La operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrollada este jueves por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha puesto el foco en Andrea de la Torre, novia del exministro José Luis Ábalos, y, en concreto, en una compra inmobiliaria que hizo en 2024, según detallan a este periódico fuentes cercanas a la investigación. Se trata en concreto de la adquisición de un local y una plaza de garaje en el distrito madrileño del Ensanche de Vallecas por un importe de 125.000 euros. Los investigadores sospechan que el dinero utilizado puede proceder de las supuestas mordidas que la trama que anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa del exdirigente socialista al frente del mismo recibió de constructoras. Agentes de la UCO registraron este jueves la vivienda en Valencia del exministro donde vivía su pareja y detuvieron a esta, que quedó en libertad tras negarse a declarar a la espera de que la cite el juez Moreno.
La operación inmobiliaria bajo sospecha ya aparecía citada en un informe de la UCO de marzo de 2025. Entonces, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que dirigía las pesquisas por la condición de aforado de Ábalos, encargó a los agentes un informe patrimonial sobre este y su entorno familiar. En aquel documento policial, los investigadores ya citaban a De la Torre y la adquisición de los inmuebles en el Ensanche Vallecas tras la intervención de varios mensajes de WhatsApp cruzados entre el exministro y el que había sido su asesor, Koldo García, en el que hablaban de la necesidad de financiación de la novia del primero.
Los agentes detallaban que la joven había formado parte del “ámbito íntimo personal” de Ábalos desde diciembre de 2020 y que, “bajo el paraguas de esa relación”, el exministro ya había dado instrucciones a su exasesor para que realizara ingresos de fondos en las cuentas bancarias de su pareja. También, que el exdirigente socialista se había interesado por la concesión de una hipoteca a De la Torre “destinada a la adquisición de un bien inmueble”. Siempre según el informe, en noviembre de 2023, cuando ya no era ministro, Ábalos preguntó a García por las gestiones que este estaba realizando ante una entidad financiera para que se concediera a De la Torre un préstamo de 130.000 euros.
En ese cruce de mensajes, los agentes destacan que Ábalos se erigió en el “interlocutor válido” ante el gestor bancario para las gestiones en lugar de la joven. El documento policial añade que finalmente el 19 de abril de 2024 la mujer adquirió “un local de uso industrial” y una “plaza de aparcamiento” en un inmueble situado en la zona conocida como La Gavia. Meses antes, en junio de 2023, la mujer había constituido la sociedad Galvanostudio SL, con 4.000 euros de capital, como socia única y administradora. El objeto de la misma era la gestión de encargos de venta y alquiler, la tramitación, promoción y asesoramiento en operaciones inmobiliarias, destacan los informes policiales.
Las pesquisas han revelado ahora que el pago del importe de ambos bienes se hizo en dos entregas de dinero. Uno primero de 7.500 euros mediante transferencia que De la Torre hizo como fianza para reservarlos. Y un segundo de 117.500 euros entregados en un solo pago con un cheque bancario. La forma de abonar las cantidades levantó las sospechas de la UCO, ya que en aquel momento la novia de Ábalos tenía 25 años y no constaba que tuviera una fuente de ingresos que pudiera justificar esos fondos. La investigación se centra ahora en aclarar el origen de aquel dinero y si el mismo procede presuntamente de comisiones ilegales por la adjudicación irregular de contratos públicos.
No obstante, la operación de la UCO de este jueves va más allá de las sospechas sobre la compra del local y la plaza de garaje en Madrid por parte de la novia de Ábalos. Durante el operativo, los agentes detuvieron a otras cinco personas, entre ellas Cristian Corvillo, un militante socialista radicado en una localidad de Córdoba que trasladó en su vehículo a Pedro Sánchez en algunos desplazamientos por Andalucía durante las primarias del PSOE de 2017. Los agentes también hicieron requerimientos de información al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y a la constructora sevillana Grupo Azvi. Los delitos que se investigan son tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Source: El País · Óscar López-Fonseca
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