Vecinos anclados en una calefacción contaminante que este invierno saldrá muy cara: qué alternativas hay en el mercado

Calderas obsoletas de gasóleo y gas siguen funcionando en miles de comunidades de propietarios pese a los altos costes energéticos, las ayudas para sustituirlas y la presión regulatoria europea. Cerca de 1,5 millones de viviendas continúan calentándose con combustibles fósiles, cuyos precios se ven alterados por conflictos —el último en el estrecho de Ormuz— que tienen lugar a miles de kilómetros de sus salas de calderas.

Según un informe del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y Tecnalia, unas 762.000 viviendas dependen del gas natural en España y cerca de 674.000 utilizan gasóleo, mucho más contaminante. Sobre el total del parque residencial supone aproximadamente el 5,8%. “El 53% de las viviendas con caldera colectiva son anteriores a 1981 y el 42% se construyó entre 1981 y 2010. Son muy contaminantes, energéticamente ineficientes y caras de mantener, frente a sistemas más avanzados como la aerotermia, las calderas de condensación de gas o la biomasa. Además, muchas de estas instalaciones fallan con demasiada frecuencia, algo que puede pasar en mitad de la campaña de calefacción. “Algunas calderas y componentes llevan décadas instalados y determinadas piezas ya no se fabrican”, recuerda Isabel Ocaña, vicepresidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.

Aun así, los vecinos suelen comparar sus calderas con los coches: “Tienden a no cambiarla si no se estropea”, dice Peio Mendia, tesorero en funciones del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. En su opinión, el problema es que las comunidades se fijan solo en la inversión inicial y no en el gasto anual, pero desconocen que el combustible consumido por una instalación en un solo año puede equivaler al coste de adquisición del propio equipo. De hecho, “la calefacción puede representar entre el 40% y el 60% de la factura energética de una comunidad”, resume Ocaña. Por ello, cualquier mejora que reduzca de forma significativa el consumo suele amortizarse en pocos años.

Pero no es fácil convencer a una comunidad, sobre todo si hay vecinos de edad avanzada o con rentas bajas, de que cambie su antigua caldera y mucho menos por energías renovables que, en ocasiones, ni siquiera comprenden. Por esto, son muchos los proyectos que terminan encallando en las juntas. “Un proyecto con una amortización razonable puede quedar años en el orden del día porque nadie lidera el proceso, porque una minoría lo bloquea o porque la comunidad no tiene criterio para decidir”, resume Leandro Real, director de Negocios de Quantica, empresa especialista en autoconsumo.

La resistencia choca contra unos números que les son favorables. “Sustituir una antigua caldera central de gasóleo por tecnologías más eficientes, como una caldera de condensación a gas de alta eficiencia, la conexión a la red de calor por biomasa o sistemas de aerotermia centralizada, puede reducir la factura energética entre un 30% y un 50%, lo que equivale a un ahorro de entre 400 y 800 euros anuales por vivienda, dependiendo de los metros cuadrados y del aislamiento del edificio”, indica Juan Carlos Barranco, administrador de fincas colegiado de Soria, una de las capitales más frías de España, donde las calderas de gasóleo “todavía representan en torno al 50% o 60% de los sistemas centrales que no se han renovado o adherido a la Red de Calor de Soria”, el sistema de calefacción urbana (district heating) con biomasa más extenso de España.

A la lista de motivos se añade el hecho de que Europa va cerrando el camino a los combustibles fósiles y reduciendo progresivamente los incentivos para las nuevas instalaciones. “Probablemente en 2040 se dejen de fabricar estos equipos y eso acabará obligando a la transición de una manera o de otra”, afirma Antonio Ocaña, director comercial de Remica.

Las comunidades que han empezado a moverse lo han hecho impulsadas por la luvia de millones de los fondos europeos Next Generation. “Han empujado a muchas comunidades a dar el paso para retirar las viejas calderas de gasóleo”, afirma Carmela Lavandeira, administradora en Fincas Lavandeira, en A Coruña.

Mientras la transición energética para reemplazar las calderas obsoletas avanza lentamente, en las comunidades lo que preocupa es algo mucho más inmediato: cuánto costará encender la calefacción este invierno. En esta temporada no se espera una crisis de precios como la de 2022, entre otras cosas porque el Gobierno ha suavizado el impacto para los usuarios acogidos a la tarifa regulada TUR. A pesar de ello, los administradores de fincas critican que no es una subvención ni una rebaja real de la tarifa del gas, sino un aplazamiento de pago. “Solicitamos que la comunidad pueda pagar el precio rebajado en la TUR al igual que hasta ahora, sin aplazar pagos ni asumir préstamos, aunque sea un esfuerzo mayor los meses de invierno”, reclama Peio Mendia. Las peor paradas van a ser las fincas que están fuera de la TUR. Para ellas, “es un escenario muy complicado; el precio del gas está a 10 céntimos kilovatio por hora y subiendo”, recalca Mendia. Los administradores de fincas de España consideran necesario ofrecer alternativas que permitan contener el impacto de las subidas energéticas sin trasladar a las comunidades una deuda que pueda prolongarse durante varios años y acumular intereses.

Las comunidades disponen de varias opciones para sustituir sus antiguos sistemas de calefacción. La mayoría de las que abandonan el gasóleo apuestan por calderas de condensación de gas natural mucho más eficientes. “La inercia sigue ahí: el gas conserva mucha tracción, es lo más sencillo de aprobar en junta y es lo que han hecho las demás”, comenta Real.

Las alternativas

No obstante, empiezan a ganar protagonismo soluciones híbridas que combinan aerotermia, energía fotovoltaica y una pequeña caldera de gas de respaldo para los días más fríos del año. Esta solución, la más fácil de implantar en edificios existentes, permite aprovechar buena parte de la instalación actual y reducir de forma drástica el consumo. Según Antonio Ocaña, director comercial de Remica, el objetivo es que alrededor del 90% de la energía proceda de la aerotermia y solo el 10% restante de gas natural utilizado como apoyo en los días de mayor demanda. “Y añade: “Es como un coche híbrido enchufable frente a uno cien por cien eléctrico”, ejemplifica Ocaña.

Según sus cálculos, producir calor mediante una antigua instalación de gasóleo cuesta actualmente unos 216 euros por megavatio hora útil, frente a 67,8 euros cuando se emplea una combinación de aerotermia y fotovoltaica. “Es más del triple producir la energía con gasóleo que con aerotermia”, asegura Ocaña. Remica empezó a implantar este modelo tras la pandemia y asegura haber ejecutado unas 170 instalaciones. Para una comunidad tipo de unas 50 viviendas, la inversión ronda los 5.000 euros por propietario. Sin embargo, la compañía sostiene que la combinación de Certificados de Ahorro Energético (CAE), deducciones fiscales y bonificaciones municipales puede reducir el desembolso hasta unos 1.200 euros. Pese a ello, la resistencia sigue siendo elevada. “El principal freno no es tecnológico; uno de los principales escollos a vencer es la mentalidad y la falta de información”, señala Ocaña. “Hasta ahora era casi chocarse contra un muro”.

Aunque las placas solares no sustituyen por sí mismas una caldera, sí mejoran la rentabilidad de soluciones como la aerotermia, al aportar parte de la electricidad necesaria para su funcionamiento. Algunas comunidades, además, están incorporando paneles fotovoltaicos para reducir el consumo eléctrico de sus zonas comunes. Respecto al autoconsumo colectivo total, avanza mucho más lentamente por las dificultades para repartir la energía entre todos los vecinos.