La subasta más esperada de Magna Art Auctions tuvo unos cuantos, por momentos pertinaces, problemas tecnológicos. La web se saturó desde el primer momento debido a la expectación que generaban los souvenirs del Pazo de Meirás. No solo en España, sino desde el extranjero. Y no solo de nostálgicos, curiosos y periodistas, sino de miembros de colectivos memorialistas. Grupos como la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) o la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) no entienden cómo muchos de esos objetos salieron del pazo gallego, declarado Lugar de Memoria Democrática solo un mes después de ser vaciado por la casa de subastas contratada por la familia del dictador.
El memorialismo gallego, encabezado por la CRMH de A Coruña, en la lucha por Meirás desde el principio, considera que el millar de bienes muebles (agrupados en 689 lotes) que se han empezado a subastar la tarde de este martes en Magna Art “no fueron defendidos” por la Administración central y que la Xunta de Galicia ha mantenido una actitud “pasiva”. El presidente de esta asociación, Carlos Babío, descendiente de una vecina expoliada para engrandecer el pazo ubicado en el municipio coruñés de Sada, fue el primero en definir como un “escándalo” esta última maniobra de los Martínez-Bordiú Franco, sobre todo por realizarse con el visto bueno de los ejecutivos central y autonómico.
Solo los primeros 46 lotes subastados en menos de dos horas desde que comenzó la puja pasadas las cinco de la tarde sumaron a la caja de los Franco 58.750 euros. Hubo muchas compras a través de la web, telefónicas, en sala y a través de plataformas internacionales y, por ejemplo, un cuadro de la fachada del pazo de Meirás tasado en solo 50 euros sembró el delirio: después de un intenso pulso acabó adjudicándose por 6.000. La escalerilla de tres peldaños de la biblioteca de Franco también se convirtió en fetiche: subió de 50 a 1.500 euros.
De nada valió el último intento de uno de esos colectivos que llevan décadas trabajando en las fosas de la guerra y reivindicando la memoria de los represaliados. La semana pasada, la ARMH solicitó por escrito al Gobierno que promoviese a través de la Fiscalía General del Estado la suspensión cautelar de la puja prevista para este martes. Según este grupo memorialista, los nietos del dictador deben demostrar que esos bienes “son de su propiedad y no fueron regalos a la jefatura del Estado, porque entonces pertenecerían a Patrimonio Nacional”.
En sucesivas sentencias, entre 2022 y 2024, los tribunales reconocieron la titularidad estatal de casi 700 elementos muebles o bienes documentales, porque los peritajes demostraron que eran patrimonio nacional o tenían un gran valor histórico y formaban parte de la decoración del pazo desde antes de 1975. Esos objetos se han quedado en la mansión, ahora medio vacía. La Abogacía del Estado consideró que la titularidad estatal de los demás no se podía defender. La catalogación y embalaje por parte de Magna Art Auctions se llevó a cabo en media docena de camiones entre finales de junio y principios de julio, bajo vigilancia de la Administración.
Emilio Silva, presidente de la ARMH, opina que la impunidad de los Franco sigue vigente medio siglo después de su muerte. El pasado miércoles calificaba de “incomprensible” que el Gobierno “no haya sancionado a la familia del dictador por hacer uso de un bien público ilegalmente durante décadas”, en referencia al Pazo. Silva criticaba además “que no se fiscalice cuidadosamente cada uno de sus movimientos tratando de monetizar objetos que supuestamente eran del dictador, pero podrían ser regalos y pertenecer al Estado”.
“Franco le arrebató a punta de pistola sus propiedades a miles de familias republicanas, entró en los almacenes de Patrimonio Nacional como si fueran su cuarto trastero”, recordaba también el presidente de la ARMH: “saqueando muebles, obras de arte y haciendo negocios con empresarios igual de corruptos que él con los que se repartía los negocios”.
Source: El País · Silvia R. Pontevedra
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