Presupuesto 2027: las políticas contra la violencia de género tendrán un 89% menos de fondos que en 2023

Las políticas de asistencia para víctimas de violencia de género tendrán solo el 10% de los fondos disponibles comparado con los que se destinaron en 2023, si se aprueba el proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso.

Registrarán así un ajuste del 89% en términos reales, en comparación con 2023, con un recorte que supera ampliamente la reducción del 26% prevista para el gasto total de la Administración Pública Nacional en el mismo período. Los datos surgen de un análisis del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización no gubernamental que busca alcanzar la equidad de género promoviendo los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.

El recorte alcanza al conjunto de las acciones vinculadas con el programa Acompañar, la Línea 144, la protección de víctimas y el acceso a la Justicia. Aunque se observan leves incrementos en algunas líneas presupuestarias, no compensan la caída de los últimos años. También se reducirían los fondos para espacios de primera infancia y se mantendrían los de algunas partidas de salud sexual, aunque proyectan llegar a menos personas.

“Ajuste, opacidad y desigualdad” fueron las tres tendencias que identificaron desde la organización en su último informe. “Cada vez es más difícil entender cuánta plata se destina y en qué se gasta”, señaló ayer Agustina Rossi, socióloga especializada en Estudios de Género de ELA, durante una exposición sobre el presupuesto en clave de derechos sociales, organizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en la Facultad de Derecho de la UBA.

La dificultad para identificar las prestaciones queda expuesta en Afianzamiento de la Justicia, un programa del Ministerio de Justicia que reúne la atención a víctimas de violencia de género, entre otras actividades. Al 15 de septiembre pasado, había utilizado el 55% de sus recursos para 2026, según Presupuesto Abierto.

“No podemos saber exactamente qué incluye cada una de estas actividades. Sí, sabemos que no todas trabajan en el abordaje de las violencias, pero no sabemos bien, por ejemplo, en cuál de estas actividades se incluye el programa Acompañar, que contaba con una línea presupuestaria que fue eliminada. Tampoco sabemos exactamente dónde está la línea 144. Lo podemos inferir, pero ya no hay tanta claridad como antes”, señaló Rossi, quien también coordina las capacitaciones de la Ley Micaela en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.

En Protección de Víctimas de Violencias, la actividad que concentra la mayor cantidad de fondos del programa, todos los recursos aparecen dentro de una categoría de gastos no especificados. Antes, señala el informe de ELA, se podían distinguir contratos, alimentos, contribuciones patronales, capacitaciones, viáticos y pasajes.

El Programa Acompañar, un plan de asistencia estatal destinada a mujeres que se encuentran en situación de violencia de género, fue trasladado a la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero dejó de tener una partida y metas identificables que permitan seguir su implementación.

Para reconstruir sus recursos, ELA relevó las categorías de ayudas sociales de las áreas que estuvieron a cargo del programa: los fondos disponibles en 2026 no llegan al 2% de lo gastado en 2023, aunque la información no permite precisar el destino de la ejecución. Antes, sostienen, se publicaba de forma mensual la cantidad de beneficiarias, desagregadas por provincias y fecha.

“En términos concretos, entre 2025 y 2026, en el Acompañar se dieron de alta 35 personas. Es un programa que en 2023 alcanzó a más de 100.000 personas. Es el desmantelamiento de una política que supuestamente ante todos los organismos internacionales siguen defendiendo y siguen diciendo que está en funcionamiento”, cuestionó Rossi.

Para la Línea 144, el presupuesto 2027 proyecta asistir a 70.000 personas, apenas una cuarta parte de las alcanzadas en 2023. La actividad Atención Inmediata a las Víctimas en la que ELA identifica servicios vinculados con esa línea prevé un aumento para 2027, pero, en línea con la mirada sobre la violencia del Gobierno, incluye otras prestaciones y no permite separar cuánto corresponde a cada una ni qué monto se destina a la atención de la violencia de género.

“Vemos una caída en todos los indicadores que miden el servicio que da la línea: cuántas llamadas logran atender, a cuántas mujeres logran hacerles seguimiento y cuántas intervenciones logran concretar”, describió Rossi.

La AUH y el costo de criar

También advirtieron que el proyecto oficialista propone derogar la actualización automática mensual por inflación de la Asignación Universal por Hijo.

El programa Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia tiene para 2027 una previsión de $14.035 millones, un 35% menos en términos reales que en 2026.

“Hoy, las transferencias destinadas a las familias de menores ingresos con niñas y niños menores de tres años cubren como máximo el 39% de la Canasta de Crianza; todavía está muy por debajo de las necesidades de niñas, niños y adolescentes”, precisó Rossi.

Fondos sin ejecutar en salud sexual

En lo que va del año, la ejecución del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) –que logró que, entre 2018 y 2021, la tasa de embarazo en niñas y adolescentes bajara entre el 43% y el 49%, según los segmentos de edades– es de $0.

Para 2027, contará con $2769 millones, menos del 20% de lo invertido en 2023. Para ponerlo en perspectiva, ELA señala que recuperarlo a niveles de 2019 implicaría una inversión de $20.195 millones.

En Educación Sexual Integral (ESI), el proyecto contempla $30 millones para todo el país, equivalentes a unos cuatro pesos por adolescente. La partida de 2026 tenía el mismo importe y al día de hoy no se ejecutó.