Las protestas sacuden las fábricas textiles de Bangladés: 120 dólares al mes por coser la ropa que viste al mundo’

Tanjila tiene 18 años y es la única que lleva un sueldo a casa. Cobra 120 dólares al mes en una fábrica de ropa de Daca, con los que mantiene a sus padres y a su hermano pequeño, que cursa quinto de primaria. El padre, enfermo del pulmón tras haber trabajado durante años en una fábrica de cemento, no puede contribuir a la economía familiar. Es el motivo también por el que Tanjila tuvo que abandonar los estudios y empezar a trabajar en la industria textil siendo adolescente. Muchas de las prendas que ayuda a fabricar acabarán en escaparates de Europa y Estados Unidos, donde serán vendidas por algunas de las mayores cadenas mundiales de moda. Sin embargo, el salario de Tanjila apenas alcanza para cubrir los gastos de alimentación de la familia, la educación de su hermano y el pago del alquiler de la vivienda, una pequeña habitación de unos seis metros cuadrados que le cuesta 40 dólares mensuales.

“Es muy difícil salir adelante con nuestros salarios, porque han subido los precios de los alimentos y la electricidad”, explica la joven a este diario. La precariedad que describe Tanjila ha sacado en la última semana a miles de trabajadores del textil a la calle y ha provocado el cierre por huelga de cientos de fábricas, en un país que es el segundo exportador mundial de prendas de vestir, solo por detrás de China.

Hasta hace unos meses, su hermana mayor, Tanjina, también trabajaba en el sector. Las dos compartían empleo en una fábrica del barrio de Rampura, pero ella se casó y se trasladó a Gazipur, un distrito próximo a la capital. Poco después, la planta cerró sin previo aviso. Cientos de empleados se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana y algunos todavía tienen salarios pendientes de cobro. Pero no es un caso único. La fábrica en la que trabajaban las hermanas fue una de las 402 plantas textiles que cerraron en Bangladés entre julio de 2023 y junio de 2026, según informó el ministro de Comercio, Khandakar Abdul Muktadir, al Parlamento el pasado 3 de septiembre. El Gobierno atribuye esos cierres a una combinación de factores, como la ralentización económica mundial, los conflictos internacionales, la inestabilidad política interna y la creciente presión competitiva sobre los fabricantes bangladesíes. Tanjila logró encontrar empleo en otra fábrica cercana, pero no todos corrieron la misma suerte.

Esa combinación de inseguridad laboral y salarios insuficientes ayuda a explicar la ola de movilizaciones que recorre el país desde el pasado 31 de octubre. Miles de trabajadores han salido a las calles para reclamar que el salario mínimo mensual pase de 12.500 takas (unos 100 dólares) a 30.000 (244 dólares) en una industria que genera más del 80% de las exportaciones del país.

El sector exportó prendas por valor de 38.700 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025-2026, según la Oficina de Promoción de Exportaciones (EPB). La Unión Europea continúa siendo su principal mercado y absorbió compras por valor de 19.710 millones de dólares, el 50,1% de todas las exportaciones textiles bangladesíes. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 7.550 millones de dólares (19,18%), seguido de Reino Unido, con 4.350 millones (11,05%).

El 1 de noviembre, al menos 529 fábricas suspendieron su actividad. Un trabajador, Toufiq Sheikh, murió tras ser golpeado durante las protestas y, hasta el 5 de noviembre, al menos 60 personas habían sido detenidas y otras 50 habían resultado heridas. Los empleados ya protagonizaron movilizaciones similares en 2023 para reclamar un salario mínimo de 200 dólares mensuales. Entonces, el Gobierno elevó el mínimo de 8.000 a 12.500 takas (unos 100 dólares), una subida que muchos trabajadores consideran insuficiente ante el encarecimiento del coste de la vida. Tanjila cobra hoy 120 dólares, apenas por encima de ese mínimo.

Ante la presión de las protestas, el Gobierno anunció el pasado 1 de noviembre la creación de una nueva comisión salarial, que tres días después comunicó que se negociaría una nueva escala salarial que entraría en vigor en diciembre. Según la comisión, los trabajadores recibirían el primer salario actualizado en enero de 2027. Aunque el anuncio contribuyó a rebajar la tensión en las zonas industriales y muchas fábricas retomaron la actividad, el conflicto sigue abierto a la espera de que se concrete la cuantía de la subida salarial. Mientras los sindicatos defienden la necesidad de alcanzar las 30.000 takas mensuales para compensar el aumento del coste de la vida, la patronal considera que la decisión debe quedar en manos de las autoridades.

