El magistrado Juan José Cortés, que ha dirigido el caso Forestalia desde un juzgado de Teruel, ha decidido enviar su investigación a la Audiencia Nacional. El instructor ha dado este paso tras concluir que existe una conexión de sus pesquisas con una parte del llamado caso Leire Díez, donde se indagan, entre otros extremos, el supuesto intento de influir en operaciones para conceder contratos y ayudas públicas a varias empresas (entre ellas, Forestalia, una mercantil de energías renovables).
En una resolución dictada este martes para enviar su sumario al magistrado Santiago Pedraz, que deberá decidir ahora si se lo queda en la Audiencia Nacional, el juez Cortés explica que la compañía bajo sospecha se erige como uno de los “tentáculos, clientes o ramas” del bautizado como grupo Hirurok (que significaría “nosotros tres”, en euskera), un grupo de WhatsApp usado para sus presuntas corruptelas por la exmilitante socialista Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.
Además, según incide el instructor, “tanto Forestalia” como Fernando Samper, presidente de la compañía de renovables hasta el estallido del escándalo (dejó los mandos de la empresa a su hijo el pasado abril), “constituyen el núcleo de la investigación de Teruel y aparecen en la investigación” del caso Leire Díez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los describe como “clientes de Hirurok”; y los vincula así con Alonso y Cerdán. En esta línea, el magistrado Cortés se refiere a supuestas reuniones de los tres en el domicilio de Fernando Samper de Zaragoza, “relacionadas con los proyectos renovables de Forestalia”; y a un “presunto acuerdo para obtener permisos” del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico “mediante gestiones de Hirurok”.
“Como parte de la operación, Antxon Alonso adquiriría, mediante sociedades de las que era administrador, sociedades vinculadas a Forestalia y posteriormente se las revendería, una vez obtenidos los permisos, con una elevada ganancia. Esos movimientos económicos intermedios, y sin perjuicio de la confirmación o desacreditación que pudiera resultar del informe pendiente, tendrían presunta finalidad de obtener fondos para pagos a personal directivo del ministerio”, ahonda el juez de Teruel.
Source: El País · J. J. Gálvez
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