¿Quién marcará el ritmo de la transición energética? La crisis climática va a las urnas con negacionistas en la papeleta

Unas elecciones más, el debate político para el 29-N sigue sin prestar demasiada atención a cuestiones como el cambio climático, los combustibles fósiles o la adaptación de España a un clima cada vez más extremo. Paradójicamente, estos son de los asuntos más trascendentales para el bienestar del futuro y en los que puede haber más diferencias en los próximos años según el resultado que salga de las urnas. Por primera vez, puede llegar al Gobierno de España un partido negacionista de la ciencia climática como Vox.

Como se ha visto en las últimas legislaturas, el PSOE y sus aliados más a la izquierda consideran la emergencia climática como una de sus banderas, aunque es verdad que esto no se ha traducido en una caída de las emisiones. Sí que se ha producido un gran avance en el país de las energías renovables (que ya cubren cerca del 60% de la demanda eléctrica), lo que empieza ahora a verse como una ventaja económica frente a la tormenta de precios provocada por los combustibles fósiles. Con sus diferencias, el bloque de izquierdas coincide en la urgencia de actuar y en apostar por la expansión de las renovables y el almacenamiento de la energía, así como por la electrificación del sector del transporte y de la industria. También abogan por una transición justa que tenga más en cuenta a las personas y por mecanismos fiscales que hagan pagar a aquellos con más recursos y que más contaminan. Asimismo, están de acuerdo en la necesidad de preparar a España para un planeta más caliente, en el que serán más frecuentes las olas de calor, las inundaciones o las sequías.

En el PP, que siempre ha sido más ambiguo en este terreno, remiten a su programa electoral, en el que se comprometen a afrontar el cambio climático con rigor científico, aunque solo se refieren a este problema de pasada. Según se detalla en este documento, “la lucha contra el cambio climático y la descarbonización son objetivos irrenunciables para Europa por razones ambientales, geoestratégicas y económicas. Pero ha llegado el momento de revisar los ritmos de cada sector atendiendo a tres factores: lo que está ocurriendo en el resto del mundo, la tecnología realmente disponible y la evolución de la demanda”, continúa. “Pondremos freno a la imposición de calendarios imposibles. Defendemos una transición ordenada, realista y justa, que haga compatible la protección del medio ambiente con el crecimiento económico y el bienestar. Los ciudadanos no deben perder oportunidades ni sufrir un encarecimiento desproporcionado de la vida por las políticas climáticas. No impondremos obligaciones innecesarias y retiraremos las que perjudiquen la competitividad, la industria o el empleo”.

No obstante, más allá de lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo diga que va a hacer si gana las elecciones, la gran pregunta es a qué le obligará Vox en materia climática o energética en caso de que necesiten sus votos, como vaticinan las encuestas. No en vano, en el programa para el 29-N del partido de Santiago Abascal se da mucha más importancia a la caza o la tauromaquia que a la crisis climática de la que alertan los científicos.

Lo visto hasta ahora a escala autonómica muestra muy diferentes caras del PP, dependiendo de si tiene que bailar o no con Vox. En Galicia, donde gobiernan los populares con mayoría absoluta (el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sustituyó a Núñez Feijóo cuando este saltó a la política nacional), se aprobó este mismo año una ley del clima que busca conseguir la neutralidad climática en esta comunidad en 2040 y que incluye, entre otras medidas, la creación de la Oficina Gallega de Cambio Climático. Paradójicamente, en la Comunidad Valenciana, donde tiene el poder también el PP, pero con el apoyo de Vox, se suprimió en 2024 la Agencia Valenciana del Cambio Climático y desde entonces se ha ido eliminando cualquier referencia al cambio climático en el organigrama de la administración autonómica. Asimismo, este gobierno popular también modificó la ley climática regional, aprobada en 2022 por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, manteniendo los objetivos de reducción de las emisiones causantes del calentamiento del planeta, pero suprimiendo varias tasas claves para reducir esos mismos gases.

