El estupor de los dos historiadores usados por el PP y Vox para proteger una cruz franquista: “¿Cómo voy a decir yo algo así?”

Habla César Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED: “Cuando me avisaron, pensé que era broma. Pero, ¿cómo voy a decir yo algo así? ¡Si sostengo justo lo contrario!”. Toma la palabra Miguel Ángel del Arco Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada: “Han deformado mi trabajo”. Reputados investigadores sobre el franquismo, Rina y Del Arco, que esta semana ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de España, tienen otras dos cosas en común. La primera, que son citados como fuentes de autoridad en la resolución de la Junta de Extremadura, gobernada por el PP y Vox, que inicia el proceso para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) una afamada cruz franquista y evitar así su retirada. La segunda es el estupor y la indignación.

Así lo expresan en una videollamada con EL PAÍS en la que coinciden en denunciar un uso “sesgado”, “torticero” y “parcial” de su trabajo, que provoca su “tergiversación”, “deformación” e incluso “falseamiento”. “Es inaudito. Se han traspasado límites éticos y epistemológicos inadmisibles. Si lo aceptamos, se sentaría un precedente muy grave”, señala Rina. “Como historiador, me siento herido. Pero también como ciudadano comprometido con la memoria antifranquista como pilar democrático”, señala Del Arco sobre el uso de su trabajo por la Junta, que por su parte niega cualquier empleo indebido de los estudios de Rina y Del Arco.

Para entender la indignación de los dos historiadores hay que ir 88 años atrás. En mayo de 1938, en plena Guerra Civil, el Ayuntamiento de Cáceres, en manos franquistas, inaugura la Cruz de los Caídos en la Plaza de América. Las inscripciones no dejaban dudas sobre su propósito: “A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por España. Una, Grande y Libre. 18 de julio de 1936. ¡Arriba España! Saludo a Franco”. El acto lo presidió Pilar Primo de Rivera, jefa de la Sección Femenina de Falange.

Convertido durante la dictadura —y también durante la Transición — en espacio preferente para las celebraciones franquistas, y todavía hoy referencia de la ultraderecha y lugar de ofrendas florales en el aniversario de la muerte de Franco, la cruz lleva décadas en el punto de mira de las asociaciones que reclaman un espacio público sin símbolos ofensivos para sus víctimas. Pero jamás han conseguido retirarla.

El camino pareció abrirse cuando en abril de este año el Gobierno anunció la inclusión de la cruz en su catálogo de símbolos “contrarios a la memoria democrática” por ser una “humillación a las víctimas de las dictadura”, decisión acompañada de una resolución para su retirada, según lo previsto en la Ley de Memoria Democrática de 2022. Pero el PP y Vox tenían otros planes.

Si ya en octubre de 2025 derogaron la ley extremeña de “memoria democrática” para sustituirla por una de “concordia” sin alusiones a “dictadura” ni al “golpe”, en su acuerdo de Gobierno de abril de este año se comprometieron a proteger la Cruz de los Caídos de las “leyes ideológicas de la izquierda”.

La forma de hacerlo es lo que ha enojado a Rina y Del Arco.

“Justo lo contrario”

El 12 de agosto, el Gobierno que preside María Guardiola (PP) dio el primer paso para declarar BIC la cruz con una resolución según la cual el monumento, al que en 1984 el Ayuntamiento le retiró las inscripciones franquistas, ya no sirve a la exaltación de la dictadura. Según el texto firmado por el consejero de Cultura, Laureano León (PP), su actual significado es “acorde con los valores constitucionales” y su “valoración patrimonial”, que está “desvinculada” de su origen franquista, la hace merecedora de protección.

Y aquí es donde entran en juego —sin pretenderlo— Rina y Del Arco. La resolución cita a los dos historiadores, pese a que “en nuestras investigaciones demostramos justo lo contrario”, en palabras de ambos. Es decir, los dos sostienen que la cruz es todavía hoy un símbolo inequívocamente franquista, el principal de la ciudad, y que todo en la misma —incluido cualquier valor artístico o patrimonial— está desde su origen hasta hoy subordinado a su principal fin: la glorificación del franquismo. Pero nada de lo mucho escrito por ambos sobre la exaltación franquista del monumento se recoge en la resolución, que en cambio hace a sus trabajos un puñado de breves alusiones que van desde la inexactitud hasta su puesta al servicio de tesis que son justo la contrarias a las de los dos historiadores.

