Repsol ha iniciado ya la vía judicial para demandar a Red Eléctrica, Iberdrola, Naturgy y Endesa por el apagón que sufrió la Península Ibérica el 28 de abril de 2025, que se prolongó durante, al menos, 12 horas. La compañía que dirige Josu Jon Imaz acudió a los juzgados el pasado octubre para reclamar a las tres distribuidoras de los grandes grupos eléctricos y a Redeia (holding propietario del operador del sistema y transportista, Red Eléctrica) unos 120 millones de euros por los daños ocasionados en sus cinco complejos industriales como consecuencia del cero eléctrico.
En concreto, Repsol ha presentado demandas por cada uno de sus cinco complejos industriales afectados contra las distribuidoras: una a Naturgy (Unión Fenosa Distribución), por el de A Coruña; dos a la de Iberdrola (i-DE), por los de Bilbao y Cartagena; y otros dos a la de Endesa (e-Distribución) por el corte de suministro en los parques industriales de Repsol en Tarragona y Puertollano. De manera solidaria o conjunta las cinco demandas se han interpuesto contra Red Eléctrica, como operador del sistema.
Según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes de Repsol a EL PAÍS/Cinco Días, las denuncias están enfocadas principalmente en el apagón del 28 de abril de 2025, aunque se ha incluido también los cortes sufridos en su complejo de Cartagena el 22 de abril, por el impacto que supuso para la actividad del grupo. Se trata de complejos industriales que incluyen refinerías y plantas petroquímicas. Fuentes de las demandadas aseguran que, por el momento, solo han recibido la notificación del juzgado, no la denuncia en sí (Repsol las ha interpuesto en juzgados donde su ubican dichos complejos), y en ella figura “solidariamente, REE”.
Otras fuentes jurídicas señalan que, “en realidad, se trata de una demanda estructurada contra Red Eléctrica, en la que se ha incluido a las distribuidoras, que es con las que las refinerías tienen el contrato de acceso a las redes, para evitar que el juez la rechace por defecto de procedimiento”.
El consejero delegado de Repsol, Jon Josu Imaz, ya anunció durante la conferencia de analistas de presentación de los resultados del primer semestre 2025, apenas tres meses después del incidente, que la compañía iba a emprender acciones judiciales, decisión que corroboró en febrero pasado, durante la presentación de las cuentas del ejercicio, si bien, apuntó que esperaría a conocer el resultado de la investigación que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había abierto sobre el incidente. “Estamos a la espera de este informe para tener más claridad sobre los posibles responsables de estos eventos, pero en cualquier caso, vamos a iniciar una reclamación legal antes de finales de abril, cuando legalmente se permite”, indició en dicha comparecencia.
Ya a finales de abril, poco antes de que se cumpliera un año del apagón, la CNMC abrió expedientes sancionadores contra casi todas las empresas generadoras y distribuidoras del sector eléctrico, entre ellas, la propia Repsol como compañía eléctrica. La decisión del organismo, aún presidido por Cani Fernández, abrió la puerta a que las afectadas por el apagón (también las aseguradoras) pudieran dirigirse a los tribunales, pues el problema para estas era determinar los posibles responsables del suceso.
Aunque durante varias semanas la CNMC siguió anunciando nuevos expedientes, hasta 64, ninguno de ellos, salvo el de REE, hacían referencia al día del apagón, las afectadas, como Repsol, consideraron que les abrían la puerta para poder iniciar sus pleitos.
Así, el 30 de abril, durante una conferencia con inversores, Imaz anunció que el proceso legal se había puesto en marcha una semana antes a través de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial antes de presentar una demanda civil, tal y como exige la ley de eficiencia procesal. Tras acabar la conciliación sin éxito, Repsol ha acudido a los juzgados para hacer efectiva su reclamación, asesorado por el despacho Osborne Clarke.
La cuantía de la indemnización reclamada a REE, Iberdrola, Endesa y Naturgy por el apagón ha sido calculado en base al precedente de Petronor, filial de Repsol, que sufrió un corte de luz de 12 minutos (que le obligó a parar más de un día) en su refinería de Bilbao en 2016. En 2022, el Tribunal Supremo ratificó la obligación de Iberdrola a indemnizar a la filial de Repsol con 18 millones de euros por el breve fallo de suministro en la refinería de Muskiz (Bizkaia). Si bien en aquella ocasión la denuncia se dirigió contra la distribuidora y la comercializadora de dicha refinería (ambas del grupo Iberdrola), en esta ocasión Repsol ha optado por demandar solo a las distribuidoras. Se da la circunstancia, según fuentes del sector, que en estos momentos la comercializadora de sus complejos es la comercializadora de luz de la propia Repsol.
Cruce de acusaciones
Desde el apagón el cruce de acusaciones entre REE y las generadoras no ha cesado. La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha manifestado en numerosas ocasiones, que el apagón tuvo lugar porque plantas de generación de las grandes eléctricas no cumplieron con su obligación de control de tensión. Por su parte, las señaladas contraatacaron y culparon al operador por no haber realizado ese día la programación adecuada, con centrales que proporcionasen respaldo firme al sistema.
Iberdrola ha sido una de las eléctricas más beligerantes al presentar dos demandas contra REE y contra Corredor. Esta aprovechó su comparecencia en el Senado en septiembre del año pasado para insinuar (aunque sin dar nombres concretos) que la interrupción del suministro eléctrico fue causado por el “mal control de una planta de alta potencia instalada en la provincia de Badajoz”, donde se detectaron las primeras oscilaciones. Por esta declaración, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán acusó a Red Eléctrica de competencia desleal, al entender que era “falsa y denigrante”, y a Beatriz Corredor, por vulneración del derecho al honor.
Moeve (antigua Cepsa) también anunció acciones legales por los daños y perjuicios causados por el blackout del año pasado y, que en su caso, le supuso unos daños que calcula en 50 millones de euros. La competidora de Repsol, que pidió antes del pasado 28 de abril el aplazamiento de la prescripción del plazo, que era de un año desde el incidente, confirma que aún no ha interpuesto ninguna demanda.
Source: El País · Nuria Morcillo, Carmen Monforte
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