Un total de 209.000 estudiantes y 32.900 trabajadores (22.800 de ellos profesores) están llamados hoy miércoles y mañana a la huelga en las seis universidades publicas de Madrid para denunciar con su paro lo que los convocantes llaman “el pacto de la vergüenza”. Un acuerdo económico entre los seis rectores y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que no convence a casi nadie, porque la asfixia es muy evidente en algunos campus. La huelga está teniendo un gran seguimiento en la Complutense, ahogada en un recorte de gastos del 35% desde mediados de 2024, y la Rey Juan Carlos, que como esta va camino de pedir a Ayuso un crédito de 40 millones de euros.
El acuerdo se materializa en 180 millones de euros adicionales en 2027 dentro del nuevo modelo de financiación, hasta los 1.420,1 millones de euros, un 14,6% más que el año anterior. Sin embargo, esta cantidad los convocantes consideran que se queda corta porque parte de muy abajo. Recibían el pasado año casi lo mismo que en 2009 sin descontar la inflación. El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este miércoles que la huelga es “política” y no para pedir una mejor financiación, ya que, en sus palabras, ésta está en “máximos históricos”.
En la Autónoma (UAM) los convocantes no recuerdan un éxito así nunca antes. En Derecho y Económicas, menos movilizadas, apenas hay algún grupo aislado que no ha hecho huelga. La Politécnica apenas para, mientras en la Carlos III en las facultades de ciencias sociales y humanidades (campus de Getafe) la CGT calcula que se han suspendido entre el 80% y el 85% de las clases. Este sindicato cifra también el seguimiento de un 95% en la Complutense y un 90% en la UAM. Aún no hay datos oficiales de la Comunidad de Madrid. Mientras en la alejada Universidad de Alcalá, la huelga se calentó con clases en las calles esta semana.
La nueva delegada del Gobierno ha impedido que a las 12.00 comenzara una marcha desde la sede del PSOE en Ferraz a la del PP en Génova. Así que los manifestantes han modificado el recorrido para salir desde Marqués de Urquijo, a medio camino entre Ciudad Universitaria y Ferraz. “Denunciamos la arbitrariedad manifiesta de esta decisión”, ha declarado la Plataforma por la Universidad Pública.
La última visita documentada de Isabel Díaz Ayuso a una universidad pública madrileña fue en enero de 2025, cuando acudió a la Carlos III. Y no hay visos de que vuelva a hacerlo, en un clima de gran tensión, antes de las elecciones autonómicas. Incluso el pasado 16 de septiembre, pese a ser la protagonista del acto, no acudió a la apertura oficial del curso en la Autónoma, a la que estaban invitados los rectores de las seis universidades públicas y 14 privadas. Su consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se convirtió en la diana de los cánticos: “Que te vayas, te vayas de aquí”.
La presidenta no pisa un campus público. En año y medio ha caído el consejero Emilio Viciana, denostado por la comunidad académica, y el pasado marzo selló un pacto con los rectores que no convence a casi nadie. En privado cualquier gestor de esos campus admite que no se trata del “hito histórico” que se vendió con euforia. El acuerdo puso fin a más de dos años de tiranteces. Los rectores claudicaron hartos de negociar, cuando pensaron que no iban a sacar un euro más al Gobierno regional. Eso se traduce en un gasto que no llega al 0,4% del PIB, cuando la media nacional es del 0,7% y la europea se acerca al 1%.
Esta nueva huelga, que se empezó a fraguar en mayo, llega en un escenario distinto porque hay un pacto, para los convocantes muy fallido, de por medio. Sus reivindicaciones se funden esta vez con las de los profesores de las etapas no universitarias, que han entrado en su cuarta semana de huelga: estos últimos reclaman menos horas de clase (están por encima de la media española), menos ratio de alumnos, refuerzo de las plantillas y mejora salarial. Los sindicatos no han conseguido que Zarzalejo se sentase a negociar, como obliga la ley de huelga.
Temor en la URJC
La urgencia se ha mudado ahora a la Rey Juan Carlos, la segunda universidad más grande de Madrid, que necesita 40 millones para afrontar los próximos meses. Su rector, Abraham Duarte, piensa que a partir del 2028 el saldo entre gastos e ingresos se empezará a equilibrar porque subirá la partida de la Comunidad de Madrid. Pero necesita una bombona de oxígeno hasta entonces.
El campus de Móstoles, donde se encuentra el rectorado de la URJC, es casi un desierto. El miedo a necesitar un crédito para pagar nóminas el año que viene ha calado entre los que secundan la huelga y los que no. Poco antes de las ocho de la mañana, Lucas Sánchez, de 20 años, llega al campus. Sabe que no se impartirán sus clases de Ingeniería en Tecnologías Industriales y espera paciente la apertura de la biblioteca. Afirma tajante que apoya la paralización de las actividades y califica de “injusto” que, siendo la segunda universidad madrileña más grande, con más de 46.000 inscritos, reciban una financiación tan baja de solo 152,8 millones de euros para el 2027, tres veces menos que la del País Vasco. Lamenta no tener todos los materiales en el laboratorio y sus profesores se quejan del número de clases que dan. “Acumulan un cansancio y un agotamiento mental que las clases no llegan a ser de calidad para nosotros”, indica.
Natalia Núñez, 26 años, estudia Ciencias Ambientales desde hace tres años y coincide con el aspirante a ingeniero. “Hay departamentos en los que no han salido becas pre-doctorales y eso limita mucho la investigación. Preocupa de cara el futuro por cómo va a ser la calidad de las asignaturas. Los profesores enseñan muy bien, les gusta lo que hacen, pero el problema de que cada vez tengan más horas de clase”.
