Las tecnológicas ven ilegales las exigencias del Gobierno a los centros de datos y buscan la vía para tumbar el decreto

El envío al Consejo de Estado del borrador modificado del Real Decreto sobre los requisitos de acceso y conexión energética para centros de datos ha desencadenado una tormenta en el ecosistema tecnológico. Lo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Transformación Digital ha presentado como una flexibilización del texto original es percibido por la industria como una imposición “inasumible y discriminatoria”. Multinacionales de la talla de Amazon Web Services, Google y Microsoft (en su calidad de hiperescaladores, que son quienes impulsan estas infraestructuras), junto con grandes desarrolladores nacionales como Merlin Properties y ACS, observan con máxima alarma un cambio normativo que, según entienden, amenaza la seguridad jurídica y la llegada de capital extranjero en pleno despliegue de la inteligencia artificial.

Fuentes de un sector donde predominan las grandes tecnológicas denuncian que la reescritura de la norma no soluciona los problemas de fondo y mantiene la amenaza de paralización sobre un sector estratégico. La decisión del Ejecutivo de acelerar los plazos mediante el trámite de urgencia impide, según los afectados, un debate técnico sosegado, comprometiendo la competitividad de España frente a otros países europeos.

Ante la inminente finalización del dictamen del Consejo de Estado —cuyo plazo por la vía de urgencia oscila entre 6 y 15 días—, representantes de los data centers y del conjunto de las empresas del sector han solicitado formalmente comparecer en audiencia para exponer en detalle los defectos formales y de fondo de la norma. Además desvelan que hay inversores y empresas que también han pedido comparecer a título individual ante el órgano consultivo que preside la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

Si el texto definitivo que apruebe el Consejo de Ministros no rectifica los preceptos cuestionados, la estrategia del sector es clara: acudirán inmediatamente a la vía contencioso-administrativa ante los tribunales, acompañando el recurso con la petición de medidas cautelares para paralizar la entrada en vigor del decreto y salvaguardar la viabilidad de la infraestructura digital del país. El Ejecutivo ya ha asegurado que su intención es sacar la normativa antes de elecciones e incluso buscaría sellarla en funciones si no llegara a tiempo.

Acusaciones de ilegalidad

Los servicios jurídicos de las principales corporaciones del sector han identificado múltiples irregularidades que fundamentan su acusación de ilegalidad sobre el proyecto normativo que conocieron este lunes. En primer lugar, sostienen que el borrador actual sigue incurriendo como lo hacía el original en una clara vulneración del principio de reserva de ley. El decreto se ampara formalmente en la Ley 7/2026 —aprobada tras la crisis energética de Irán—, pero a ojos de los inversores introduce obligaciones, peajes y penalizaciones graves que exceden con creces el mandato y el objeto de la norma legal habilitante.

En segundo lugar, la industria denuncia la “falta de proporcionalidad” y la “ausencia de memorias justificativas indispensables”. Medidas tan drásticas como la eventual revocación del permiso de acceso y conexión a la red eléctrica no cuentan con una memoria económica ni un análisis de impacto regulatorio suficiente que avale semejante perjuicio patrimonial para los inversores, explican fuentes jurídicas de los afectados. Asimismo, entienden que el texto invade competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y energía, además de menoscabar las atribuciones regulatorias de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Elementos que ya cuestionaron cuando se presentó el borrador preliminar de la nueva normativa.

A estos argumentos se suma lo que las fuentes califican como una “ley de caso único” y una discriminación arbitraria. El decreto introduce en el texto modificado una disposición adicional que exime expresamente de su cumplimiento a proyectos de titularidad estatal o considerados estratégicos por el propio Gobierno —como la gigafactoría de Tarragona—, mientras impone exigencias severas al sector privado que compite en el mismo mercado. Fuentes del sector subrayan que el Gobierno “sabe que es incumplible y se la aplica a todo el mundo menos a sí mismo”, en referencia al régimen excepcional de la gigafactoría. “El único que va a estar exceptuado es que el promueve el propio Gobierno. Resulta bastante llamativo”, indican.

Por último, el sector señala dos vicios procedimentales determinantes: la omisión del procedimiento TRIS europeo, preceptivo para normativas que afectan a servicios de la sociedad de la información e impactan en el mercado único, y la modificación sustancial del articulado sin haber abierto un nuevo trámite de alegaciones ni haber remitido las nuevas cláusulas a la CNMC para un segundo dictamen.

La trampa del sistema SRAD

El principal ajuste técnico del nuevo borrador gira alrededor de la exigencia de sostenibilidad energética. El borrador inicial exigía un 80% de adicionalidad y correlación horaria renovable, una exigencia que obligaría, según entienden las tecnológicas, a sobredimensionar la red hasta 14 veces para cubrir cada megavatio instalado. Para “suavizar” esta meta, el Ministerio propone una segunda vía que pasa por rebajar temporalmente el umbral al 60% o 70% en el periodo P1, pero únicamente a condición de que los centros de datos se acojan al sistema SRAD (Servicio de Respuesta Activa de la Demanda).

Acogerse al SRAD significa otorgar al operador de la red la facultad de desconectar discrecionalmente la instalación eléctrica del centro de datos en momentos de alta demanda o estrés del sistema. Para una infraestructura crítica que presta servicio ininterrumpido 24 horas al día, siete días a la semana, la desconexión forzosa resulta inaceptable.

Esta exigencia aboca a las compañías a encender sus grupos electrógenos de respaldo para garantizar la continuidad del servicio. Respecto de esta segunda posibilidad alternativa al cumplimiento más exigente, las fuentes consultadas no ven la ventaja: “Se nos hace elegir entre el tipo de soga con la que queremos ahogarnos”.

Fuga de inversiones en un momento crítico

Las repercusiones económicas de esta incertidumbre regulatoria son inmediatas. A los 9.000 millones de euros en inversiones internacionales que el sector dio por cancelados tras la presentación del primer borrador, se añade ahora el riesgo directo sobre una cartera de 67.000 millones de euros prevista hasta el año 2030. Multinacionales como Google ya han anunciado la congelación o revisión de sus planes de expansión en el país, mientras que firmas como Merlin Properties o ACS evalúan reubicar sus desarrollos hacia mercados europeos con mayor estabilidad normativa.

La industria recalca que la “ventana de oportunidad” de España para liderar la capacidad de procesamiento de datos y la inteligencia artificial en el sur de Europa es reducida, de apenas dos o tres años. Si el marco normativo desincentiva la inversión, el capital se desviará definitivamente hacia otros países de la Unión Europea que están cumpliendo la directiva comunitaria de triplicar su capacidad de datos.

En cualquier caso, señalan desde el sector que por ahora es pronto para saber si nuevos inversores deciden desviar sus inversiones a otros territorios tras conocer la normativa que ha enviado el Gobierno al Consejo de Estado este mismo lunes. Pero sí advierten que las protestas son fuertes y unánimes, aunque prefieren no desvelar todos los afectados concretos que se están quejando.