El Tribunal Constitucional ha dictaminado, con ocho votos a favor y tres en contra, que los mensajes del tuitero Fonsi Loaiza en los que atribuía al “Estado policial” y a los agentes “de Madrid” la muerte de un mantero senegalés en el barrio de Lavapiés están amparados por la libertad de expresión. Loaiza, que publicó sus mensajes en marzo de 2018 en la red social X, cuando aún se llamaba Twitter, vivía en Barcelona, desde donde siguió los disturbios desatados en ese barrio madrileño tras la muerte del ciudadano senegalés Mame Mbaye, y escribió: “Su único delito: carecer de unos papeles. No se ha muerto solo ni es una muerte natural, es un asesinato y es culpable el Estado policial español”, decía uno de sus mensajes. “Asesinado por la policía de Madrid”, afirmaba en otro. Condenado por “injurias graves a la Policía Municipal” a una multa de 2.100 euros —y cárcel, en caso de impago—, el órgano de garantías ha estimado este miércoles el amparo de Loaiza porque la condena vulneró su derecho a la libertad de expresión. Los mensajes no deben analizarse como “información” relativa a un delito y una autoría concretos, concluye una amplia mayoría del pleno del Constitucional. Tres de los doce magistrados emitirán un voto particular en contra.

En su día, la autopsia confirmó la muerte “por parada cardiorrespiratoria” del ciudadano senegalés Mame Mbaye, el 15 de marzo de 2018. Fonsi Loaiza, que por entonces tenía unos 60.000 seguidores en Twitter, publicó sus mensajes atribuyendo la causa de la muerte a una presunta “persecución” que habría desplegado la policía municipal madrileña, extremo desmentido en los hechos probados de la sentencia original. Los primeros teletipos de Europa Press señalaban que la muerte se había debido a un infarto, aunque la reacción popular apuntó la posibilidad de una persecución previa por parte de la policía municipal. Manuela Carmena era la alcaldesa de la capital. Los disturbios dejaron 20 heridos y seis detenidos. Loaiza fue condenado como “periodista” y porque “lo expresado no [era] una opinión, sino un hecho”. La sentencia de apelación corrigió el oficio de Loaiza, que “no era un periodista”, pero consideró que la atribución de un asesinato a la Policía seguía siendo “objetivamente injuriosa”, por lo que mantuvo la condena en defensa del “orden democrático”.

Fonsi Loaiza es autor de Oligarcas. Los dueños del poder en España (Akal), entre otros libros, y hoy tiene más de 260.000 seguidores en X, donde se presenta como “Picapedrero de la información”. En su recurso de apelación tras la condena original, alegó que cuando escribió aquellos mensajes “ni era periodista, ni tuvo acceso a información directa de los hechos”, y que había usado “asesinato” para señalar que la muerte no había sido “natural”, sino que “existen causas estructurales detrás”, como cuando “un inmigrante muere ahogado en el mar al no ser rescatado”. Argumentos que retomó en su demanda de amparo ante el Constitucional.

Ahora, la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez anula la condena porque, al tratarse de un tuitero y no de un periodista, sus palabras se encuadran en el derecho a la libertad de expresión, no de información, y no deben por tanto someterse al “test de veracidad”. La condena tampoco “se detuvo a examinar” la relación entre sus mensajes y los disturbios en Lavapiés, “lo que impide aceptar que pudiera representar un riesgo mínimo para el mencionado ‘orden democrático’”. La libertad de expresión prevalece así ante los límites a la crítica. Los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y Ricardo Enríquez emitirán un voto particular en contra de la decisión mayoritaria.

Un mismo hecho probado “no puede valorarse como ejercicio legítimo de un derecho y como delito”. Por tanto, el tribunal sentenciador, según el Constitucional, antes de aplicar la norma penal, debería haber verificado que “el derecho fundamental —la libertad de expresión, en el caso— se ha ejercido conforme a su contenido constitucional” y, de ser así, no aplicarla. “El mensaje no ofrecía noticia del hecho, sino opinión, juicio de valor, para contextualizar el suceso y otorgarle sentido a partir de la condición del fallecido como migrante pobre [...] y su dedicación a la venta ambulante”. La condena aisló “la expresión ‘asesinado por la policía’ y le aplicó el test de veracidad, prescindiendo en ambas decisiones del texto y del contexto”, añade la sentencia.

En un comunicado difundido esta semana, Loaiza ha insistido en que hubo “persecución policial”. Según su abogada, Sonia Olivella, los hechos no se esclarecieron y hay testigos que sí sostienen que hubo persecución. En todo caso, explica Olivella a este diario, el racismo institucional que lo persiguió durante años “no supone ninguna duda”.

Entre Estrasburgo y los años ochenta

Con la absolución de Fonsi Loaiza, el tribunal de garantías recupera las implicaciones de una doctrina que favorecía la libertad de expresión, incluso desabrida, frente a las institucionales del Estado, y que era la que prevalecía a finales de los años ochenta, pero que luego se fue abandonando en favor de otra que usaba la “injuria” como límite frente a quienes atacaban al Ejército, la Policía o incluso la Corona. Además de recordar aquella doctrina que amparaba la crítica severa —por ejemplo, con expresiones como “mula”, “caballo” o “borrico” dirigidas a los integrantes del arma de Caballería del ejército—, el Constitucional recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha corregido repetidamente la perspectiva contraria que el propio Constitucional había adoptado en casos más recientes, cuando rechazó amparar a condenados por “delitos de injurias a la Corona” o “ultrajes a la bandera”.

El margen para restringir la libertad de expresión sobre asuntos de interés general mediante una condena penal por “injurias contra instituciones, cuerpos y símbolos del Estado es muy escaso”, señala el Constitucional. Y subraya que, a diferencia del caso de un concejal de Salamanca condenado por injurias y a quien recientemente se le denegó el amparo, en ese otro caso se trató de “calumnias dirigidas a dos agentes policiales, y en la ponderación entraba, junto a la libertad de información, el derecho fundamental al honor personal”. A diferencia de las personas, las instituciones no tienen derechos fundamentales, según la Constitución, por mucho que la doctrina haya tendido a entender lo contrario.

Source: El País · Braulio García Jaén

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