La Fiscalía pide un año y 11 meses de prisión para el alcalde de Estepona por prevaricación y malversación

La Fiscalía de Marbella ha solicitado un año y 11 meses de prisión para el alcalde de Estepona (Málaga, 78.413 habitantes), José María García Urbano (PP) al que acusa de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales. La fiscal Alejandra Gómez pide la apertura de juicio oral y sostiene su petición argumentando que el regidor, que lleva en el cargo desde el año 2011, contrató como cargo de confianza municipal a una mujer con la que mantenía una relación sentimental “a sabiendas de que no iba a desempeñar actividad laboral alguna” y que, a pesar de ello, esta cobró algo más de 5.000 euros. El ministerio público también pide para García Urbano cinco años de inhabilitación como cargo o empleo público.

El procedimiento arrancó como consecuencia de otro anterior, en el que la acusada denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte del regidor esteponero durante los años 2022 y 2023. Ella afirmó ahí que había sido contratada sin haber realizado ningún trabajo a cambio. Aquel caso quedó archivado, pero las palabras sirvieron para que arrancase otro procedimiento judicial, para el que se practicaron distintas diligencias de investigación que han culminado en esta acusación. Eso sí, supone una rebaja respecto a las intenciones iniciales de Gómez, que enero había solicitado cinco años y medio de prisión para García Urbano, pena rebajada porque el regidor ha ingresado en las cuentas municipales todo el dinero que se pagó a la acusada, incluidos los gastos de Seguridad Social.

El nuevo escrito de calificación de la fiscalía marbellí relata que el Ayuntamiento de Estepona emitió el 13 de febrero un decreto de Alcaldía dictado por el alcalde de Estepona para la contratación de Cristina Pulido como personal eventual adscrita al Área de Control Externo de la Corporación. Explica la fiscal que lo hizo “en connivencia con la acusada” con quien “mantenía una relación sentimental” y a sabiendas de que ella “nunca iba a desempeñar actividad alguna”. La mujer permaneció contratada unos 50 días desde mediados de febrero hasta el último día de marzo, tiempo en el que recibió 5.276 euros, cantidad de la que se apropió “sin contraprestación alguna, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal”.

La fiscalía recuerda, además, que una vez iniciada la investigación el alcalde ingresó –de su propio bolsillo, como explicó él mismo– esa misma cantidad en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Estepona el pasado 26 de noviembre de 2025. Y este verano ingresó otros 2.590 euros correspondientes con los gastos de cotización a la Seguridad Social derivados de la contratación de Pulido “saldando así todos los gastos generados por la indebida relación contractual”, según relata en el escrito, que reduce la petición de pena que había hecho

Para la fiscal los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación cometido por autoridad y malversación de caudales públicos. Para García Urbano, al que considera autor de dichos delitos, solicita un año y once meses de prisión así como cinco años y seis meses de inhabilitación para cargo o empleo público. Pulido, por su parte, a la que se considera cooperadora necesaria en ambos delitos, se enfrenta a cuatro años y seis meses de prisión, así como ocho años de inhabilitación.

Así, el alcalde se se sentará en el banquillo de los acusados, en un juicio que aún no tiene fecha. Tanto él como la acusada serán llamados a testificar igual que lo hará Blas Ruzafa, concejal del Área de Control Externo durante el periodo en el que se contrató a Pulido, que durante las diligencias de investigación ya manifestó que el personal eventual era nombrado directamente por el alcalde y que no estaba sometido a control horario. También subrayó que no podía “identificar actuación, trabajo o cometido concreto” desarrollado por la acusada, según recoge el escrito de la acusación popular.

Recurso de la defensa

La defensa de García Urbano ha manifestado su disconformidad con el auto judicial y ha anunciado que presentará un recurso. Lo hará al considerar “que no existe ningún indicio delictivo que justifique la continuación del procedimiento por la contratación de una persona como cargo de confianza durante un periodo de 46 días” y porque, en su opinión, “se ha acreditado con informes municipales del departamento de Recursos Humanos las funciones que se desempeñan en ese puesto, así como el servicio prestado con esa contratación”. También subrayan que durante las diligencias varios testimonios hablaron sobre la asistencia y el trabajo que realizaba esa persona para el ayuntamiento.

Fuentes de la defensa insisten en que no se ha cometido ningún delito y que existe absoluta tranquilidad ante este procedimiento. Por eso, se muestran convencidas “de que las actuaciones judiciales permitirán demostrar la falsedad de las acusaciones y acreditar que la contratación se desarrolló sin que se cometiera ilícito penal alguno”.