La exconsejera de Mazón investigada en la dana defiende que “nadie debería estar imputado” en la causa

Salomé Pradas, que fue consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana pilotada por Carlos Mazón (2023-2025) y hoy es la principal investigada en la causa que indaga la responsabilidad penal de la dana que dejó 233 muertos en 2024 en Valencia, cree que no debería estar bajo el foco de las pesquisas que instruye la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra. “No tendría que haber nadie imputado. Fue una tragedia de una dimensión imposible de prever, que lastró la gestión por no tener información de la magnitud de lo que iba a pasar”, aseguran a EL PAÍS fuentes próximas a la exdirigente. Desde marzo del pasado año, Pradas figura como imputada por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes junto a quien fuera su número dos, el exdirector de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso.

La exconsejera carga las tintas contra la instrucción de la magistrada de Catarroja, que en 22 meses ha tomado declaración a más de 500 testigos. Por su juzgado han desfilado decenas de familiares de víctimas, altos cargos del Consell y del Gobierno de Pedro Sánchez y alcaldes de municipios azotados por el monumental temporal de 2024. “Ha sido una carrera desesperada por culpar a la Generalitat de la dana y ha tapado la responsabilidad de otros organismos [del Ejecutivo central], como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) —que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica— o la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana”, sostienen las mismas fuentes. En decenas de autos avalados por la Audiencia Provincial de Valencia, la jueza ha descartado la responsabilidad en la desgracia de las instituciones del Ejecutivo central. Y ha situado en su mirilla a la exconsejera Pradas, que era la máxima responsable institucional de gestionar la emergencia, por no haber enviado antes la alerta masiva a móviles Es-Alert. Una notificación que se coló en los teléfonos cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. A ojos de la instructora, existen “indicios abrumadores de conducta negligente” contra la exmandataria, según un auto del pasado octubre.

Pese a que el entorno de la exconsejera sostiene que “nadie debería estar investigado”, en el hipotético escenario de “tener que elegir compañeros de imputación”, ahí deberían estar los presidentes de la CHJ y de la Aemet y quien era delegada del Gobierno en Valencia durante la dana, Pilar Bernabé, hoy cabeza de lista socialista por Valencia para las generales del próximo 29 de noviembre. “Eran los verdaderos responsables de revisar y avisar sobre lo que estaba sucediendo en el barranco del Poyo”, afirma el círculo cercano a Pradas en alusión a la rambla que, tras desbordarse, originó la gran ola que sepultó municipios como Paiporta (Valencia, 28.136 habitantes) o Catarroja (30.604), donde fallecieron 55 y 25 personas, respectivamente.

A juicio del entorno de la exconsejera, la actuación de la instructora ha sido “parcial y contaminada”. “Un instrumento al servicio de la idea de achacar la responsabilidad a la Generalitat. Desoye la presunción de inocencia”, remachan estas fuentes.

La investigación encara su recta final, y fuentes próximas a Pradas dan por sentado que la magistrada Ruiz Tobarra la mantendrá como investigada y pedirá la apertura de juicio oral para ella y el exdirector autonómico de Emergencias. “Sin duda. Seguro que mantiene las imputaciones y dicta auto de inculpación y no de sobreseimiento. Quedaría muy feo archivar después de dos o tres años de instrucción y tras las expectativas que ha levantado a las víctimas”, señala el círculo de la exconsejera, que desde septiembre es defendida por el penalista Pedro Colina, el abogado en el caso Kitchen de Francisco Martínez, exsecretario de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy. Ruiz Tobarra asumió las pesquisas un mes después de la desgracia del 29 de octubre de 2024.

El enigma procesal de Mazón

Fuentes próximas a Pradas consideran “una rareza” que el expresident Carlos Mazón, que el día de la riada de 2024 estuvo casi cuatro horas en un restaurante mientras se inundaba la provincia de Valencia, se haya personado en la causa de la jueza de Catarroja sin estar investigado. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazó el pasado marzo situar a Mazón bajo el foco de las pesquisas al no apreciar indicios de delito y estimar que la exposición razonada —movimiento para justificar una imputación— de la magistrada Ruiz Tobarra se basaba en “sospechas y conjeturas”. El expresident está aforado por su condición de diputado en las Cortes Valencianas. El entorno de Pradas define así la figura del exjefe del Consell en la causa: “Es un quiero y no puedo, tanto por parte de la Justicia como de Mazón, aunque por razones distintas, claro”.

La guerra contra la jueza

La que fuera alto cargo de Mazón hasta su destitución, tres semanas después de la riada de 2024, anuncia una batalla contra la instructora de Catarroja. Una guerra que se librará en forma de recursos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de la judicatura, archivó el pasado mes una queja de Pradas y Argüeso contra Ruiz Tobarra y su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera. El organismo consideró que Martínez Ribera no cometió irregularidad alguna al tomar declaración a testigos en la primera fase de la instrucción, tal y como mostraba supuestamente una grabación difundida en un digital en 2025. “Vamos a recurrir [la decisión del CGPJ]. Es un archivo precipitado. No se puede afirmar alegremente que el marido de la jueza no tomó declaración a víctimas sin llamar a estas a declarar para que lo confirmen. Les da miedo llamarlas porque estropearían el archivo de la queja”, valoran estas fuentes.

La jueza aseguró hace un año que el razonamiento por el que imputó a Pradas, en marzo de 2025, se encuentra intacto. Durante su primera declaración como investigada (una figura procesal que permite mentir), la exconsejera descargó su responsabilidad en los técnicos, exculpó a Mazón y sostuvo que no ejerció su poder en el Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la riada y que activó el envío del Es-Alert, el movimiento que centra las pesquisas de la magistrada. “Esa ilusoria incapacidad de decisión de la consellera encargada de la emergencia, en la peor inundación desde la riada del 1957 [catástrofe que causó 81 muertos en Valencia], bajo la que se parapetó la defensa [...] se ha mostrado absolutamente incierta”, alegó tajante la instructora.