Las ‘ranas’ de Aguirre y otros acusados de corrupción del PP se benefician del colapso de la Audiencia Nacional

El enorme colapso que padece la Audiencia Nacional, que acumula años de retrasos para celebrar juicios, ya ha beneficiado a numerosos excargos del PP sentenciados y acusados por corrupción, que han visto cómo se reducían las penas de cárcel que se solicitaban para ellos. Entre otros, en estos últimos meses, para Francisco Granados e Ignacio González, antiguos hombres de confianza de Esperanza Aguirre, la baronesa popular que se jactaba de que apenas “dos de los más de 500 altos cargos” que nombró en su vida le “han salido ranas”. La Fiscalía ha alertado de que la demora de las vistas de las macrocausas ha provocado que la atenuante de dilaciones indebidas, que supone una reducción del castigo, se aplique casi de forma “sistemática”; y ha reclamado medidas para “agilizar” los procedimientos.

“Se trata, sin duda, de una de las lacras que dañan la eficacia y la propia credibilidad de la Administración de Justicia”, lamenta la Fiscalía Anticorrupción en su última memoria.

Debido al retraso acumulado, los escándalos del PP por épocas pasadas copan los juicios por corrupción política que se vienen celebrando en los últimos años en la Audiencia Nacional, como los casos Lezo, Púnica, Ciudad de la Justicia, Kitchen (una derivada del caso Villarejo) y los últimos coletazos de Gürtel. En todos ellos, las dilaciones indebidas ya se han aplicado o se han solicitado. Pero en el horizonte se avistan otras potenciales vistas que afectan al PSOE (como el caso Koldo y sus ramificaciones), que se arriesgan a padecer este problema. De hecho, el propio exministro socialista José Luis Ábalos, cuando se hizo inevitable su juicio en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas, se arrepintió de no haber dejado antes el escaño de diputado —como le había recomendado uno de sus abogados—, lo que habría provocado que perdiera el aforamiento y que las pesquisas contra él recalaran en la Audiencia Nacional y se dilataran.

El abogado Ángel Galindo, que llevó la defensa del denunciante del caso Gürtel, incide en que la falta de refuerzos en la Audiencia Nacional —especialmente, en los juzgados de instrucción, donde las investigaciones se prolongan durante mucho tiempo— explican buena parte de la situación. “Las macrocausas se atascan en la Audiencia Nacional. Y ya solo por estar ahí, se aplican de oficio las dilaciones indebidas”, expone el letrado, que remacha: “La Fiscalía las tiene que solicitar porque es el garante de la legalidad. Si no, ya están los abogados defensores para recordarlo. Y la sala juzgadora las tiene que estimar. Es inadmisible que casos como Gürtel, Púnica o Lezo se juzguen 14 o 16 años después de producidos los hechos. Eso tampoco es justicia para el procesado”.

El último ejemplo se vivió el pasado jueves. La fiscal Ana Cuenca anunció que rebajaba la pena que solicita para Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en su primer juicio por corrupción por el caso Lezo. De seis años de prisión ha pasado a cinco. “Han estado cinco años esperando un juicio. Esto no es imputable a la sala, ni a la fiscal, ni a las defensas. Pero tampoco tienen por qué sufrirlo los acusados”, argumentó, abriendo así la puerta a que se adopte una medida similar en las otras dos vistas que el exdirigente del PP tiene pendientes (en las que se le piden otros 12 años de cárcel). Es más, hace apenas unas semanas, Anticorrupción ya redujo el castigo reclamado para otros cargos del PP (Pedro Calvo Poch y Juan Bravo, que fueron consejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid) que se sentaron en el banquillo por otra línea del caso Lezo.

El ministerio público hace así malabarismos. A la vez que exige “sentencias ejemplares” para acusados como Ignacio González, concluye que se le hace inevitable plantear esas rebajas de penas, que trata de minimizar en ciertos casos. Como ha ocurrido con el expresidente madrileño, para quien la fiscal Cuenca añadió que debe apreciarse “un atenuante, pero leve”. “No debe ir más allá”, apostilló ante el tribunal, que tiene la posibilidad de reducir aún más una posible pena por esas dilaciones indebidas, como le han pedido las defensas en caso de condena. Así lo exigió José María de Pablo, abogado de otros dos acusados en esta vista: “Es un procedimiento de 10 años sobre hechos de hace 20 años, y con cinco años esperando el señalamiento de juicio... Todo ello, en un procedimiento que no es especialmente complicado. Solo ha habido cinco días de juicio”.

La lista de cargos del PP beneficiados por las dilaciones indebidas es amplia e incluye, entre otros, a antiguos vicepresidentes autonómicos, consejeros regionales, parlamentarios, alcaldes, concejales... Por ejemplo, el pasado julio, la Audiencia Nacional se le aplicó en el caso Púnica a Francisco Granados, quien fuera también secretario general del PP de Madrid con Aguirre; al exsenador popular David Erguido; y a cuatro exregidores del partido conservador. “El tribunal aprecia la atenuante simple de dilaciones indebidas exclusivamente por el periodo de paralización derivado de la imposibilidad sobrevenida de celebración del juicio”, apuntó la Sala. El pasado año, la Audiencia también apreció dicho atenuante para un exalcalde del PSOE en otra derivada de Púnica.