La Comunidad de Madrid ha enviado a todas las direcciones de los centros de enseñanza pública no universitaria de la región un documento con instrucciones referidas a la huelga educativa. El escrito, firmado por José Carlos Fernández Borreguero, Viceconsejero de Política y Organización Educativa, ha llegado a los colegios e institutos este jueves. Sus 11 páginas detallan pormenorizadamente todas las restricciones que de ahora en adelante se instalarán en el día a día de los centros para, según el Gobierno regional, garantizar la neutralidad y que los profesores cumplan con su función de “educar” y “no adoctrinar”. Por ejemplo, cualquier pancarta, cartel o elemento relacionado con la huelga quedará prohibido. Tampoco se podrá hablar de ella delante de los alumnos. Para poder denunciarlo, la Consejería ha remitido un formulario que podrá rellenar cualquier padre, madre, alumno o personal del centro que detecte que estas nuevas instrucciones no se están cumpliendo por parte de algún docente.

La obligación de neutralidad ideológica de los centros educativos no es una novedad. La Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) establece en su artículo 18: “Todos los centros públicos desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución”. Un profesor no puede levantarse en clase y ponerse a criticar a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo, ni loar el pensamiento político de Franco o Ada Colau. Cosa distinta es que ese deber de neutralidad ideológica pueda extenderse a impedir cualquier mención a una huelga educativa o a la defensa de la escuela pública.

Varias autonomías aprobaron este verano, después de las huelgas que se vivieron en la Comunidad Valenciana y Cataluña, normativas que subrayan expresamente el deber de neutralidad ideológica, pero ninguna ha ido tan lejos como Madrid.

Una de las palabras clave del texto enviado por la Comunidad de Madrid es la palabra “sindical”. La huelga indefinida que comenzó el pasado 14 de octubre no está considerada por los expertos como una huelga política, aunque el gobierno de Isabel Díaz-Ayuso así la haya definido. A lo largo de todo el texto, la palabra “sindical” aparece en numerosas ocasiones para relacionar cualquier contenido referido a la huelga con las intenciones de los sindicatos y organizaciones que la secundan.

“Se entiende por adoctrinamiento la utilización de la posición docente o de los medios del centro para imponer, promover o recabar la adhesión de los alumnos a una opción política, ideológica o sindical determinada”, especifica el texto, que consta de 12 apartados. El número seis es el referido concretamente a “lo que no está permitido ante los alumnos”. Aquí, se detalla que el profesor “no deberá”, por ejemplo, “transmitir a los alumnos sus opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales con el fin de que las compartan, ni dirigir su conciencia moral o política”. También se prohíbe “utilizar las clases, las tutorías, las tareas, las lecturas, los exámenes, las actividades complementarias o los periodos de servicios mínimos para ganar el apoyo de los alumnos a cualquiera de las partes de un conflicto político, ideológico o sindical”, así como “pedir o animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas, concentraciones”.

En lo referido a los carteles, se dice que los docentes no deberán “colocar o exhibir en fachadas, vallas, canales institucionales o espacios comunes elementos que, atendiendo a su contenido y contexto, atribuyan al centro una adhesión institucional a partidos, candidaturas, organizaciones o posiciones de parte en un conflicto político, ideológico o sindical, salvo los tablones sindicales previstos en la normativa vigente”.

El documento también detalla que la inspección educativa actuará de oficio o a instancia ante el incumplimiento de la nueva normativa. Además, dice que las potenciales infracciones “podrán dar lugar a la responsabilidad disciplinaria que corresponda”. Para poder denunciar cualquier infracción de estas normas, se ha elaborado un formulario que podrá enviarse a las distintas Direcciones de Áreas Territoriales y que podrá ser completado por cualquier “familia, alumno y el personal a través de los registros oficiales, los hechos que a su juicio vulneren estas instrucciones”.

El antecedente valenciano

La regulación más polémica, hasta ahora, era la valenciana. PP y Vox reformaron el 31 de julio el decreto de la inspección educativa para atribuirle específicamente la misión de “velar por la neutralidad ideológica, supervisando que las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento”. El texto, en el parece haberse inspirado en ciertos puntos la normativa madrileña, también articuló un canal de denuncias “para que los miembros de la comunidad educativa puedan poner en conocimiento de la administración educativa hechos” que consideren que infringen dichos preceptos. La reforma recibió críticas de los partidos de oposición, sindicatos de enseñanza y asociaciones de inspectores de educación.

