Cuando Iratxe Correa y Alejandro Castillo pagaron los 400 euros de matrícula para cursar grados superiores de FP en la Comunidad de Madrid, no imaginaron que, por un cambio en el sistema de contratación, no tendrían docentes en asignaturas clave. No son casos aislados: los afectados se cuentan por cientos. Según UGT Madrid, ocurre en el 80% de los centros que necesitan especialistas en las ramas de informática, ingeniería y sanidad. La situación hace que el futuro próximo de estos estudiantes se tambalee: sin la evaluación pertinente, muchos no podrán acceder a la universidad el año que viene, perderán sus notas en la parte específica de la PAU y se quedarán sin becas o las verán reducidas. Educación asegura que está “adoptando todas las medidas necesarias para atender a las necesidades docentes existentes”, que ni detalla ni cuantifica.

Correa, de 23 años, todos los días se desplaza de Getafe al instituto Antonio Machado de Alcalá de Henares. Desde que empezó el segundo del grado superior de Ortoprótesis, hay más de 10 horas a la semana en las que no tiene profesor. “La clase que nos falta es central, en la que se enseña a realizar las prótesis, tomar medidas... En marzo tendremos tres meses de prácticas en una empresa sin saber hacer nada”, denuncia. En su caso, quiere estudiar Enfermería. “Si seguimos sin profesor, nos caducarán los resultados de la parte específica de la PAU que hicimos hace dos años, así que tendríamos que venir el año que viene para aprobar la asignatura pendiente y volvernos a presentar a la PAU”, explica. En su instituto, hay 142 afectados en dos cursos, que en total están perdiendo 19 horas a la semana.

Chema Pinto, responsable de Enseñanza Pública de UGT Madrid, denuncia opacidad por parte del Gobierno regional: “No publican datos, pero al 80% de los centros que necesitan estos perfiles en las ramas de informática, ingeniería y sanidad les falta algún docente”. Ciclos como los de electrónica y electricidad también se ven golpeados. Para el sindicalista, la causa son los salarios. “Están muy mal pagados en comparación con la empresa privada y tampoco aseguran ningún tipo de fijeza. Si no consiguen todos los docentes, lo que hacen al año siguiente es reducir la oferta de esa FP”, denuncia.

Esteban Álvarez, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid y expresidente de la asociación que aglutina a los directores de institutos públicos de la región, exige dignificar las condiciones laborales. Álvarez detalla que en 2025 quedaron sin cubrir el 90% de las plazas ofertadas para la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y cita al instituto Barajas como uno de los más afectados. “Es un problema estructural que ocurre todos los años”, sentencia.

El conflicto surge tras un cambio a última hora en la forma de contratación. “El instituto siempre se había encargado de contratar a los especialistas, que no era fácil. Como máximo, podíamos tenerlos tres años”, comenta Rebeca Peñuela, jefa de Sanidad de este instituto. Antes del verano, empezó a buscar a dos especialistas para este curso. Menos de una semana después de haber cerrado sus horarios, la dirección del centro les dijo “que se paraba todo y que, a partir de ahora, se haría de otra manera”.

Desde aquel momento, la contratación se llevaría a cabo como la de los interinos, con una bolsa de trabajo. “Es maravilloso, pero para ello hay que aprobar un decreto que todavía no han firmado”, detalla. La ausencia de docentes ha hecho que las aulas equipadas para desarrollar las prácticas estén inutilizadas, pese a la inversión en maquinaria. “La solución es fácil: que la contratación vuelva a ser como antes, al menos este año”, resuelve Peñuela. Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Educación de CC OO Madrid, añade un factor que agrava la carestía: “El Gobierno regional ha despedido a profesores que no podían acreditar una titulación, pero que tenían 30 años de experiencia”. No han podido cubrir esas plazas. “Es un suicidio colectivo y nos hace pensar que lo que buscan es que las titulaciones las impartan academias privadas”, sostiene.

A pesar de que es difícil saber con exactitud cuántos alumnos están afectados por la negativa de la Comunidad a dar los datos, Óscar Gómez, del Sindicato de Estudiantes en Móstoles, destaca que son centenares. “Hay muchas quejas que no llegan porque se ha normalizado la situación, a pesar de que hay alumnos que no reciben formación durante la mitad de sus horas lectivas”, asegura.

Asignaturas prácticas sin evaluar

Castillo, de 26 años y de Carabanchel, es el delegado del segundo curso del grado superior de Movilidad Segura y Sostenible en el instituto Felipe Trigo de Móstoles, donde desde el inicio de curso falta el profesor de la asignatura central: didáctica práctica de la enseñanza. “Nos falta la clase en la que nos montamos en un vehículo y aprendemos a utilizar el doble mando y a conducir mientras enseñamos al alumno”, explica “muy cabreado”. “Pagamos 400 euros y nos dejan sin la asignatura más importante”, critica. En teoría, se debería impartir durante seis horas en un solo día a la semana.

La respuesta que le ha dado a su clase la dirección de área territorial es que “va para largo”. La Consejería de Educación, con Mercedes Zarzalejo al frente, no ha respondido a las preguntas formuladas por EL PAÍS. Por toda respuesta, ha señalado que están “adoptando las medidas necesarias para atender las necesidades docentes existentes y garantizar el normal desarrollo de las enseñanzas”.

El Felipe Trigo también acoge el grado de Mediación Comunicativa y Lenguaje de Signos. “La profesora de las dos asignaturas más importantes ha llegado a mediados de octubre. Lo hemos hablado con ella y este trimestre no será evaluable, porque hemos perdido mucho tiempo”, señala Silvia Priego, vecina de Bohadilla del Monte de 19 años que todos los días va a estudiar a Móstoles y que, durante este tiempo, no ha tenido clase 10 horas a la semana. Lo mismo le sucedió a Lorena Mosqueda, en segundo curso de este grado superior. Mosqueda, que tiene 21 años y vive en Griñón, ha perdido cinco horas de clase cada semana: “Vi peligrar mi promoción y ahora mismo tenemos un retraso bastante grande sobre los conocimientos que deberíamos tener a esta altura del curso”.

Irene León lleva sin ir a clase los lunes y martes desde que empezó el curso por la falta de docentes en cuatro asignaturas, al igual que sus 15 compañeros. Matriculada en el segundo curso del grado de Movilidad en el instituto Ciudad Escolar, esta joven de 22 años que vive en Rivas subraya que si no los evalúan, habrán perdido un año en el que podrían haber trabajado. Su exigencia es clara: que la Comunidad les garantice titular este año. “Ya vamos para dos meses sin profesores. Hemos pagado por una educación que no nos dan”, recalca.

Laura Boyano, de 18 años y que vive en Alcalá, estudia Ortoprótesis: “Estamos en el único centro público de la comunidad que oferta este grado y nos faltan los profesores más importantes. ¿Qué pasa si se quedan sin evaluar estas asignaturas?”, se cuestiona. Esa misma pregunta se la hace Thibault de Rivas, de 40 años, que se desplaza a Alcalá todos los días para estudiar Movilidad en el Antonio Machado, grado con 35 afectados. Su objetivo es montar su propia autoescuela. “Nos están negando el derecho a la educación. Yo soy fiel defensor de la pública y esto me parece una falta de gestión. Supongo que se solucionará, pero, como siempre, tarde y mal”, añade. A Correa no le sorprende: “Hace dos años estudiaba otro grado de la rama de sanidad y tuvimos que manifestarnos porque no teníamos dónde hacer las prácticas”. Desde su punto de vista, el Gobierno regional “no se preocupa por el estudiante de la pública”.

Source: El País · Guillermo Martínez

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