También en Móstoles, José María Escola Sáez, catedrático de Ingeniería Química, ha decidido no participar. “Estamos todos un poco asustados por lo que va a pasar el año que viene con el préstamo de 40 millones. Se han hecho ajustes de complementos de investigación, pero no se han aplicado medidas fuertes, como se prevé para 2027”, expresa. “Yo iré a clases, los alumnos pagan la matrícula, tienen derecho. Además, creo que la huelga tiene un sentido partidista, por la fecha tan cercana a las elecciones”.
El seguimiento en la URJC, poco politizada y de orígenes muy conservadores, sorprende. “Hay pocas asociaciones, poca cultura de huelga, pero esto ha cambiado en los últimos años. Hoy no ha venido casi nadie”, se alegra Jana Montero, profesora titular de Biología. “Los piquetes informativos que hemos hecho por la mañana han durado muy poco, porque hay pocas clases”.
La UCM, a la cabeza
Mucha más cultura de huelga tienen en la UCM, donde se han conformado cinco piquetes informativos, uno de ellos con manifestantes de la UPM, donde el seguimiento es mucho menor. En Somosaguas, siempre a la cabeza de la lucha sindical, esta vez no hay ni piquete. Saben, por huelgas anteriores, que solo siguen con sus clases algunos profesores de Ciencias Económicas. Prefieren concentrar sus esfuerzos en la Ciudad Universitaria, donde el pasado se vivieron escenas de terror al cargar la policía contra el piquete informativo.
Profesores de Derecho han redactado un informe en el que denuncian vulneración de derechos fundamentales por parte de la Policía. El trato con los manifestantes, tras abrir Delegación de Gobierno un expediente, está siendo hoy muy cordial, según integrantes del piquete.
Javier del Río, catedrático de la Física en la UCM, asegura que “el acuerdo no ha resuelto nada”. Lamenta que han tenido que hacer recortes “en grupos de estudiantes, en profesorado o en software informático”. En su facultad no se oye un alma. En Ciencias de la Salud, en cambio, es como siempre otro cantar. Se mantienen clases. En Farmacia, por ejemplo, han cantado contra los recortes en medio de un aula, mientras que una profesora con bata blanca escribía en la pizarra ante los ocho alumnos que han acudido. Los manifestantes han explicado que están informando sobre las condiciones de la universidad, y ella les contesta diciendo que “hay otras maneras de informar”, que no interrumpen las clases.
Satisfacción en la UAM
En la Autónoma reina la euforia entre los convocantes. “La Autónoma está vacía. Ni en Económicas, ni en Derecho, donde suele haber más esquiroles. Las bibliotecas están cerradas y casi todas las consejerías”, cuenta el profesor Luis Lloredo, profesor titular de Derecho Público y Filosofía Jurídica.
“Los recortes se ven en que yo sigo teniendo grupos con 200 alumnos en primero y 140 en cuarto; 50 cuando son seminarios. Es verdad que no pasa en otros grados. Eso supone no poder hacer la evaluación continua que pide Bolonia”, se lamenta Lloredo, que asegura que la UAM se está planteando solo reponer al 80% de quienes se jubilan.
Este martes la consejera Zarzalejo visitó su centro de investigación IMDEA Nutrición y coincidió con el pasacampus que animaba a movilizarse hoy. La policía identificó a los concentrados.
Escaso seguimiento en la UPM
Pablo González, personal funcionario de la UPM, reparte desde primera hora folletos con las demandas de la huelga. Admite que en su universidad el seguimiento “no es tan grande” como en la universidad vecina, la UCM, pero asegura que “está creciendo”. Cuenta que su servicio de informática solo dispone de dos personas de las siete que tendría que haber. “Ahora estamos digitalizando todo y nos creemos muy modernos, pero es paradigmático”, añade.
Por su parte Rafael, un estudiante de 24 años de Ingeniería Agrícola de la UPM, hace una grabación con su móvil del piquete mientras pasa por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. Certifica que allí la huelga no ha triunfado. “No me he enterado mucho”, admite. “Pasamos del tema, la verdad. Algunos profesores dan clase y otros han avisado que no van a ir”.
El campus de la princesa Leonor, vacío
En la Universidad Carlos III los huelguistas han compartido piquete informativo con los docentes del instituto Menéndez Pelayo, de Getafe, a primera hora. En su caso, quieren denunciar también el “enorme dispositivo policial por la presencia de la princesa Leonor en Ciencias Políticas”, reprocha Daniel, alumno de Periodismo y Comunicación Audiovisual. “Se ha puesto la universidad al servicio de la monarquía, cuando estudiamos con infrafinanciación y unas notas de corte súper altas. Y eso que hay aulas vacías; porque la Carlos III quiere ser la universidad de las élites”.
Según Daniel, miembro de la asociación Abrir Brecha, desde que desde el pasado septiembre estudia la heredera al trono, en la UC3M se quitan los carteles reivindicativos: “Hay represión policial”. La CGT maneja unos datos de seguimiento en su campus de entorno al 85%, pero no del de Leganés, donde están las carreras técnicas. Allí el paro suele ser menor, pero en esta ocasión sí ha habido un piquete informativo.
El acuerdo con Ayuso ha rasgado, que no roto, la confianza de la comunidad universitaria en sus rectores. Quienes se manifiestan se consideran víctimas de una “trampa”, “una tomadura de pelo”, porque el acuerdo está lejos de garantizar la opulencia en los campus. Los rectores, al menos públicamente, han dejado de reivindicar algo a su administración. Ni siquiera han reaccionado al recorte de ayuda al talento científico, tras fusionar dos convocatorias cortando el 60% de los contratos predoctorales.
Source: El País · Fiona Aquino, Archie Willis, Elisa Silió
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