También recibieron críticas las instrucciones de inicio de curso aprobadas en Canarias (donde la Consejería de Educación la dirige el PP). La normativa destaca que los centros educativos deben “reforzar y ser promotores de actuaciones basadas en el principio de neutralidad institucional”, y que no se podrán autorizar “conferencias, charlas, reuniones o eventos que puedan llevarse a cabo por individuos, grupos, organizaciones o colectivos caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral”.

En Galicia, además de subrayar el deber de neutralidad ideológica, las instrucciones del curso estrechan el control de las actividades complementarias -por ejemplo, la charla de una ONG en un colegio o instituto-. Si un docente quiere organizar una que no esté incluida en la programación general anual del centro, esta no solo debe ser aprobada por la dirección y trasladada al consejo escolar, como contempla la normativa básica, sino además informar a la inspección educativa.

El derecho de huelga

El artículo 27 de la Constitución dispone que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Dentro de ellos están los principios del Estado social y democrático (artículo 1.1) y el derecho de huelga (artículo 28). “En el documento de regulación de la norma se olvidan del derecho a la huelga, que es tan constitucional como el derecho a la educación”, sostiene Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense. “Y en un momento de un conflicto colectivo como el que tienen ahora los profesores, hace que la normalidad no se dé”, añade.

Para González, que fue gerente de la Complutense, se trata de “una norma inconstitucional y creo que educativamente muy peligrosa, porque fomenta que los padres acusen a los profesores en unas circunstancias en las que se hayan producido unos hechos contrarios a esta instrucción”.

Además, Julio González considera que la norma y estas nuevas instrucciones tienen una perspectiva muy anticonstitucional “en la medida en que, según el artículo 27 de la Constitución, la educación es un instrumento para fomentar los valores democráticos. Y entre estos valores está el del pluralismo político”. “Si tú no dejas que exista ninguna manifestación de pluralismo político en los colegios, atentas contra el artículo 27”, añade.

“El documento empieza hablando con un tono muy general de las creencias, del respeto a la religión, pero luego, cuando entra en el detalle de qué conductas se van a vigilar, y son muy concretas: huelga, pancarta, reivindicaciones sindicales…”, distingue Rosa Galán, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Complutense. “Se va claramente a lo que llama ‘conflicto ideológico’, ‘conflicto político’, no en contra de cualquier hecho que vulnere la neutralidad. Que se sea neutral no quiere decir que no se puedan tener opiniones”, prosigue Galán, que fue Defensora del Universitario en la UCM. “El Tribunal Constitucional también lo ha dicho: la neutralidad ideológica no puede estar en contra de la libertad de cátedra. Hay que encontrar, como siempre, el equilibrio entre todos los derechos”.

A Galán, que fue también inspectora jefa de servicios en la UCM, le preocupa que “aunque las instrucciones sean aplicables a cualquier ideología y los conceptos son amplísimos e interpretables”. Por lo que se pregunta “si se va a aplicar a cualquier manifestación en un centro público que pueda vulnerar la neutralidad o solo las que recoge el dictado”.

“La instrucción es una norma de rango administrativo, por parte de la autoridad administrativa, y que lo que pretende es restringir derechos fundamentales. Eso, evidentemente, está sujeto a una ley orgánica por parte del artículo 89 de la Constitución”, argumenta Pablo Gómez Perpinyà, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura. “Gran parte de la norma es anticonstitucional. La Comunidad de Madrid se está extralimitando en sus capacidades”, subraya el exsenador y exdiputado de Más Madrid.

“Una cosa es que se quiera que el profesorado universitario y de enseñanzas medias excluya dentro de su libertad de cátedra el proselitismo o la propaganda partidista -y claramente esa limitación existe-, pero creo que se extralimita en el tipo de apreciaciones que hace”, continúa Gómez Perpinyà. “Es más, me parece altamente complicado objetivar algunos requisitos del documento. Es decir: ¿qué es una explicación ajustada al criterio de la Comunidad de Madrid y que no? Habla de explicaciones cortas y objetivas”. El expolítico se pone de ejemplo cuando explica a sus alumnos de Derecho Constitucional I la Transición. “La libertad de cátedra comporta un ejercicio del razonamiento crítico y una libertad intelectual por parte del profesor y de los distintos agentes que conforman la doctrina académica”.

Gómez Perpinyà concluye: “Pretender a través de una instrucción administrativa entrar en el plano de la restricción de un derecho fundamental, desde luego desde un punto de vista formal tiene todos los visos de inconstitucionalidad”.

Source: El País · David Expósito, Ignacio Zafra, Elisa Silió

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