El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, ha enviado este lunes sendos requerimientos formales al consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, y a la consejera de Salud de Baleares, Manuela García, para exigirles que creen de una vez el registro de médicos objetores al aborto, tal y como ha avanzado la Cadena SER y ha podido confirmar EL PAÍS. Este registro permite a los hospitales organizar sus servicios para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Una portavoz de Baleares señala que el registro se creará “en las próximas semanas”, mientras el de Andalucía sigue “en trámite”.
La ley del aborto “establece que las Comunidades Autónomas deberán contar con un registro de objetores de conciencia para la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo”, señala la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Para dar desarrollo a dicho registro, el 16 de diciembre de 2024 el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó, de manera unánime, el acuerdo por el que se aprueba el Protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia”, continúa.
Desde entonces, “la Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha llevado a cabo un seguimiento de la implantación de dichos registros a lo largo del año, a través del rastreo diario de boletines y sedes electrónicas que se realiza como parte principal de las labores de Alta Inspección, y se ha constatado que la Comunidad Autónoma cuya consejería está a su cargo [tanto Andalucía como Baleares] no ha desarrollado dicho registro de objetores”, continúa la carta.
De hecho, ambas comunidades tienen paralizado ese registro. En el caso de Andalucía, en marzo de 2025 sacó el proyecto de decreto a audiencia pública y todavía no ha terminado su tramitación. Mientras, Baleares lo sometió a audiencia e información pública en febrero de 2026 sin que se haya observado ningún avance, según señala la ministra de Sanidad en las cartas remitidas.
En la carta, García les recuerda a las comunidades autónomas que están obligadas por la ley del aborto de 2023 y el acuerdo unánime del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de diciembre de 2024 que aprobó el protocolo para la creación del registro. Y les conmina a ponerlo en marcha cuanto antes.
Una portavoz del Gobierno de las Islas Baleares explica por teléfono que el decreto que creará el registro balear está preparado y pendiente de ir Consejo de Gobierno, algo que ocurrirá “en las próximas semanas”. Mientras, una portavoz de la Junta de Andalucía señala que el registro andaluz se encuentra “en trámite”, sin dar fechas sobre cuándo se pondrá en marcha.
Madrid, ante la justicia
Un paso más allá ha ido Sanidad con la Comunidad de Madrid, a la que el ministerio llevó ante la justicia en enero por no tener registro de objetores del aborto. Pese a ello, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso (PP) mantiene el pulso y ha dejado en un limbo la tramitación de ese registro. Los gestores madrileños consideran que han cumplido con las medidas cautelares ordenadas por la justicia al iniciar los trámites para crear ese listado, sin que sea necesario que entre en funcionamiento hasta que haya una sentencia.
Así lo explicaba el pasado julio un portavoz del Gobierno autonómico, que previsiblemente busca ganar de esta manera tiempo para llegar a las elecciones autonómicas de 2027 sin que Vox desgaste al PP por haber activado al registro; con la figura de Díaz Ayuso reforzada ante sus electores como némesis de Sánchez; y con otro ejemplo más, junto a la ley del concebido no nacido, de que lidera una suerte de corriente provida frente al derecho al aborto en Madrid.
Source: El País · M. Á. M.
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