Un lamento por la documentación

La resolución cita a Rina (Cáceres, 40 años) nada más empezar su anexo de “caracterización y justificación” de la declaración como BIC. El historiador, recoge el texto oficial, “ya se ocupó” de la cruz “en su estudio de 2012”, en el que “lamentaba la pérdida de la documentación, sobre todo gráfica, relacionada con ella”. “Es radicalmente falso”, se revuelve Rina. “¿Cómo voy a decir eso si hay documentos que recorren su planificación, construcción, inauguración y usos, citados en mi libro? ¿Y cómo voy a decir que no hay material gráfico si la cruz fue la estrella de las fiestas franquistas, si hay centenares de fotos?”. El libro al que alude Rina es La construcción de la memoria franquista en Cáceres. Héroes, espacio y tiempo para un nuevo Estado (1936-1941) (UNEX, 2012), que cita abundante documentación sobre la cruz, sobre todo del archivo municipal y de prensa de la época. Y que en su portada lleva una fotografía del desfile inaugural.

Rina solo hace alusión en su libro a la pérdida de un documento, un álbum fotográfico del día de la inauguración encargado por el Ayuntamiento. “Es una pérdida irrelevante considerando el conjunto de la documentación, incluida la de ese día”, apunta el investigador. En ningún caso lamenta en su libro, como dice la resolución, “la pérdida de la documentación”, afirmación que traslada la idea de una pérdida generalizada. “Para restarle franquismo al monumento, se inventan un vacío archivístico, cuando hay una enorme cantidad de documentación que la vincula de raíz con la exaltación del franquismo”, expone Rina.

El salto al “racionalismo”

A Del Arco (Granada, 48 años), la resolución lo cita —en el mismo anexo— en estos términos: “Como Del Arco señala, [la cruz] parece responder al ideal de ‘arquitectura clásica, monumental e imperial’”. Esto es un breve extracto de su libro Cruces de memoria y olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021) (Crítica, 2022), referido a las cruces franquistas en general. Pero ahí no está el problema, según Del Arco. ¿Dónde, entonces? En que, justo antes del entrecomillado, la resolución sostiene que el “clasicismo, austeridad y monumentalidad” de la cruz —términos próximos a los escogidos del libro de Del Arco— aproximan el monumento al “racionalismo”. Releyéndolo, el historiador entrecierra los ojos con desaprobación.

¿Por qué? Porque esta afirmación, que eleva el valor patrimonial del monumento, en realidad choca de bruces con lo que sostiene Del Arco en su libro y la resolución omite: que las cruces franquistas están desvinculadas del “racionalismo”, considerado por el régimen “contrario a la esencia de la patria”, explica Del Arco. En su libro, llega a recoger una cita del arquitecto franquista Pedro Muguruza: “El racionalismo y el marxismo vienen a ser la misma cosa”. Con el expediente por delante, el historiador reflexiona: “Lo que mi libro demuestra es precisamente que los monumentos a los caídos no tuvieron conexión con el racionalismo. Sin embargo, usan torticeramente un extracto de mi trabajo para darle a la cruz un toque de modernidad diciendo que es próxima al racionalismo”.

En conjunto, Del Arco lamenta que se ponga su trabajo “al servicio” de una argumentación que, en contra de su criterio, justifica la conservación de la cruz por —esto es literal de la resolución— sus “valores formales, artísticos, arquitectónicos y urbanísticos”, “derivados de su lenguaje austero, geométrico y depurado”, así como “su papel como referencia visual en la memoria urbana de la ciudad”. “Si uno lee esto, piensa en la Plaza de San Marcos [de Venecia], cuando es una cruz de piedra en una rotonda”, aporta Rina.

Lo que se omite

Al margen de lo que los dos autores consideran un “falseamiento” de partes concretas de sus trabajos, ambos denuncian que este se incluya en una resolución que niega la naturaleza exaltadora del franquismo del monumento ignorando las partes de sus investigaciones que concluyen que esa exaltación existe y se prolonga hasta hoy. “Con el propósito de ocultar el auténtico sentido político de la cruz, se omiten todas las conclusiones de nuestro trabajo que estorban a la tesis de la Junta”, coinciden.

En Cruces de memoria y olvido, Del Arco señala que la cruz “evidencia la dificultad de desenredar el significado con el que el franquismo” dotó a un monumento y recalca que la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres, “creada para restaurar la memoria y la dignidad de las víctimas republicanas, ha tomado diversas iniciativas para propiciar el traslado de la cruz”. Es uno de los elementos que llevaron a Del Arco a concluir en su ensayo que se trata de un monumento que proyecta una “memoria ofensiva para los republicanos”, y no una “cívica e incluyente”. Pero nada de eso aparece en el boletín oficial extremeño. “Se silencia que, para las víctimas del franquismo, es una herida abierta”, afirma ahora Del Arco.

