No es por la motosierra

El bienestar europeo da signos de agotamiento. Mientras en Francia arden las calles, en España habrá una huelga general el 11 de noviembre. Lo curioso es que no son países neoliberales: nuestro Gobierno está batiendo récords de recaudación de impuestos, y el Estado francés destina alrededor de un 60% de su PIB al gasto público, una de las cifras más altas del mundo. La campaña electoral de Pedro Sánchez versa ahora sobre espolear el miedo a la motosierra de las derechas, pero aún con más Estado, ya hay miles de jóvenes europeos que no pueden alcanzar el bienestar esperado o el que sus padres obtuvieron.

Es el drama que sacude al continente: si en 2011 se creyó que el problema de la Unión Europea era condenar a millones de ciudadanos a la pobreza con la ortodoxia fiscal de la troika, hoy la UE ha abierto la mano al gasto social para hacer frente a la pandemia o las guerras y, aun así, el sentimiento de empobrecimiento persiste. Es decir: no todos los males de fondo parecen solucionarse mediante una inyección de dinero público. La realidad es que Europa registra actualmente menos crecimiento que otras potencias, y nada de eso se puede reducir solo a una crisis de inflación o de carburantes. Decía el canciller alemán Friedrich Merz que Alemania ya no podía financiar su Estado del bienestar con lo que producía su economía. Algunos le acusaron de querer recortes, pero el informe Draghi previamente avisó de que el continente se está quedando atrás en competitividad. En 2025, varios primeros ministros firmaron una carta a la Comisión Europea exigiendo medidas para mejorar la productividad de sus empresas, conscientes de nuestro estancamiento.

Así pues, la eventual llegada de Marine Le Pen al poder en Francia o de Vox en España a partir de 2027 no es tanto la causa como la consecuencia de muchos problemas que arrastra el continente. Se podrá reducir la ultraderecha a un componente xenófobo o étnico por la inmigración, pero cada vez es más difícil negar que el modelo que se edificó tras la Segunda Guerra Mundial se resquebraja: muchos jóvenes han dejado de creer en la democracia —no aprecian sus resultados o sienten que sus expectativas están frustradas— y sienten, además, que el Estado del bienestar no les llega.

No hace falta que Javier Milei venga a España o seguir a streamers neoliberales para que la desafección sea notoria. En 2025, un 42,4% de los jóvenes españoles de entre 24 y 35 años pensaba que los impuestos son “algo que nos obligan a pagar, no se sabe muy bien por qué”; en 1993, solo un 23,4% de ellos opinaba así. No se le puede exigir a nadie que se sienta vinculado al contrato social si la percepción es la de haber hecho todo lo que de uno se esperaba y, aun así, no llevar una vida digna. No sirve de mucho alegar que alguien disfrutó de trenes o de una universidad pública, si uno se queda cinco horas tirado con retrasos, o si sus opciones laborales solo abocan a salarios pírricos.

Pese a ello, Sánchez ha sido hábil moviendo el espantajo de la motosierra, y la derecha lo sabe: Alberto Núñez Feijóo no se ha atrevido a reunirse con el presidente argentino. En nuestro país hay aún mucho miedo a rememorar los despidos, los ajustes sociales y los desahucios de la crisis de austeridad. El PSOE ha encontrado, además, un buen filón en que la derecha haya sacado a relucir los problemas de nuestro sistema de pensiones.

Ahora bien, la izquierda sería más honesta si reconociera que una mayor inyección de dinero público tampoco resuelve muchos problemas de fondo de nuestra sociedad. Tener a 2,7 millones de perceptores del Ingreso Mínimo Vital no es un éxito, toda vez que los salarios, en general, llevan estancados tres décadas en nuestro país en relación con la inflación. Las tesis generacionales son muy molestas, pero en España ya hay más de 60.000 millones de euros de déficit de las pensiones contributivas. Es decir, dinero que no se cubre con las cotizaciones de trabajadores y empresarios, sino que sale de deuda e impuestos, con el coste de oportunidad de no poder destinar ese importe a otras partidas del presupuesto. Desde los años 2000, el gasto en pensiones no ha hecho más que crecer, mientras que vivienda e infraestructuras han perdido peso relativo, según datos del IGAE. No es una particularidad española eso de priorizar a la generación del baby boom frente a sus hijos, sino de una Europa que se enfrenta al envejecimiento poblacional.

En definitiva, el continente da síntomas de mantener con dificultad los estándares de bienestar que hasta ahora conocíamos: esto no va de pulsiones más o menos liberales, sino de que la demografía no es la misma de antaño, como tampoco lo son nuestra productividad, ni nuestra esperanza de vida. El problema ya no parece ser la supuesta motosierra, sino asumir que “más gente dependiente del Estado no es más Estado del bienestar” —a sabiendas que hoy miles de ciudadanos no tirarían sin ayudas públicas–, o incluso, preguntarnos si nuestro modelo es justo con las generaciones que suben. La demagogia dará votos, pero la realidad es tozuda: llamará más pronto que tarde a la puerta. Para pensar.