Los derechos retroceden en África occidental: pena de muerte, persecución de homosexuales y arrestos arbitrarios

Los derechos y libertades están en retroceso en África occidental. Ocho años después de su abolición, Burkina Faso acaba de reinstaurar la pena de muerte para delitos como la alta traición, el terrorismo o actos de espionaje. Hace un año, incluyó a la homosexualidad en la categoría de delitos con pena de cárcel, mientras su vecino Senegal endurecía hasta los ocho años de prisión los castigos contra los gais. Tanto en Burkina Faso como en Malí y Níger, el arresto y encarcelamiento de periodistas y activistas se ha convertido en moneda corriente. Hace apenas una década, esta región presumía de ser la excepción democrática de África. En la actualidad, nada menos que seis de sus 15 países están gobernados por militares o viven bajo regímenes autocráticos.

El restablecimiento de la pena capital en Burkina Faso es el último ejemplo de una tendencia negativa que recorre toda la región. Para Human Rights Watch (HRW), “envía un mensaje escalofriante a los críticos de la junta militar y corre el riesgo de convertirse en otra herramienta para suprimir la disidencia”, aseguró la investigadora sénior de esta asociación, Ilaria Allegrozzi. “Desde el golpe militar de septiembre de 2022, la junta de Burkina Faso ha desmantelado constantemente los derechos cívicos y políticos. Las autoridades han prohibido medios de comunicación, suspendido a sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, abolido la política multipartidista y sometido a los críticos a detención arbitraria, desapariciones forzadas, reclutamiento ilegal y tortura”.

En la vecina Níger, gobernada también por los militares, la lista de activistas, políticos, opositores y periodistas detenidos, no deja de crecer. Los casos más conocidos son los del último presidente legítimo del país, Mohamed Bazoum, quien lleva más de tres años retenido en el palacio presidencial con su esposa; el activista Moussa Tchangari, presidente de Espacios Alternativos Ciudadanos, que fue detenido hace casi dos años de manera arbitraria y permanece en prisión preventiva desde entonces; y el conocido periodista Moussa Kaka, quien desapareció el pasado 31 de agosto y se encuentra recluido en un lugar secreto por las autoridades, acusado de traición. Sus únicos crímenes fueron discrepar con el régimen militar.

Torturas

El asesinato sumario y tortura de civiles acusados de complicidad con grupos yihadistas se ha convertido en habitual en Malí, según ha denunciado HRW. El pasado 16 de septiembre un dron mató a ocho civiles en el pueblo de Guélédié, en la región de Mopti. Asimismo, entre mayo y agosto, el ejército maliense y los mercenarios rusos de Africa Corps mantuvieron a numerosos detenidos en condiciones inhumanas dentro de un contenedor metálico en una base militar en Sevaré, donde fueron sometidos a torturas, que incluyeron palizas brutales, descargas eléctricas y la técnica de asfixia simulada mediante agua. La mayoría de los detenidos y asesinados son de la etnia peul, que está siendo sistemáticamente estigmatizada por su supuesta colaboración con los terroristas.

Otros países africanos donde los militares han llegado al poder mediante golpes de Estado en los últimos años son Guinea-Bisáu, Guinea-Conakry, Gabón y Madagascar. En estos tres últimos casos, la población dio su respaldo mayoritario al cambio de régimen. Y es que, según el último Afrobarómetro publicado el pasado septiembre, los ciudadanos africanos reclaman cada vez menos sistemas democráticos y están cada vez más abiertos a las formas autoritarias de gobierno, especialmente el militar. “Las evaluaciones cada vez más negativas del desempeño del Gobierno son un factor clave asociado con la disminución del compromiso popular con la democracia”, asegura esta encuesta anual sobre gobernanza elaborada por una red de centros de investigación independientes.

Otro síntoma del retroceso en materia de derechos y libertades que atraviesa esta región es la creciente persecución al colectivo LGTBI. Burkina Faso aprobó una ley para castigar la homosexualidad con penas de hasta cinco años de cárcel, pero en este caso no se trata solo de países gobernados por juntas militares. Senegal, que disfruta de un sólido sistema democrático caracterizado por alternancias pacíficas en el poder, siguió sus pasos y endureció con castigos de hasta ocho años de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo. La aprobación de la ley abrió una situación inédita de fiebre persecutoria a los gais en este país, muchos de los cuales han tenido que esconderse o huir, HRW acaba de denunciar “detenciones masivas, pruebas forzadas de VIH y acceso restringido a la representación legal” para el colectivo LGTBI en Senegal.

Otras señales de alerta se encienden por toda la región. En Guinea-Bisáu, los militares en el poder han suspendido sine die las elecciones previstas para el próximo 6 de diciembre que debían devolver el mando a un presidente civil elegido democráticamente. En Gambia, actores políticos y sociales insisten en despenalizar la mutilación genital femenina, aunque se han encontrado hasta ahora con el rechazo del Parlamento. En Togo, el expresidente Faure Gnassingbé promovió un cambio constitucional para quedarse eternamente en el poder como nuevo primer ministro. Por último, en Guinea-Conakry se ha instaurado un “clima de terror”, según Amnistía Internacional, que ha denunciado numerosas desapariciones como las de los activistas prodemocracia Mamadou Billo Bah y Foniké Mengué, en paradero desconocido desde 2024.