Hay otro elemento de su trabajo soslayado en la resolución. Sobre los actos franquistas para “honrar a los caídos” en la cruz, la Junta señala: “Parece que este tipo de conmemoraciones decae a finales del denominado periodo de autarquía”. En cambio, el ensayo de Del Arco afirma: “Entre 1978 y 1980 se celebraron actos en recuerdo de los caídos, siempre consistentes en una misa en la iglesia concatedral, un desfile hasta la cruz y una ofrenda floral entre los himnos falangista y carlista”.

En La construcción de la memoria franquista en Cáceres, Rina describe el monumento como una síntesis de “los valores del régimen” y la “cruzada victoriosa [...] contra la desviación comunista y liberal”. Es más, Rina fue integrante de una comisión de expertos que elaboró un listado de los vestigios franquistas de la ciudad que decía: “Con respecto a la simbología franquista [...], quizás el mayor exponente sea la Cruz de los Caídos”. Esto tampoco aparece en la resolución.

“Para darle una pátina científica al expediente, la Junta tenía que citarnos, porque hemos investigado este tema. Pero nos deforma de manera inaceptable”, afirma Rina, que ha presentado alegaciones contra la declaración como BIC. También lo ha hecho Del Arco, que afirma: “En realidad, podría haber adjuntado una copia de Cruces de memoria y olvido, que desmonta las premisas del expediente”.

La explicación de la Junta

La Consejería de Cultura, en respuesta por escrito a este periódico, defiende que Rina y Del Arco “aparecen” en la resolución “como meras fuentes historiográficas para contextualizar cronología, tipología, lenguaje formal y función inicial de estas cruces”. “En ningún caso” se atribuye a los autores “adhesión a la incoación o a la declaración BIC”, añade la Junta, que afirma que el texto publicado se apoya en dos informes realizados por otros dos historiadores que fundamentan la incoación del expediente en “valores históricos y documentales, artísticos y arquitectónicos, urbanísticos y sociales”.

La consejería no responde si se plantea rectificar el expediente o disculparse con ambos historiadores. En su respuesta, se remite a una comparecencia en la Asamblea de Extremadura de la directora general de Patrimonio, Adela Rueda, en la que defiende la “solvencia técnica y la transparencia” del expediente.

Las alegaciones del Gobierno: “Fue construida expresamente para exaltar a los vencedores”

Natalia Junquera

El expediente para declarar BIC la Cruz de los Caídos de Cáceres se ha convertido en un objeto de controversia política y debate social en Extremadura. A las alegaciones de los historiadores César Rina y Miguel Ángel del Arco se han sumado las de asociaciones memorialistas como Armhex y Amececa, a favor de la retirada del monumento, y las de organizaciones católicas como Hazte Oír y Abogados Cristianos, partidarias de su mantenimiento. En total, la Junta ha recibido alrededor de un centenar de alegaciones, a las que debe dar respuesta antes de que concluya el expediente, que tiene una duración máxima de 16 meses, explica la Consejería de Cultura. Entre quienes han presentado objeciones está el Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que se opone a la protección de la Cruz de los Caídos con razones técnicas y también de fondo.

El texto presentado por el Gobierno recuerda que la Junta, que hasta este agosto no había adoptado medidas para proteger el monumento, inició el expediente de declaración como BIC después de que el Ejecutivo lo incluyera en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenara su retirada, lo cual puede suponer “desviación de poder”, es decir, un uso de una potestad administrativa para fines distintos a los fijados por la ley.

Las alegaciones gubernamentales aluden a la “ausencia de valores patrimoniales excepcionales” que justifiquen la protección, señalan que las modificaciones a la cruz en 1984 no desactivan su “función conmemorativa” y rechazan que pueda considerarse “un símbolo de reconciliación”. No es lo mismo —señala la Secretaría de Estado de Memoria Democrática— conservar, con ciertas modificaciones, un lugar que es testimonio de la represión, por ejemplo un antiguo campo de concentración, que preservar un monumento “construido expresamente para conmemorar y exaltar a los vencedores de la sublevación”.

No es la primera vez que administraciones del PP remolonean a la hora de retirar ese tipo de símbolos. El pasado 30 de junio, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció la incorporación al catálogo de vestigios franquistas de dos monumentos y dos inscripciones que, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, deberán ser retirados. Se trata del monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, conocido coloquialmente como “monumento a Franco”; el de los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid); y dos inscripciones de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, en las catedrales de Almería y de Murcia. Para su retirada, el Gobierno central dio plazos de entre tres y seis meses a los gobiernos del PP y los obispados.