Vox presenta como candidata en Murcia a una imputada por presunta falsedad documental

Vox ha incluido en su candidatura al Congreso por Murcia a una imputada por presunta falsedad documental y suplantación de identidad. Se trata de Aida Peñalver, coordinadora de su grupo parlamentario en la Asamblea regional y ex secretaria general de la Consejería de Interior del Gobierno murciano de coalición entre populares y ultras. Peñalver está citada por el juez de instrucción número 4 de Cartagena (Murcia) el próximo 12 de enero en calidad de investigada. Un día antes debe prestar declaración el asesor de Vox en el Parlamento murciano Álvaro Hernández, también imputado.

La dirigente de Vox, abogada especialista en causas de nulidad matrimonial ante los tribunales eclesiásticos, figura en el número seis de la lista al Congreso para las elecciones del próximo 29 de noviembre, por lo que tiene muy escasas posibilidades de salir elegida, ya que Murcia elige 10 diputados, pero su inclusión en la candidatura supone un respaldo explícito por parte de la dirección nacional. También lo es el hecho de que su defensa y la del otro imputado haya sido asumida por la vicesecretaria general jurídica del partido, Marta Castro.

La causa en la que está imputada Peñalver se abrió a raíz de que el expresidente regional de Vox José Ángel Antelo denunciase en marzo pasado que se había presentado ante la Asamblea de Murcia un escrito solicitando su cese como portavoz del grupo parlamentario que aparecía firmado con su certificado digital, sin que él tuviera conocimiento de dicho documento ni lo hubiera autorizado. El objetivo del escrito, según la denuncia, era provocar la destitución de Antelo como portavoz de Vox en la asamblea regional dando la apariencia de que se trataba de un cese voluntario, lo que no se correspondía con la realidad. La denuncia subrayaba que la firma o certificado electrónico es un mecanismo de identificación que vincula legalmente al propietario de la misma, por lo que su uso sin autorización por parte de un tercero constituye un presunto delito de falsedad documental y suplantación de identidad.

El escrito de Vox fue rechazado por unanimidad de la Mesa de la Asamblea de Murcia, después de que la letrada secretaria general de la Cámara emitiese un informe en el que aseguraba que carecía de validez, ya que Antelo había informado de que él no había presentado ningún documento solicitando su cese como portavoz ni había autorizado a nadie a hacerlo en su nombre. La letrada subrayaba que Vox tampoco había presentado la documentación imprescindible para acreditar el cumplimiento de las formalidades mínimas exigibles para relevar a su portavoz, como el acta de la reunión en la que se había adoptado dicho acuerdo, con la firma de todos los asistentes. Por todo ello, advertía, “se ha podido producir una utilización indebida del certificado electrónico” de Antelo para comunicar unos acuerdos “que no se han adoptado válidamente por el grupo parlamentario”, lo que los hacía inválidos, “sin perjuicio a las responsabilidades a que hubiera lugar o que de este hecho pudieran derivarse”, en alusión a posibles responsabilidades penales.

La presunta suplantación de identidad se produjo en el contexto del enfrentamiento de Antelo con la dirección nacional del partido, después de que este se negase a dimitir como presidente del comité provincial de Murcia, tal como se le había exigido desde Madrid. Finalmente, la dimisión en bloque del resto de miembros de la dirección provincial forzó el relevo de Antelo, a quien se le abrió un expediente disciplinario que concluyó con su expulsión del partido, en paralelo a la del antiguo secretario general, Javier Ortaga Smith. El exlíder de Vox en Murcia pasó al Grupo Mixto junto a su compañera Virginia Martínez, dejando a Vox con solo siete escaños en la Asamblea regional y abriendo la puerta a que el presidente regional, Fernando López Miras, al que solo faltan dos votos para la mayoría absoluta, pudiera prescindir del partido ultra y apoyarse en sus disidentes para gobernar.