Luz verde a la UCO para ampliar la investigación sobre González Amador y el directivo de Quirón

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil podrá investigar a fondo al empresario Alberto González Amador y al alto directivo del grupo hospitalario Quirónsalud, Fernando Camino, por el presunto soborno de medio millón de euros. La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado este martes a los agentes especializados en delitos complejos después de que todas las partes del caso se rebelaran contra la decisión del juez de instrucción, Antonio Viejo, quien había limitado la investigación del instituto armado a las cuentas bancarias de los involucrados. Ahora, podrán también examinar la información de Hacienda y de la Seguridad Social. Este informe de la UCO se ha retrasado desde hace un año y cuatro meses.

La decisión de este martes, un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, concierne al segundo frente judicial que afecta a González Amador, quien ha sido pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante cinco años. Sus negocios con el directivo de Quirón llamaron la atención debido a la existencia de un pago de medio millón de euros que presuntamente escondería el reparto de una comisión por una voluminosa compraventa de mascarillas.

La entrada en acción de la UCO fue ordenada en junio del año pasado por la anterior jueza de instrucción, María Inmaculada Iglesias, poco antes de su jubilación. Buscaba ampliar su conocimiento sobre las relaciones comerciales de los protagonistas. En diciembre, los agentes pidieron al nuevo magistrado, Viejo, mirar tres tipos de documentos: datos bancarios, fiscales y de la Seguridad Social. Siete meses después, el juez solo autorizó el examen de las cuentas de entidades financieras, alegando que las otras medidas eran demasiado invasivas. Lo sorprendente vino cuando el propio Amador rogó al juez que aceptara todas las pesquisas “a la mayor velocidad posible”.

Ahora los magistrados de la sección tercera de la Audiencia madrileña han decidido que “resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social” y que las partes “han mostrado ya no sólo su conformidad sino incluso su interés” en que se recaben esos datos.

La pieza relativa a los negocios de Amador con el directivo de Quirón se ha ralentizado desde la llegada al juzgado de Viejo. La mayor novedad fue la imputación de Camino que se conoció hace dos semanas y era esperable al ser este el presunto beneficiario del soborno. El directivo de Quirón preside la filial del grupo dedicada a la prevención de riesgos laborales, Quironprevención. Tendrá que comparecer ante Viejo el jueves 3 de diciembre a las 10.00, en los juzgados de Plaza de Castilla. También está investigada la esposa de Camino, la farmacéutica leonesa Gloria Carrasco, que fue la receptora del medio millón de euros pagado por Amador y que ya prestó declaración en junio del año pasado.

Los negocios entre los tres implicados abarcan un largo período. Amador conoce a Camino desde principios de la década pasada, cuando comenzó a trabajar para él en Madrid, auditando los sellos de calidad de la sociedad de prevención de riesgos que dirigía, la Fraternidad Muprespa. Poco después, ambos participaron en un negocio en Panamá llamado Insumos Médicos del Pacífico SA. En 2014, ya aparecen pagos de la farmacéutica Carrasco a Amador.

Más tarde, Camino asumió los mandos de Quirónprevención tras un proceso de fusiones en el sector en 2015, y Amador continuó haciendo auditorías para este. Su facturación a Quirón creció exponencialmente después de 2021, cuando se hizo pública su relación amorosa con Ayuso. La oposición de izquierdas ha puesto el grito en el cielo por el posible conflicto de interés debido a los intereses de Quirón en la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el caso del fraude fiscal se encuentra ya en un juzgado de lo Penal, ante el que se celebrará el juicio, el de María Lourdes Platero, quien aún no ha fijado la fecha.

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