Vox propone cuotas para alumnos “de otras culturas” en las aulas y excluir a los indocumentados del sistema sanitario

En el programa para las elecciones del 29-N de Vox, publicado este jueves, el partido de Santiago Abascal aboga por distintas medidas para revertir derechos sociales para extranjeros indocumentados, cuotas máximas de alumnos “de otras culturas” en las aulas y desmontar las leyes de género.

Educación: aulas de nivelación para extranjeros

El partido aboga por que se establezca un número máximo de alumnos por aula de “alumnos procedentes de otras culturas o con dominio insuficiente del español” y crear “aulas específicas de nivelación, donde los alumnos que se incorporen tarde al sistema español alcancen el nivel requerido antes de integrarse en su clase, sin ralentizar a sus compañeros y con más posibilidades de éxito para ellos mismos”. El programa no especifica si esta exigencia será solo para la educación pública. En esta propuesta resuenan los planteamientos que ya se han visto en dos países europeos: la Italia de Giorgia Meloni y el proyecto de Alternativa para Alemania (AfD). El Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó a finales de septiembre dos medidas escolares que adelantó el domingo en un mitin: poner un límite del 30% a los alumnos extranjeros en las aulas y prohibir el burka y el niqab en los colegios. AfD propone que los hijos de familias refugiadas estudien en clases separadas del resto: “Los colegios se supone que deben integrar a los inmigrantes, solucionar todo tipo de desequilibrios sociales y compensar el daño causado por familias disfuncionales. AfD se opone a ello”.

Respecto a las aulas específicas para alumnado recién llegado, en realidad ya existen en el sistema educativo español desde principios de siglo, pero están orientadas a que los chavales alcancen un nivel básico de la lengua vehicular que les permita seguir las clases. Vox va bastante más lejos al señalar que permanecerán en ellas hasta que alcancen “el nivel requerido”, sin precisar si se refieren al idioma o más en general a las competencias. En el segundo caso, abre la puerta a la creación de aulas-gueto estables. El estilo y el lenguaje de Vox también se revelan al señalar la “prioridad nacional” para escoger centro para los hijos y la prohibición del burka y el niqab en los centros educativos, junto con el “fin de los menús halal en los comedores escolares”, algo que viene promoviendo incluso en regiones en las que no existen. Además, Vox propone la recuperación de las reválidas —que desaparecieron a finales de los 70, todavía con el franquismo— y la implantación de una PAU única. Además, prometen la “garantía de la enseñanza en castellano en toda España y recentralización educativa con la unificación de los currículos”, junto con el “refuerzo de la autoridad del profesor” y un plan nacional contra el acoso escolar.

Vox solo dedica a la Universidad un compromiso: “Recuperación de la vocación de la Universidad como espacio de libertad y búsqueda de la verdad y la belleza. Garantizar la libertad de cátedra de los profesores en las aulas frente a las imposiciones de la corrección política”. La libertad de cátedra ya existe, pero siempre dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y constitucionales. En el programa no hay ni una alusión a una estrategia para mejorar la financiación de los campus públicos, aunque las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas; o a medidas para frenar el avance desenfrenado de los campus privados (49), que están a punto de superar a los de titularidad pública (50), dinamitando el mayor ascensor social que ha regido en España desde el fin de la dictadura.

Sanidad: fin de la universalidad

Vox es claro cuando habla de revertir el derecho a la sanidad universal: su programa afirma que los inmigrantes en situación irregular serán excluidos del sistema sanitario, al que solo podrán acceder en “casos de urgencia grave”, sin identificar a qué se refiere. Pero es más tibio en temas como el aborto o la eutanasia. Mientras que en los programas de las elecciones generales de 2023 aseguraba que terminaría con el “falso derecho al aborto” y lo vetaría de la sanidad pública, así como que derogaría la ley de la ayuda a morir dignamente, en este evita la concreción. Enuncia la “defensa del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y fin de la cultura de la muerte”, sin especificar qué haría con los derechos y leyes en vigor. También aboga por “garantizar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y farmacéuticos”, algo que ya está blindado, y “potenciar los cuidados paliativos”.

Género: desmontar todo lo hecho

El programa del partido de ultraderecha en feminismo y violencia machista propone desmontar gran parte de la estructura que el Estado lleva construyendo los últimos 25 años, derogar leyes como la integral contra la violencia de género o la de Libertad Sexual, o sistemas como el de las pulseras antimaltratadores.

En el foco, sobre todo, la norma contra la violencia machista, una de las mejores legislaciones del mundo en este ámbito y que sentó las bases y comenzó a desplegar, en 2004, gran parte de las herramientas con las que las administraciones cuentan hoy para trabajar contra la violencia y paliar sus consecuencias, entre otras, los servicios especializados, los equipos que valoran el riesgo en el que se encuentra una mujer y sus hijos e hijas o los juzgados de violencia. Cuestiones que Vox repite que “han criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres” y “no han contribuido a reducir el número de víctimas, sino a disparar el despilfarro”.

