Los gobiernos autonómicos de PP y Vox (Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León) están incrementando las partidas para la caza y creando nuevas líneas: subvenciones para cartuchos, licencias y tasas gratuitas, dinero para que los propios cazadores realicen censos científicos de las especies, programas para llevar la caza a los colegios, ayudas para los cotos de caza y las federaciones… Ambos partidos llevan en su programa un apoyo explícito al sector y el PP incluye un plan para volver a matar lobos, como se hacía hasta 2021. Estas pistas aventuran un respaldo sin precedentes si logran la mayoría en el Congreso, frente a las críticas de los ecologistas.

La caza está en declive en España por falta de relevo generacional: ha pasado de casi un millón de cazadores a menos de 600.000 en cinco décadas, según datos del Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC. Sin embargo, PP y Vox están inmersos en una carrera para hacerse con el apoyo electoral de ese colectivo (el 1,6% de los 35,8 millones de electores). Según los datos de la Real Federación Española de Caza (RFEC), en España hay 577.742 cazadores, de los que 330.423 están federados, y tienen 891.889 licencias autonómicas (algunos tienen licencia en varias comunidades).

“La caza es fundamental para España: está presente en el 86% del territorio, ayuda frente a problemas sanitarios como la peste porcina, contribuye con 10.200 millones al PIB y genera 45.000 puestos de trabajo directos y 200.000 indirectos”, explica Josep Escandell, presidente de la RFEC. “Y es fundamental desde el punto de vista social: el 32% de los cazadores vive en municipios de menos de 5.000 habitantes, y todos citan la caza como uno de los motivos de permanecer en el mundo rural, es decir, que ayuda a fijar población”, añade.

Escandell confirma que las consejerías responsables de la caza de Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León (todas en manos de Vox, salvo la primera) tienen predisposición a escuchar las demandas del sector: “Están creando nuevas líneas de ayudas muy interesantes, por ejemplo, para compensar los gastos por cazar conejos o jabalíes, que benefician a agricultores y ganaderos y ayudan a que se reduzcan las colisiones de tráfico con fauna silvestre”.

Es lo que ha hecho Aragón, que llevará a sus próximos presupuestos 30.000 euros para cartuchos con los que matar conejos por los daños que causan a la agricultura. Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, critica esta partida: “Cada vez hay menos cazadores porque hay otra sensibilidad con los animales en el mundo rural, pero PP y Vox están apoyando el sector de forma descarada. La sobreabundancia de animales no se puede solucionar a tiros. Subvencionar los cartuchos es absurdo, usan plomo y generan grandes problemas en muchas especies. Además, habrá que ver cómo controlan que se usen para cazar conejos y no otros animales”.

El presidente de la RFEC apunta otras medidas: “Hay una segunda línea de ayudas para la monitorización de especies cinegéticas, ya que somos los primeros interesados en conocer cómo están estas poblaciones, porque la caza solo es sostenible si parte de datos fiables”. El ejemplo vuelve a estar en Aragón, que otorgará 20.000 euros para hacer censos de codornices, junto a otros 15.000 para hacer “ciencia ciudadana para conocer las poblaciones cinegéticas”. Otras comunidades también subvencionan partidas similares. Andalucía, por ejemplo, tiene 3.100 censadores dentro de su Observatorio Cinegético, “que abarca cerca del 50% del esfuerzo total de muestreo en España”. Oberhuber contrapone: “Los censos los tienen que hacer científicos y biólogos con metodología científica, no es solo salir al campo y contar lo que ves. Se ha comprobado que la estadística de animales cazados es muy poco rigurosa, porque solo informan de los datos que les interesan”.