Mahmud Hasan Khan Babu, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladés (BGMEA), asegura que las empresas acatarán el resultado del proceso. “Nuestros representantes presentarán nuestra propuesta, los trabajadores presentarán la suya y, al final, todos aceptarán lo que decida la comisión salarial”, afirma.

Sin embargo, para Syed Sultan Uddin Ahmed, director ejecutivo del Instituto de Estudios Laborales de Bangladés (BILS, por sus siglas en inglés), el conflicto va mucho más allá de una subida puntual. “Los salarios actuales de los trabajadores de la confección en realidad no son un salario. Cuando se establecieron ya estaban fijados en el nivel más bajo de todos. Cada vez que se determina un salario, resulta tan bajo que los trabajadores nunca quedan satisfechos”, sostiene. Por ello, el experto pide al Gobierno que permita a la comisión examinar el coste real de la vida antes de fijar la nueva remuneración. “Esta vez tiene que ser un salario aceptable. No quiero dar una cifra, pero debe ser aceptable para ambas partes. La discusión debería partir de la demanda de los trabajadores de 30.000 takas”, añade.

Las fábricas que escapan al control

Bangladés carece de una base de datos exhaustiva y actualizada de los trabajadores del sector. Mientras el Gobierno comunicó al Parlamento que había más de cinco millones de empleados en junio de 2024, la base de datos biométrica de la BGMEA contabilizaba 3,3 millones, de los cuales el 52,28% eran mujeres. La diferencia entre ambas estimaciones ilustra las dificultades para conocer la verdadera dimensión de una industria que constituye el principal motor exportador del país y en la que una parte de la producción se realiza a través de fábricas subcontratadas y pequeños talleres fuera de los principales sistemas de control. Las propias autoridades y la patronal difieren sobre el número de fábricas en funcionamiento. Mientras el Ministerio de Trabajo contabilizaba 4.265 plantas de confección registradas en junio de 2026, la BGMEA cifraba en 2.128 las fábricas operativas en mayo de ese mismo año.

No queremos una situación en la que los salarios suban y al día siguiente vuelva a aumentar la inflación. Los precios del gas y la electricidad han estado subiendo recientemente y todo ello afecta mucho a los trabajadores

Nazma Akter, sindicalista

La precariedad es especialmente acusada en las pequeñas fábricas que trabajan como subcontratistas de las grandes plantas proveedoras de las marcas internacionales. En estos talleres, las condiciones laborales y los mecanismos de inspección son mucho más débiles. “Para quienes trabajan en régimen de subcontratación, ni el entorno ni las condiciones laborales se están abordando en absoluto. El departamento de inspección ni siquiera se acerca a ellos”, afirma Ahmed. “Las personas que trabajan desde casa, o en talleres de 20 o 25 personas que suministran a las fábricas, no son pocas. Pero llegar hasta ellas es muy difícil”, añade.

Preguntado por estas instalaciones, Mahmud Hasan Khan Babu responde: “No comentaremos sobre quienes no son nuestros miembros. Esa es responsabilidad del Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos. La mayoría de nuestros miembros cumplen las normas y los pocos que no lo hacen avanzan gradualmente hacia el cumplimiento”.

Rehana Akter, de 52 años, trabaja precisamente en una pequeña fábrica de Daca. Antes estuvo empleada en una planta de mayor tamaño, pero decidió trasladarse a otra más cercana a su casa debido a su edad y a las necesidades de su familia. Vive con su marido, dos hijas y un hijo en Nandipara, un complejo donde 11 familias comparten cocina, aseos y baños. Cada una ocupa una habitación con techo de chapa por la que paga entre 40 y 50 dólares al mes.

