Los trabajadores textiles de Bangladesh, que cobraban 90 euros al mes, logran por fin una subida del salario mínimo tras días de huelga y protestas

Un ejercicio sencillo y esclarecedor: coja cualquier prenda de su armario y observe en la etiqueta el lugar de fabricación. Es muy posible que si la prenda pertenece a las grandes marcas textiles por las que apuesta el consumidor medio, el nombre Bangladesh se repita una y otra vez. El país ostenta la segunda posición como mayor productor textil a nivel global (solo por detrás de China) y el sector da empleo a cuatro millones de personas en la región. Buena parte de esos cuatro millones de trabajadores textiles han salido a las calles en huelga desde el pasado 31 de octubre para exigir subidas salariales. Las protestas, concentradas en el cinturón industrial de Mirpur (en la capital Daca) pero presentes en otros puntos clave del país, se han extendido durante varios días provocando el cierre de carreteras y autopistas. También ha habido decenas de detenidos. Además, más de 500 fábricas cerraron sus puertas ante el temor de disturbios y enfrentamientos. Poco después de las primeras revueltas, el gobierno del país anunció la creación de una junta salarial (que ya se había comprometido a crear durante este año) para estudiar las demandas de los trabajadores y el pasado miércoles cuatro de noviembre cedió a las presiones y se confirmó la subida del salario mínimo, que entrará en vigor a partir de enero de 2027. Así lo recogía hace unos días la agencia Reuters, citando a Babul Akter, representante de los trabajadores: “La nueva estructura salarial se implementará a partir de diciembre, y los trabajadores recibirán sus primeros salarios bajo la escala salarial revisada en enero”. De momento, no se ha especificado en cuánto se incrementará el salario mínimo, pero las protestas exigían una subida del 140% ante el alza de los costes de vida del país hasta un total de 30.000 takas, es decir 216 euros. En la actualidad, el salario mínimo es de 12.500 takas (unos 90 euros).

La plataforma Business and Human Rights Centre publicó testimonios de algunos trabajadores incapaces de llegar a fin de mes con sus ingresos actuales: “[La trabajadora] Laili Begum ya no puede permitirse que sus dos hijos sigan yendo a la escuela. Hay días en los que le cuesta poner, al menos, una comida adecuada sobre la mesa”. En comparación con otros países del entorno, los bangladesíes son los que peor salario reciben, a pesar de que el sector genera el 10% del PIB del país.

La anunciada subida salarial es para Gema Gómez, fundadora de la plataforma Slow Fashion Next, consultora estratégica y autora de Shopping Detox (Deusto), “una noticia positiva” pero apunta la necesidad de “ponerla en contexto: según una investigación de Clean Clothes Campaign, realizada entre mayo y agosto de 2026 a 1.094 trabajadores de la confección en Bangladesh, el 89 % de los encuestados afirma que su salario resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia”. Y añade otro dato extraído de dicho estudio: “El 76 % de los trabajadores encuestados afirma que no se siente capaz de hablar libremente con los auditores que visitan las fábricas, lo que plantea preguntas sobre la eficacia de los mecanismos de control social utilizados por las marcas internacionales”.

Los trabajadores que fabrican nuestra ropa

La fabricación textil es una industria clave en la economía del país asiático y las exportaciones en este sector generan el 80% de los beneficios totales, siendo Bangladesh el segundo productor textil a nivel mundial solo después de China. Según Forbes, desde 1983 hasta 2025, se han multiplicado por 1000 los ingresos procedentes de la venta al exterior, cifrada en unos 34.000 millones de euros según dicha publicación. Las protestas coinciden con un periodo clave en la producción internacional de los productos destinados a la temporada de primavera-verano. Marcas como H&M, Zara o Uniqlo, por citar solo algunas de una larga lista, fabrican en Bangladesh parte de sus prendas.

Más de trece años después de la tragedia de Rana Plaza que costó la vida a 1.134 personas tras el colapso de una fábrica textil de ocho plantas en Daca, la industria textil en Bangladesh continúa en el punto de mira por parte de activistas y asociaciones que denuncian las malas condiciones laborales de los empleados y señalan la falta de compromiso real para introducir mejoras sustanciales en toda la cadena del proceso por parte de los dueños y responsables de las fábricas, los gobiernos y las propias marcas internacionales. La última oleada de protestas tuvo lugar en noviembre de 2023, señala la publicación Modaes, cuando los empleados reivindicaron un aumento salarial de 195,40 euros, cifra muy alejada de los 88,30 euros que aceptaron los trabajadores industriales en aquel momento. Desde aquella fecha, el salario se ha mantenido prácticamente inmutable, a diferencia del precio de los alimentos, la vivienda, el transporte y los combustibles en un país con una inflación del 8% que ha lastrado el poder adquisitivo de una población de 170 millones de habitantes.

En relación con el futuro próximo de la industria, hace solo unos días Naciones Unidas anunció el retraso de la salida de Bangladesh del denominado bloque de Países Menos Adelantados (PMA), donde se incluyen ciertos territorios según criterios de ingreso per capita, capital humano (en términos de nutrición, salud, escolarización y alfabetización) y vulnerabilidad económica, basado en distintos indicadores, como las perturbaciones naturales o comerciales. Pertenecer a este grupo supone tener determinados beneficios comerciales, por ejemplo ventajas arancelarias que favorecen las exportaciones. Respecto a este nuevo horizonte, Gema Gómez apunta a “dos escenarios: uno positivo, en el que Bangladesh aproveche estos años para modernizar su industria, diversificar su producción, aumentar el valor añadido y avanzar hacia empleos mejor remunerados. Y otro preocupante, en el que la posible pérdida de ventajas arancelarias incremente la presión sobre los precios y los salarios, provoque una reducción de pedidos o favorezca el traslado de producción hacia otros países. Hay además una cuestión importante: el acceso a determinados beneficios comerciales europeos está vinculado al cumplimiento de compromisos sobre derechos laborales, derechos humanos, medioambiente y buena gobernanza. Por tanto, mejorar las condiciones de los trabajadores también puede convertirse en una ventaja competitiva”. Y añade la “responsabilidad fundamental” de las marcas internacionales en esta transición.