La emisión de tarjetas de transporte se desploma tras endurecer Madrid los requisitos y condicionarlas al empadronamiento

La emisión de tarjetas de transporte del Consorcio Regional de Madrid (CRTM) se derrumbó un 23,5% en 2026 con respecto a la media de los veranos de 2023, 2024 y 2025 tras endurecerse el criterio de residencia para su obtención. Así lo reflejan los datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia, ceñidos al periodo 15 de junio-1 de septiembre para cada año. Aunque la Administración autonómica niega a ese balance capacidad para “establecer una relación causal” entre el descenso y la decisión de condicionar la obtención del título de transporte a la acreditación de la residencia en la región, el cambio, en vigor desde el 15 de junio, ha generado críticas de la oposición por su impacto potencial sobre estudiantes y trabajadores de otras regiones y migrantes no empadronados. La Administración, según un portavoz, calcula que los usuarios no residentes son unos 200.000 (3,4% del total).

José Valencia, de 22 años, llegó a Madrid en septiembre para trabajar en la Clínica Universidad de Navarra. Siempre ha estado empadronado en Obanos (Navarra), pero hace un mes solicitó el alta en el padrón madrileño “única y exclusivamente” para obtener el abono joven. Mientras se resuelve el trámite, utiliza el bono de 10 viajes, que cuesta 7,50 euros, y calcula que consume dos a la semana. Su intención era volver a empadronarse en Navarra a finales de año para votar allí en las elecciones generales y autonómicas, un plan que cree frustrado por el adelanto electoral. “El Ayuntamiento me tiene de los nervios. Llevo un mes esperando el empadronamiento y nada”, asegura.

Por su parte, Sandra López, una puertorriqueña de 21 años, llegó a Madrid para cursar un año de intercambio en la Universidad Complutense. En su primera semana en la ciudad realizó, según calcula, unos 30 viajes en autobús y metro para acudir a clase, a citas de extranjería, al banco o al supermercado, y gastó 21,90 euros. De mantener ese ritmo, gastaría 87,60 euros al mes en transporte. Cuando buscó una alternativa al comprobar que era mucho dinero, descubrió que no podía acceder al abono joven porque carecía de empadronamiento. “No tener empadronamiento me priva de ciertos beneficios, como el abono joven”, lamenta.

El CRTM reconoce que carece de estudios sobre el impacto de la medida (aduce que no ha transcurrido suficiente tiempo), que desconoce cuántos usuarios se han visto afectados por la medida y que no sabe su impacto económico. Lo que muestran los datos oficiales es que, entre el 15 de junio de 2026, cuando entró en vigor la medida para tarjetas nuevas y duplicados, y el 1 de septiembre, se emitieron 183.583 tarjetas. Eso supone 35.798 menos que en 2023, 41.188 menos que en 2024 y 92.578 menos que en 2025, cuando la emisión de tarjetas personales aumentó significativamente debido a la implantación de un título gratuito para menores de 7 a 14 años, cuya obtención requería disponer de una tarjeta de transporte público. Es decir, de media, en 2026 se emitieron 56.521 tarjetas menos. Un dato que el CRTM separa del requisito de empadronamiento a través de un escrito firmado por su director gerente, Pablo Rodríguez Sardinero.

“Cuando la solicitud presenta defectos o falta la acreditación exigible, se requiere su subsanación y, una vez subsanada, se procede a la emisión”, detalla el directivo sobre una circunstancia que se repite año a año. “Por esta razón, los datos disponibles de expedición no deben identificarse automáticamente con solicitudes aprobadas o denegadas, ni la diferencia entre ejercicios puede equipararse al número de tarjetas supuestamente no emitidas por la exigencia de acreditar la residencia”, defiende.

Y concreta: “El artículo 14.4 de la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, establece que el Consorcio solo financiará, con cargo a sus recursos, abonos de transporte de usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y en aquellas otras comunidades autónomas con las que se hubieran suscrito convenios. La Resolución de la Dirección-Gerencia dictada para la aplicación de dicho precepto no introduce un nuevo requisito sustantivo de empadronamiento, sino que concreta el ámbito territorial de residencia exigible y establece los mecanismos para acreditar dicha residencia de forma objetiva y homogénea”.

Para llegar hasta aquí, Madrid decidió aplicar una norma de 2011, según explicó un portavoz gubernamental cuando explotó la controversia. Es decir, que ha tardado 15 años en activarla. La explicación para esa tardanza es múltiple, según trasladó este interlocutor: “La implantación progresiva de la tarjeta sin contacto, limitaciones tecnológicas e integración del sistema, la pandemia de covid-19 y la alteración de la demanda”. Sin embargo, la activación de la condición de estar empadronado llega menos de un año antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2027, y justo cuando Vox impulsa un proyecto de “prioridad nacional” que está intentando imponer en sus negociaciones para formar gobiernos autonómicos de coalición con el PP.

Críticas de la oposición

Cuando EL PAÍS avanzó esta decisión, el ministro Óscar López, del PSOE, la consideró “racista y excluyente”. Por su parte, Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, la tildó de “absurda”. Y añadió: “Es una demostración de que Ayuso no necesita un pacto de coalición con Vox para aplicar las políticas de la llamada ‘prioridad nacional’, ya que sin necesidad de sus votos y de tapadillo ya se dedica ella sola a hacerle la vida más difícil a las personas migrantes y a usar las trabas burocráticas para quitar derechos a la gente”.

Ante la polémica consecuente, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tuvo que dar un volantazo. “Vamos a promover otros acuerdos con el resto de regiones para que, por ejemplo, los jóvenes universitarios y los demás estudiantes en Madrid puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva”, dijo. Ese alivio, que no incluye a los migrantes, debe concretarse a través de convenios de “corresponsabilidad financiera” entre regiones.

Es decir: que las Comunidades Autónomas de origen deben comprometerse a pagar junto a Madrid por esos títulos de transporte. Desde que se hizo el anuncio, no ha habido ningún acuerdo, según se desprende de la comunicación del CRTM, pues los vigentes con Castilla-La Mancha y Castilla y León vienen de antes. En paralelo, Cataluña ha rechazado firmar un compromiso de ese tipo.