Una crisis ferroviaria y aplacar a un sector constructor en contra, los desafíos de Cuerpo tras la ‘era Puente’

El sector del ferrocarril está incendiado tras el siniestro de Urda (Toledo), segundo con consecuencias mortales en un periodo de 10 meses en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, asume este miércoles las competencias a las que renunció anoche Óscar Puente como ministro de Transportes, tal y como ha anunciado en una breve comparecencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No va a tener tiempo para mucho, más que para apagar fuegos. Urge apaciguar los ánimos entre los sindicatos ferroviarios. El de maquinistas, Semaf, tiene convocada una huelga para los próximos 10 y 12 de noviembre, los días antes y después del paro general. El potente colectivo reclama el cumplimiento de los acuerdos de refuerzo del mantenimiento de las redes de Adif y de las plantillas de empresas públicas ferroviarias, también de la agencia de seguridad, firmados en febrero. Fue tras las tragedias de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), y Semaf se queja de que “las promesas no cristalizan en realidades”, según su secretario general Diego Martín.

Sánchez ha optado por aplicar hormigón a la maltrecha estructura de Transportes tras la tragedia. Cuerpo es la figura idónea, opinan quienes rodean al presidente, para rebajar la contienda política y el estruendo en la opinión pública. De él depende ahora el futuro de la cúpula directiva del gestor de la infraestructura ferroviaria Adif. El puesto de al menos el presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, está en el aire. Reclaman su cese grupos políticos y sindicatos a la vista de la gestión que se hizo del tráfico en la Madrid-Sevilla el 28 de octubre, con un balance de 69 muertos tras el alcance de un tren AVE a un Iryo en sentido a la capital andaluza.

El sindicato de funcionarios CSIF, también CGT, UGT, CC OO o Sindicato Ferroviario, junto al colectivo de maquinistas, estudian movilizaciones conjuntas y severas en el entorno de la cita electoral del 29 de noviembre. “El Gobierno buscará desactivar a toda costa la indignación sindical abriendo mesas urgentes de negociación”, argumenta una fuente al tanto de la estrategia. Otra de las iniciativas de emergencia por poner en marcha desde Transportes y Adif es la de alejar los trenes en la línea Madrid-Sevilla reduciendo frecuencias de salida. Se trata de imponer distancias de seguridad hasta que esté en marcha a primeros de año el nuevo sistema de señalización ERTMS en sustitución del seguro pero obsoleto LZB. Adif lo conseguirá haciendo que las operadoras, principalmente Renfe por ser la de mayor volumen de tráfico, lancen trenes en doble composición para reducir el impacto en la oferta de asientos. Al mismo tiempo, se ha ordenado a la Agencia de Seguridad Ferroviaria una auditoría de situación del Corredor Sur, renovado en los últimos cuatro años con una inversión que supera los 800 millones de euros.

Cuerpo tendrá este jueves ante las puertas del ministerio una primera concentración, alentada por el CSIF, “por la situación de Salvamento Marítimo”. Será la primera manifestación a la que se enfrenta en su nuevo cargo aunque sea por la situación de otro servicio esencial.

Atajar la crisis

La entrada de Cuerpo en juego escenifica la máxima implicación del presidente del Gobierno para embridar la situación de crisis, que ha costado la dimisión de Puente en una renuncia que se produjo en sede parlamentaria tras dar explicaciones de lo que rodeó al choque de trenes en Urda tanto a la prensa como al arco político. El hasta el martes ministro de Transportes deja un ramillete de medidas que afectan a la gestora de la infraestructura ferroviaria Adif y que van a implementarse de manera inmediata, entre ellas la del protocolo de doble revisión de las órdenes emitidas desde los centros de control a los maquinistas cuando las líneas de altas prestaciones entran en situación degradada, como sucedió en el kilómetro 118 de la Madrid-Sevilla el pasado miércoles. En Adif también se ha abierto una auditoría para conocer el modo de actuar de los operarios del centro de Atocha cada vez que se ha caído el sistema de seguridad LZB en el trazado a Andalucía. Una orden errónea de marcha normal (a la velocidad que indiquen las señales) a los trenes que quedaron parados el miércoles por el apagón del LZB desencadenó una colisión letal entre un AVE de Renfe y una unidad de Iryo paralizada ante la estación LZB de Urda.

Más allá del trabajo en Adif y de la coordinación de Transportes con las investigaciones técnica y judicial del siniestro, Cuerpo toma las riendas del ministerio en pleno arranque del macroplan de inversiones de Aena para el periodo 2027-2031, con un presupuesto de 13.000 millones de euros. Las primeras licitaciones están ya lanzadas en los aeropuertos de Madrid, Tenerife o Almería.

