Tormenta perfecta en la Facultad de Derecho de la Complutense: los recortes cierran la editorial y la librería y las llamas 245 despachos

Cuando, en enero de 2025, José Manuel Almudí tomó posesión como decano de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la afluencia de invitados fue tal que tuvieron que celebrar el acto en la Facultad de Odontología. Allí Almudí, que está lejos de ser un exaltado izquierdista, no se cortó delante de lo más granado de la conservadora esfera judicial: “Me sume en una honda preocupación el austericidio que injustamente afecta al presente y al futuro de la educación universitaria pública, materializado en un recorte del 35% de los gastos de la facultad [desde julio de 2024]”.

Casi dos años después, esta rebaja del 35% se mantiene y la UCM sobrevive por un préstamo de 34,5 millones de euros (más 4,4 de intereses) que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le concedió al Rectorado a finales de 2025. Y, más concretamente, en su mastodóntica facultad ―históricamente la más grande de España, con más de 6.500 alumnos y 250 profesores―, se ha desatado la tormenta perfecta: a la poda presupuestaria se suman los estragos de las llamas del pasado julio. Se acaba de quedar sin editorial ni librería y afronta una gran obra tras ese incendio que ha forzado a cerrar 245 despachos, 35 en cada una de las siete plantas.

Cuatro días después de la inspección (la ITE, la inspección técnica de edificios) que no pasó, el 7 de julio, se originó un incendio en el cuarto de instalaciones de la azotea de Derecho, provocando una enorme columna de humo. Pese a la espectacularidad de las imágenes, se extinguió enseguida y se informó de que no había habido ningún herido ni graves daños.

Sin embargo, casi cuatro meses más tarde, en el edificio de departamentos está precintada la subida a los 245 despachos de profesores, y un enorme tablón de anuncios impide el paso al Archivo General de la UCM, que guarda valiosos documentos, como los que prueban el paso del pintor Salvador Dalí por sus aulas. Este servicio cuenta con el personal mínimo, lo que obstaculiza que se digitalicen y promocionen sus valiosísimos fondos.

El decano mandó el pasado lunes una carta a la comunidad universitaria, a la que ha accedido EL PAÍS, en la que pone al corriente de la “delicada situación”. Tras el incendio se han identificado “deficiencias” en materia de detección y extinción de incendios. Así que no solo hay que sustituir las torres de refrigeración de la cubierta, sino reparar la “columna seca”. Esta instalación fija permite a los bomberos impulsar agua a presión a las plantas superiores si hay llamas.

Ocho taquillas para 250 profesores

La licitación, adjudicación y ejecución de las obras se prolongará hasta el curso que viene. Por eso el decanato va a habilitar espacios para tutorías, pruebas evaluables y revisión de exámenes. A los despachos solo se puede entrar con permiso para rescatar materiales. La sala de lectura que utilizaban los estudiantes se ha convertido en el lugar de trabajo. Hace frío y solo hay ocho taquillas para 250 profesores.

El anterior decano, Ricardo Alonso, se quejaba también del estado de la facultad, pero sus detractores le echan en cara que invirtiese parte de la escasa partida de inversiones en remodelar el Pub, que reinauguró con una copa. Y al actual, Almudí, le afean haber pintado las zonas por las que iba a pasar el rey Felipe durante su visita a la facultad el pasado abril.

En marzo, tras renegociar el préstamo, el rector Joaquín Goyache aseguró en el Consejo de Gobierno que necesitaría 700 millones ―más que todo su presupuesto del año― para “poner en orden los edificios, no para ponerlos bonitos”, porque algunos no se tocaban “desde 1945″. En 2024, Ayuso pretendió invertir apenas 7,6 millones en infraestructuras de los seis campus, 12 veces menos que en 2007, aunque finalmente la partida total subió un 4,2% por las quejas de los rectores.

La UCM cuenta con un millón de metros cuadrados construidos. El rector admitió en el consejo que “ha habido una falta de inversión brutal”, pero observó “una buena voluntad” en la consejería. Esa cifra de 700 millones, dijo Goyache, era mayor que la partida para infraestructuras de los seis campus juntos hasta 2031.

Los despachos de Derecho volverán a abrirse, pero no así otros espacios. Un cartel advierte en el escaparate de un local dentro de la facultad con baldas de libros vacías: “Al finalizar el mes de septiembre esta librería cerrará sus puertas. Se trata de una decisión acordada entre Rectorado y Decanato y que tiene como como consecuencia el despido de tres trabajadores y la desaparición de la editorial de la facultad (...)”. El sello pasó a editar pocos títulos por falta de dinero y ello redundó en las ventas de la librería.

El espacio continuo es la capilla. Hay misa todos los días lectivos salvo el viernes y otro cartel ofrece preparación para el bautismo y la confirmación a quienes abracen tarde el catolicismo.

Huelga contra la infrafinanciación

El miércoles y jueves de esta semana los trabajadores de Derecho ―una facultad poco movilizada si se compara con otras― y sus estudiantes ―muy concienciados de la asfixia económica― están llamados a secundar dos días de huelga contra “la infrafinanciación de la Universidad pública, que propicia la privatización y la mercantilización de nuestra formación universitaria”, según los sindicatos convocantes. El llamamiento se extiende a los seis campus financiados por el Gobierno de Ayuso.

Tras la primera huelga, el 26 y 27 de noviembre de 2025, la presidenta regional forzó a la Consejería de Educación a negociar con los rectores y, de facto, la financiación básica estructural, que integra los sueldos y gastos corrientes, va a crecer un 23,4% en la UCM en los próximos seis años. En el caso de la UCM y la Rey Juan Carlos hay fondos de convergencia ―presupuestados 20 millones cada uno este año― destinados a corregir desequilibrios y facilitar la adaptación progresiva al nuevo modelo pactado. Sin embargo, no hay ninguna señal de mejoría, más allá de que ahora sí hay partida para pagar las nóminas. El Rectorado cree que empezará a respirar en 2028, cuando dice que lograrán el equilibrio presupuestario. Tras la subida, la Comunidad destina el 0,4% del PIB a universidades, frente al 0,7% nacional. El Gobierno trata de convencer a los gobiernos autonómicos de que lleguen al 1% en 2030, para cercarse a las cifras europeas.