Una tercera línea consiste en dar dinero directamente a los cotos de caza. “Sirve para mejorar los hábitats con cultivos de vegetación diversa, construir refugios y bebederos para la fauna, infraestructuras de accesibilidad que también son muy útiles contra los incendios… Son tareas que benefician a las poblaciones silvestres y han ayudado a la recuperación del lince y del águila real”, apunta Escandell. Extremadura, por ejemplo, ha multiplicado esta partida por 12, pasando de 50.000 a 600.000 euros. El ecologista lo critica: “Es un dinero que va a los grandes terratenientes, que van a reforzar los vivares [refugios artificiales] para multiplicar la población de conejos o jabalíes, que luego son un problema, o la instalación de comederos y bebederos que generan dependencia a los animales y problemas en el ecosistema”.

Y hay más. En Castilla y León y Extremadura las tasas de caza ya son gratuitas, mientras que en Andalucía se han reducido un 50%. Esta última ha anunciado que duplicará el dinero para la Federación Andaluza de Caza (no explica de cuánto es la partida) y ha regulado la figura del guarda jurado de caza. En las tres regiones se han ampliado los cupos de caza para jabalíes. Extremadura, además, ha subvencionado una película para contar las bondades del sector (Día de caza).

Extremadura y Andalucía, además, están potenciando esta práctica en los colegios, algo que la primera hace desde 2016 y la segunda, desde 2022. En los colegios extremeños, los estudiantes reciben contenidos cinegéticos en jornadas en las que disparan escopetas para familiarizarse con ellas. Mientras, los alumnos andaluces de primaria de 90 centros (de un total de 2.300) acceden a contenidos vinculados a la naturaleza elaborados por la Federación Andaluza de Caza.

Esto preocupa mucho a los ecologistas. “Se está haciendo para blanquear matar animales”, critica Oberhuber. La Junta de Andalucía explica: “Queremos acercar el mundo de la caza a la juventud y a las mujeres continuando con los sorteos gratuitos dentro de la oferta pública de caza en los terrenos de gestión pública de la Junta de Andalucía”. Chesús Ferrer, también de Ecologistas en Acción, apunta: “Los cazadores siempre quieren más. En Aragón intentaron que se prohibiera el paso a las zonas con batidas de caza, algo que ahora es opcional bajo tu responsabilidad. Y le dieron el Premio Oficial de Medio Ambiente a la Federación Aragonesa de Caza. Es un apoyo exagerado”.

“La caza también vota”

La RFEC presentó hace unos días un decálogo de compromisos políticos titulado La caza también vota en la que incluyen medidas como “evitar restricciones injustificadas”, utilizar la futura Política Agraria Común para mejorar los cotos de caza, impulsar los “programas de investigación, censos y seguimiento poblacional con participación del sector cinegético” (como ya se hace en Aragón) y medidas de transición respecto a la futura restricción a la munición con plomo (que entrará en vigor en Europa en siete años). La federación se ha reunido con PP, Vox, PSOE y ERC para contarles el decálogo, aunque por ahora tan solo el PP lo ha firmado (pueden hacerlo hasta el próximo domingo).

PP y Vox han incluido específicamente la caza en sus programas. “Defensa de la caza como actividad esencial para el control de las poblaciones y para la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como por su valor medioambiental y económico”, señala el programa de la ultraderecha. El del PP habla de apoyar “la actividad cinegética sostenible, con la participación y representación del sector, poniendo en valor su aportación económica y de creación de riqueza y empleo en el medio rural, como una actividad esencial y parte del acervo cultural arraigado en gran parte de la sociedad”.

Los populares, además, añaden: “Restableceremos la situación de protección del lobo, previa a 2021, para extraer las poblaciones al norte del Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), permitiendo el control de la población de dicha especie en esa zona”. Esta medida supondría, en la práctica, desproteger al cánido y permitir cupos de caza (ahora solo se permiten “extracciones”, muy contestadas en los tribunales”).

Tanto la experiencia de gobierno autonómico de PP y Vox como los programas electorales aventuran un respaldo sin precedentes al sector si logran la mayoría en el Congreso. Chesús Ferrer concluye: “La caza afecta a la vida de las especies animales y al medio ambiente, no puede ser que las reglas las hagan los propios cazadores”.

Source: El País · Miguel Ángel Medina

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