En materia de carreteras, Transportes ha programado un plan extraordinario para el refuerzo de firmes valorado en 1.600 millones de euros en pleno revuelo del sector de la conservación. Las empresas cargan contra unos pliegos de contratación que priman el valor objetivo de la oferta económica y han impuesto fórmulas también de carácter objetivo para puntuar las propuestas técnicas. El propio Puente reconoció meses atrás que estas garantías de neutralidad en las adjudicaciones respondieron a la supuesta corrupción que campeó sobre la obra pública en tiempos de José Luis Ábalos al frente del ministerio. Los equipos de la casa reconocen una brecha de más de 6.000 millones de euros en el cuidado de las carreteras, cifra que asociaciones de empresas especializadas elevan por encima de los 10.000 millones.

En esta recta final del año vencen contratos de concesión en la autopista AP-68, Bilbao-Zaragoza, que revierte en parte al Ministerio de Transportes y en varios tramos a administraciones vascas, al tiempo que concluyen los plazos de explotación de una decena de autovías de primera generación, con un total de 993 kilómetros. Estas últimas son las nacionales desdobladas, la mayoría en el entorno de Madrid, y que son conservadas por constructoras desde 2007 a cambio del pago de cánones por parte de Transportes por la correcta disponibilidad de esas infraestructuras. El 1 de enero la gestión vuelve al ministerio mientras se tramitan en la actualidad los traspasos.

Precios altos

Los principales desafíos que deja Óscar Puente en el ministerio de la obra pública son de gestión, seguridad y credibilidad de cada uno de los sistemas. El sector constructor reclama fórmulas de reequilibrio de contratos millonarios por el impacto de la inflación en los costes de materiales básicos, como el acero, la madera, el aluminio, el cemento, los áridos, los combustibles o la propia energía eléctrica. Durante la crisis de precios motivada por la invasión rusa de Ucrania, el Ejecutivo armó un escudo de protección contra los mayores costes de ejecución de la obra pública. Desde hace meses, instituciones como Seopan, Anci y la CNC vuelven a pedir revisiones de precios extraordinarias en proyectos que suelen ejecutarse en largos plazos. Está pesando a pie de obra la crisis de Ormuz.

El mismo problema global motivado desde final de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán tiene atenazo al transporte de carga y pasajeros por los precios del combustible, lo que sí ha merecido ayudas coordinadas entre Transportes, Economía y Hacienda con bonificaciones directas al precio del gasóleo.

“El vicepresidente primero dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente”, ha aseverado Pedro Sánchez en su comparecencia de esta mañana en La Moncloa, en la que ha hablado de la marcha del que era uno de sus alfiles “como muestra de dignidad y respeto a las víctimas de Urda”.

La gran reforma legislativa de Puente ha sido la Ley de Movilidad Sostenible, lanzada como marco de financiación del transporte público, planificación urbana y plataforma para avanzar en la descarbonización. De aquí al 29 de noviembre y mientras el Gobierno permanezca en funciones, no habrá margen para aprobar y desarrollar reglamentos de aplicación o definir nuevos mecanismos de financiación, lo que corresponderá a buen seguro al próximo Ejecutivo, al igual que las negociaciones con comunidades autónomas y ayuntamientos sobre este marco normativo. Uno de los escollos que se había encontrado Puente es el de adaptar los planes de movilidad en consistorios regidos por grupos de la derecha.

Tarea del próximo Gobierno también será simplificar la contratación pública; lanzar mejoras en carreteras y ferrocarril, y reformar el marco de colaboración público-privada para la entrada de fondos extra en proyectos millonarios. El tira y afloja con Francia para la conexión en frontera de las infraestructuras ferroviarias es otro de los problemas que espera al ministro de Transportes de la próxima legislatura, además de la puesta en marcha de la segunda ola de liberalización en la alta velocidad y la preparación del mismo proceso en los servicios de Cercanías, tal y como exige la normativa ferroviaria europea. Puente reconoció el martes en la Diputación Permanente del Congreso, interpelado por el líder de ERC Gabriel Rufián, que los trenes que ruedan por Cercanías son un desastre, pero “el último entró en la flota de Renfe hace 18 años, con Zapatero en el Gobierno”. El actual Ejecutivo impulsó en plena pandemia la compra de más de 400 unidades para reforzar principalmente las Cercanías de Madrid y Rodalies de Cataluña. Ese material rodante irá entrando a lo largo de 2027, al tiempo que Renfe deja adjudicado a Siemens un pedido de 30 trenes de alta velocidad capaces de rodar a 350 kilómetros por hora.

Con el bombazo de la salida de Óscar Puente en periodo preelectoral y de transición entre gobiernos, salga el color que salga de las urnas, la tarea legislativa se adormece mientras el vicepresidente Carlos Cuerpo toma el mando para evitar un nuevo caos ferroviario y también en la obra pública.