La Sala Penal rechaza que esa cantidad sea “excesiva”, como sostenían la Abogacía del Estado y la Fiscalía
El Tribunal Supremo ha confirmado las costas de 39.000 euros impuestas al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por el procedimiento penal que acabó con su condena por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal y pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La letrada de la administración de justicia de la Sala Penal ha dictado un decreto en el que rechaza la impugnación formulada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los honorarios del abogado de González Amador por excesivos. El decreto fija la minuta del abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Gabriel Rodríguez-Ramos, en 38.508 euros, y aprueba definitivamente la tasación de costas en 39.009 euros, incluidos los derechos de la procuradora tasados en 501 euros.
García Ortiz fue condenado en noviembre de 2025 por la filtración de un correo electrónico vinculado a González Amador y por la difusión de una nota de prensa redactada por el ministerio público para desmontar la versión falsa que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña sobre las negociaciones de la Fiscalía con el abogado de su pareja. La condena supuso la inhabilitación de García Ortiz para el cargo que entonces ocupaba, pero el Supremo también le impuso el pago de una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros a favor de González Amador y el abono de las costas del procedimiento.
La letrada de la administración de justicia de las causas contra aforados, encargada de la fijación de las cosas, las cifró en enero pasado en casi 80.000 euros, un cálculo que asumía íntegramente la petición de la defensa de González Amador (64.778,78 euros), más el 21% de IVA (13.603,54 euros) y los honorarios de la procuradora (1.560 euros), y que fue impugnada tanto por la Fiscalía como por Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz y que reclamó que las costas se rebajaran a 4.240 euros. Ambos recursos cuestionaban que la tasación hecha por el tribunal era “indebida” y “excesiva”, y la letrada de la administración de justicia admitió, en una resolución dictada en marzo, que había conceptos que se habían incorporado erróneamente al cálculo, lo que derivó en que propusiera rebajar la cifra a la mitad y las fijara en 39.000 euros.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]
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Source: El País · Reyes Rincón
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