Desde 2004, el número de víctimas mortales se ha reducido de una media de 70 anuales a 50. Por otro lado, han ido creciendo las denuncias, tanto de violencia en la pareja o expareja como en el ámbito de los delitos sexuales, de forma exponencial a los avances sociales, administrativos, políticos y legislativos en este ámbito; un aumento que instituciones y fuerzas y cuerpos de seguridad relacionan con el reconocimiento de esta violencia por parte de las instituciones, lo que hace que las mujeres se hayan sentido cada vez más seguras para denunciar, incluso siendo todavía un sistema que necesita ser reforzado.

Medio ambiente: contra las renovables

Vox esboza a lo largo de su programa algunas de sus propuestas en medio ambiente, que básicamente se centran en anunciar derogaciones de normas y acuerdos, aunque en varias ocasiones sea imposible acometer. En su apartado de “reindustrialización radical” sostiene que suspenderán “la aplicación en España de acuerdos internacionales que impiden” el “desarrollo productivo y la prosperidad de trabajadores, familias, empresas e industrias españolas”. No citan nada en concreto. También dicen que suspenderán la “prohibición de motores de combustión” o los “impuestos a las emisiones de CO₂”, algo que se establece desde las instituciones europeas y que los Veintisiete deben cumplir. En cualquier caso, insisten en su rechazo al “Pacto Verde Europeo” y “la Agenda 2030”, dos de las bestias habituales de esta formación. Afirman que acabarán “con todas las imposiciones climáticas” que “coartan la libertad de circulación de los españoles, como la imposición” de las zonas de bajas emisiones.

Establecer esas zonas es una obligación recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021. En esa norma también se veta la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos y uranio en España. Vox propone eliminar esa prohibición. Y aboga por poner en marcha un “plan nuclear nacional”, que además de blindar la operación de las plantas existentes, promoverá “estudios urgentes para instalar centrales nucleares en los emplazamientos disponibles adyacentes a las actuales”. Y ponen en el punto de mira a las grandes plantas de energías renovables, aunque sin concretar nada: “Impedir la destrucción de la riqueza agrícola y el patrimonio natural para la instalación descontrolada de macro plantas de energías renovables, solar y eólica”.

Asuntos sociales: prioridad para los españoles

Vox considera que solo los españoles con menos recursos deben tener derecho a percibir el ingreso mínimo vital, una ayuda a nivel estatal que se creó durante la primera legislatura de Pedro Sánchez. Hasta ahí lleva su prioridad nacional. Se compromete, de hecho, a promover “el retorno de aquellos inmigrantes” que estén percibiendo esta ayuda, o sus complementos autonómicos, y a “suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales”. Los españoles tendrán “acceso preferente” a los servicios como la vivienda pública, las plazas de guarderías, los bonos de comedor o transporte, ayudas, prestaciones y servicios sociales. Y el partido de Abascal asegura que modificará o derogará “cuantas normativas pudieran dificultar la consecución plena y efectiva del principio de prioridad nacional”.

Respecto a sus propuestas sobre familias, el partido de ultraderecha se compromete a bonificar “al 100%” la “ayuda en el hogar” y promete también bonificaciones fiscales a “empresas que fomenten la conciliación y hagan descuentos a las familias”. También lleva su prioridad hasta este terreno, al asegurar que el Estado financiará la Seguridad Social de “los españoles dedicados al cuidado de sus hijos”. Por tanto, se excluirá a quienes tengan nacionalidad extranjera. Y se compromete a extender los beneficios que ahora existen para las familias numerosas a “todas las familias de manera progresiva desde el primer hijo, intensificando las ayudas y bonificaciones” en función del número de descendientes, así como a reforzar el “presupuesto en conciliación familiar”. La mayoría de las propuestas las plantea de manera genérica, por ejemplo, al comprometerse, sin especificar cómo, a “preservar la inocencia de los menores y protegerlos frente a los riesgos presentes en los entornos digitales, tales como la adicción al juego o la pornografía o la mayor vulnerabilidad ante ciertos delitos”.

Ciencia y tecnología: sin propuestas concretas

Vox asegura que dará un “impulso nacional de la investigación, el desarrollo y la innovación”, pero sin explicar concretamente cómo lo va a hacer. Su programa incluye: “Reforzar la inversión en I+D+i, los incentivos fiscales a la innovación empresarial, la colaboración entre centros de investigación y empresas e industrias y la transferencia de conocimiento a nuestro tejido productivo, especialmente a las pymes”. También anuncia un plan para recuperar el talento que se ha tenido que marchar ante la falta de oportunidades.

Además, el partido dice estar dispuesto a “sumar a España a la carrera de la Inteligencia Artificial (IA)”, e “impulsar la investigación, el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial como motor de desarrollo de la economía nacional”, aunque no explica, de nuevo, cómo va a lograrlo. Vox cree que la IA aumentará la productividad, contribuirá a crear empleos de calidad y a mejorar la vida de los españoles. El partido de Santiago Abascal quiere facilitar su implantación en las empresas, “especialmente pymes y autónomos, y mejorar los servicios públicos, garantizando siempre “la atención presencial”.