En los pactos más recientes entre PP y Vox para gobernar en otras comunidades autónomas también se han enmendado políticas climáticas y ambientales. En Andalucía, se ha acordado revisar su ley climática autonómica de 2018 (aprobada en su día por el PSOE), “y todos los planes, órganos, estructuras administrativas, instrumentos y gastos derivados de su aplicación, con el objetivo de eliminar toda carga que perjudique al campo, la ganadería, la pesca”. También se ha pactado no financiar las zonas de bajas emisiones y suprimir los impuestos sobre bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos a aguas litorales. En Extremadura, PP y Vox han firmado la progresiva eliminación de la ecotasa (que grava instalaciones eléctricas que inciden en el medio ambiente) y el freno a macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos. En Castilla y León, han acordado impulsar un cambio en la normativa básica de prevención ambiental con objeto de simplificar la tramitación de los expedientes de evaluación y autorización de proyectos. En Aragón, la “defensa del campo español frente a las imposiciones de Bruselas, Mercosur y el Pacto Verde”…

Si bien los dirigentes de Vox y el propio partido suelen decir que no ponen en duda la existencia del cambio climático, sí cuestionan que sea responsabilidad de los humanos y que sea tan grave, lo que es otra forma de negacionismo, al no tener en cuenta los estudios científicos que dicen lo contrario de forma abrumadora. ¿Hasta qué punto un hipotético Gobierno del PP que necesite de la extrema derecha puede dejar en segundo plano una amenaza que genera cada vez más impactos en España y frenar un proceso de descarbonización con evidentes ventajas económicas para un país que no tiene combustibles fósiles?

Según Ismael Morales, responsable de políticas climáticas de la Fundación Renovales, en las comunidades donde el PP depende de Vox se da “una paradoja fiscal”: “Se alivia a los emisores mientras se grava a las renovables. Aragón creó en 2024 impuestos a los parques eólicos y fotovoltaicos, y Castilla y León prepara uno para la solar de hasta 2.000 euros por hectárea”. “Además, los pactos de 2026 en Aragón y Extremadura comprometen “todos los medios legales” para frenar los grandes parques solares y eólicos”.

No obstante, asegura que todo esto no se nota por ahora en las cifras de potencia instalada. “Entre 2022 y 2025 estas comunidades [Aragón y Extremadura] sumaron casi la mitad de la nueva fotovoltaica del país y tres cuartas partes de la nueva eólica. Pero son proyectos tramitados años atrás”, incide Morales. “El efecto real de estas políticas se verá a partir de 2026 y 2027, y lo que preocupa es precisamente eso: que se frene la próxima ola de inversión justo en los territorios con más recurso renovable y capacidad de conexión a red”.

Por su parte, Toni Timoner, vicepresidente del think tank ambiental Oikos (de orientación liberal conservadora) y autor del libro El ecologista de derechas, considera que Vox no puede impedir que se siga avanzando en la transición energética. “En mi opinión, Vox no tiene una posición muy definida sobre las políticas climáticas, más allá de lemas que entrelazan con la posición histórica de la derecha dura de sospecha hacia Bruselas”, afirma este economista.

Según destaca Timoner, “la transición energética, sobre todo en España, ya se ve como una cuestión de soberanía e independencia energética, en especial tras lo de Ucrania y lo de Irán”. “Puede haber casos puntuales de Vox respecto a alguna planta fotovoltaica para defender el mundo rural, pero en general está calando más la idea de que las renovables son una ventaja competitiva de España, que nos da una oportunidad industrial de competitividad y nos permite independizarnos energéticamente de los malos de la película”, señala.

Si bien hoy resulta difícil defender en España los combustibles fósiles (que están disparando la inflación y encareciendo la cesta de la compra para todos los ciudadanos), la gran diferencia entre los partidos está en el ritmo de la transición para sustituirlos. Los partidos de derechas son más contrarios a los plazos exigentes y confían más en que los mercados vayan empujando la sustitución tecnológica. La gran incógnita es si Vox puede frenar todavía más esta transición o si su rechazo es más cultural, haciendo bandera de cualquier intento de influencia que venga de fuera, aunque sean adverencias de científicos sobre una amenaza muy real que va a afectar a sus votantes, y de forma especial, a aquellos del campo que tanto dice defender.