“El dueño de mi fábrica es un poco tacaño. No quiere subirnos el sueldo”, dice Rehana, que duda de que una mejora de la escala salarial llegue a traducirse en un aumento efectivo de su remuneración. En su hogar, incluso la carne se ha convertido en un lujo. “No podemos comprar carne de vacuno porque cuesta 6,42 dólares el kilo. Incluso el pollo a veces está fuera de nuestro alcance. Por eso comemos principalmente pescado, lentejas y arroz”, explica durante la pausa del almuerzo. Su hija menor, Mitu Akter, que este año aprobó los exámenes de Educación Secundaria Superior, adora el pollo. Pero la familia rara vez puede permitírselo. Hace dos meses compraron un polluelo y lo crían en una jaula dentro de la habitación para poder comérselo cuando crezca.

Los gastos básicos tampoco dejan de aumentar. Akter explica que la factura de la electricidad se ha duplicado desde junio. Antes pagaba entre seis y siete dólares al mes; ahora desembolsa cerca de 12.

La vulnerabilidad de estas familias se hace especialmente evidente cuando surge un problema de salud. Lata Begum, vecina de Akter en el mismo complejo, dejó su empleo en una fábrica de confección cuando se quedó embarazada y ahora cuida de su hija de dos años, Joy Moni. Este año, la pequeña sufrió dengue y sarampión, una combinación que obligó a la familia a gastar unos 220 dólares en apenas un mes. Sin ahorros, tuvieron que pedir dinero prestado a sus familiares para afrontar los gastos médicos. “La mayoría de las trabajadoras de la confección dejan su empleo cuando se quedan embarazadas debido a la insuficiencia de instalaciones y apoyo por parte de las fábricas”, asegura Begum.

Embarazadas despedidas

La falta de protección social afecta especialmente a las mujeres. Nasrin Akter Dina, presidenta del Comité de Mujeres del Workers Resource Centre (WRC), denuncia que algunas empresas despiden a las trabajadoras cuando descubren que están embarazadas. “En muchas fábricas, cuando una trabajadora queda embarazada y la empresa lo descubre, pierde su trabajo”, sostiene.

La legislación laboral prevé 120 días de baja por maternidad remunerada, 60 antes del parto y otros 60 después. Sin embargo, según Dina, algunas empresas aprovechan ese periodo para impedir que las empleadas regresen a sus puestos. “En muchas fábricas conceden los 60 días previos y luego entregan a la trabajadora una carta de dimisión o algo parecido. Cuando intenta reincorporarse, ya no tiene empleo”, denuncia a este diario.

En muchas fábricas, cuando una trabajadora queda embarazada y la empresa lo descubre, pierde su trabajo

Nasrin Akter Dina, presidenta del Comité de Mujeres del Workers Resource Centre

Para Nazma Akter, presidenta de la Sammilita Garments Sramik Federation, una organización centrada en la defensa de los derechos laborales del sector textil, el aumento salarial por sí solo no resolverá los problemas de quienes trabajan en esas fábricas. “Faltan guarderías en las fábricas y queremos que existan servicios comunitarios, junto con protección social”, reclama.

A pocos metros de la habitación de Rehana Akter vive Rekha, de 55 años. Tras la pausa del almuerzo, abandona el recinto con una botella de agua y una caja de hojas de betel para regresar a su puesto de trabajo. “He casado a mi hija, pero su marido la abandonó. Ahora vivimos juntas y las dos trabajamos en una fábrica de confección de ropa”, cuenta.

Su hija, Lovely, de 22 años, pasa el fin de semana deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono móvil. No tienen televisión ni otras opciones de ocio. “Solo vemos reels, dramas y algunas películas en nuestros teléfonos móviles; es la única forma de entretenimiento que hemos tenido en nuestra vida”, dice.

Historias como las de Tanjila, Rehana, Lata o Lovely son las que, según los sindicatos, explican las protestas de las últimas semanas. Por eso, para la sindicalista Nazma Akter, el desafío va más allá de fijar un nuevo salario mínimo. “No queremos una situación en la que los salarios suban y al día siguiente vuelva a aumentar la inflación. Los precios del gas y la electricidad han estado subiendo recientemente y todo ello afecta mucho a los trabajadores”, advierte. Se trata, en definitiva, considera, de poder pagar el alquiler, afrontar una enfermedad sin endeudarse o evitar que los hijos tengan que abandonar la escuela para ponerse a trabajar como le ocurrió a Tanjila.