sobre organización y personal preparan así el terreno para la renovación de la cúpula, mientras Xi intenta resolver un problema persistente: conseguir que la autoridad que concentra se traduzca en una aplicación eficaz de sus políticas en todo el territorio chino. El comunicado exige mejorar la coordinación entre las organizaciones del partido y regular el ejercicio del poder de sus máximos responsables. “Se exigirán responsabilidades con rigor a quienes gestionen y gobiernen el Partido de forma deficiente o permitan que surjan problemas graves”, advierte.

La decisión también reclama mantener “una alta presión sobre la corrupción” y endurecer la supervisión del ejercicio del poder. Ese esfuerzo se vincula expresamente con la capacidad del PCCh para seguir gobernando a largo plazo. El texto reconoce que los cambios dentro y fuera del país hacen más arduas sus tareas y plantean desafíos a la preparación de sus dirigentes y a su resistencia a la corrupción.

La elección del tema ha distinguido esta reunión de los dos quintos plenos anteriores bajo la batuta de Xi. En 2015 y 2020, esas citas aprobaron las orientaciones de los respectivos planes quinquenales, que fijan las prioridades económicas y sociales del país. Pero las del plan vigente, para 2026-2030, ya se acordaron el año pasado, lo que ha permitido desplazar la atención hacia quienes deben ejecutarlas y poner el foco en cómo se les elige, supervisa y sanciona.

Los medios oficiales han ido preparando ese mensaje. En un extenso comentario publicado el lunes, el Diario del Pueblo, órgano del Comité Central, presentó la disciplina interna como una garantía de la continuidad del partido en el poder y ensalzó los esfuerzos de Xi desde que asumió la secretaría general del PCCh en 2012 para combatir la corrupción y asegurar la obediencia de los dirigentes a las decisiones de la cúpula. El rotativo oficialista reivindicó los resultados de una campaña anticorrupción sin precedentes, guiada por la determinación de “ofender a miles [de funcionarios] antes que defraudar a 1.400 millones [de personas]”.

Neil Thomas, del centro de análisis Asia Society Policy Institute, considera que los funcionarios chinos afrontan exigencias crecientes desde Pekín, presupuestos más ajustados y un temor a equivocarse que frena la iniciativa. El investigador señala que la respuesta de Xi encierra una contradicción: una supervisión más eficaz contribuye a reducir el despilfarro, pero la presión disciplinaria también puede agravar la parálisis que pretende resolver. Según Thomas, los funcionarios necesitan prioridades más claras y garantías para experimentar.

El comunicado combina, precisamente, sus exigencias de rigor con promesas de estimular “la iniciativa, la proactividad y la creatividad de todo el Partido”. También propone mejorar la formación y selección de cuadros jóvenes y reforzar la capacidad de los funcionarios para llevar a cabo sus tareas.

La preocupación de Xi por las dificultades de ejecución de algunas políticas aparece en los textos oficiales publicados este mes. En un discurso de enero, aunque difundido el 15 de octubre por la revista del partido Qiushi, Xi denunció a los dirigentes que proclaman lealtad pero “obedecen en apariencia, mientras desobedecen en la práctica y actúan por su cuenta”. Al mismo tiempo, defendió que cumplir las decisiones dictadas desde Pekín es compatible con buscar soluciones adaptadas a cada territorio y pidió evitar “copiar mecánicamente y aplicar el mismo criterio a todos los niveles”.

La revisión del aparato político está ligada, además, a la preparación del equipo que acompañará a Xi en su previsible siguiente mandato. Las purgas que se han sucedido desde 2022 han alcanzado a dirigentes promovidos por el propio líder chino y han reducido drásticamente la cúpula militar. La Comisión Militar Central llegó al pleno con solo dos de los siete integrantes designados hace cuatro años: Xi, que preside el organismo, y el general Zhang Shengmin, que ocupa el cargo de vicepresidente desde 2025 y es antiguo jefe del órgano de disciplina militar. Su incorporación al Politburó refuerza ahora su posición en la dirección política del partido, aunque no supone su entrada en el Comité Permanente, el núcleo duro de poder.

En septiembre fueron expulsados del partido y del Ejército Zhang Youxia, hasta entonces el militar de mayor rango por debajo de Xi, y Liu Zhenli, jefe del Estado Mayor Conjunto, acusados de corrupción y deslealtad. El pleno ha ratificado ahora sus expulsiones.

La depuración se extiende al conjunto del Comité Central. La reunión ha examinado y aprobado informes disciplinarios sobre 34 altos cargos y ha ratificado la expulsión del partido de 33 de ellos, incluidos 16 militares. El comunicado los vincula con “graves violaciones de la disciplina y de la ley”, una fórmula habitual en los anuncios oficiales sobre estas investigaciones. Además, diez miembros suplentes han sido promovidos a titulares para cubrir vacantes. Al pleno han asistido 162 titulares y 117 suplentes, 279 en total, frente a los 315 que participaron en el cuarto pleno. La selección de nuevos responsables plantea un problema de confianza incluso dentro del círculo de poder construido por el mandatario.

Xi ya utilizó las reuniones celebradas un año antes de los congresos de 2017 y 2022 para afianzar su autoridad y preparar los cambios que después consolidaría en esas citas. En el sexto pleno de 2016 fue reconocido como “núcleo” del Comité Central y del conjunto del PCCh, lo que consagraba su primacía dentro de la dirección. Era un paso importante en su distanciamiento del modelo de liderazgo colectivo, que había buscado repartir responsabilidades y evitar una concentración de poder personal como la ejercida por Mao Zedong. Al año siguiente, se incorporó a los estatutos del PCCh el llamado “pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era”, que desde entonces forma parte de la doctrina que los militantes deben estudiar y aplicar, junto al marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao y la teoría de Deng Xiaoping, entre otros referentes.

En el sexto pleno de 2021, el partido aprobó su tercera “resolución histórica”, un documento excepcional destinado a fijar la interpretación del pasado y orientar el futuro de la formación, que situó a Xi al mismo nivel que Mao, fundador de la República Popular, y Deng, impulsor de la apertura económica. En 2022, Xi obtuvo un tercer mandato sin precedentes y se rodeó de dirigentes leales en el Comité Permanente del Politburó, el núcleo de siete hombres que concentra más poder.

Source: El País · Inma Bonet

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