Los jueces han vuelto a darle la razón a Xabi Alonso, actual entrenador del Chelsea inglés. El técnico guipuzcoano, exjugador de la Real Sociedad y del Real Madrid, ha recibido un espaldarazo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para continuar adelante con las obras de construcción de un lujoso chalé en el barrio de Igeldo de San Sebastián. Los vecinos y grupos de ecologistas lograron a comienzos de 2024 que un juzgado donostiarra declarase “ilegal” la mansión que se estaba preparando en este privilegiado paraje costero de la capital guipuzcoana, pero el Superior vasco entiende ahora que la construcción cumple íntegramente con los parámetros y estándares constructivos y paisajísticos exigidos por el marco normativo vigente.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV ha estimado los recursos presentados por el Ayuntamiento de San Sebastián y la empresa Tavaro XXI SL (su administradora única es Nagore Aranburu, esposa del exfutbolista). En una sentencia del pasado 13 de octubre, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que el chalé familiar cumple con “los parámetros constructivos fijados por la normativa aplicable”. La defensa de los vecinos de Igeldo no está conforme con este fallo y ha registrado este miércoles una “solicitud de complemento de sentencia” porque se han “omitido” varios de los argumentos esgrimidos para sostener que la licencia concedida a Xabi Alonso es ilegal.

El último pronunciamiento judicial supone un balón de oxígeno para las pretensiones que la familia del técnico guipuzcoano tiene de construir una villa en Igeldo. La vivienda está muy avanzada, pero no puede ser habitada hasta que se resuelva el litigio judicial. Es una residencia de lujo que supera los 1.000 metros cuadrados, con sótano y piscina, que se ha construido en una parcela rural catalogada como “no urbanizable”. Se ubica en lo alto de la ciudad, en una de las zonas más lujosas de San Sebastián, desde la que se domina el Cantábrico.

La historia empieza en 2015. Ese año queda expropiado un caserío ubicado en el barrio de Martutene por estar afectado por las obras de la línea de alta velocidad. Sus propietarios logran en 2016 un permiso del Ayuntamiento de San Sebastián para reconstruir el mismo caserío en Igeldo, alejado unos ocho kilómetros del emplazamiento original. El permiso exige erigirlo respetando “la configuración original del edificio expropiado”, de 406,8 metros cuadrados y manteniendo el estilo de una casa rural típica del País Vasco, con un tejado a dos aguas.

En mayo de 2018, el propietario del terreno y de la licencia municipal vende estos derechos por 700.000 euros (100.000 euros por el terreno y 600.000 por la licencia) a Tavaro XXI. La nueva edificación que promueve la familia de Xabi Alonso no tiene ninguna similitud con el caserío original expropiado. El juez aseguró en su sentencia que el permiso municipal exigía “si bien no una réplica exacta del caserío original, sí el mayor respeto posible a la construcción general del edificio expropiado”, lo que no se ha respetado. Entre otras diferencias, en la sentencia se citaba que la cubierta de dos-tres aguas se ha sustituido en la lujosa villa por una “totalmente plana”.

En primera instancia, el juzgado declaró ilegal la obra porque contraviene la ley vasca de suelo y urbanismo e incumple las ordenanzas vigentes que regulan las edificaciones en suelo no urbanizable. Los vecinos y los ecologistas solicitaron al consistorio la demolición del edificio, la paralización de las obras y la anulación de las licencias, con la finalidad de “devolver la zona a su estado original”. Sin embargo, el superior vasco ha revocado aquella sentencia y declara la construcción “conforme a derecho”.

El alto tribunal vasco argumenta que la ley vasca de suelo “no impone la exigencia de un aspecto determinado de las edificaciones”, sino que solo señala que “se ha de procurar que la tipología de la nueva construcción se adecue a la arquitectura tradicional de la zona, cuando menos en lo relativo a los materiales utilizados, composición de la fachada y volumetría del edificio”.

El abogado que representa a los vecinos, Javier Olaverri, ha registrado una solicitud de complemento de la sentencia porque, a su juicio, la sala del TSJPV no ha atendido todos los argumentos que planteó en su escrito de oposición al recurso de apelación tramitado por el ayuntamiento y la empresa Tavaro.

Esta parte lamenta que el Superior vasco, en el fallo conocido este mes, “solo analiza la cuestión de si el edificio debe o no cumplir la tipología de estilo rural”, y deja sin resolver otras cuestiones relevantes, como el “incumplimiento de varios artículos de la Ley de Suelo autonómica vulnerados por la licencia municipal”. Y cita, por ejemplo, que el permiso concedido por el ayuntamiento “permite ocupar suelo rural cinco veces más extenso que el que ocupaba el caserío original”. También se queja de que en la última sentencia no se hace referencia a que la parcela “no tiene acceso propio y solo puede acceder por un vial de servicio municipal que no es de uso público”.

Source: El País · Mikel Ormazabal

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