La mayoría en la Cámara de Diputados aplazó hasta 2031 la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que debía operar a más tardar en 2027, y con ello difirió la unificación de las normas para resolución de conflictos entre particulares, como divorcios, herencias, pensiones y juicios testamentarios.

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Source: La Jornada

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