La derecha recupera la idea de la repetición de curso para los rezagados: al revés que los 10 mejores países del Informe PISA

El Partido Popular y Vox han anunciado que, si llegan al poder tras las elecciones del 29-N, darán marcha atrás en el camino de reducir la repetición de curso. El programa popular señala, con el vago estilo de las promesas electorales, que en la ESO “volverá a pasarse de curso con las asignaturas aprobadas”. Una moción apoyada por ambos partidos en 2024 en el Congreso precisaba solo un poco más su apuesta por “impedir que los alumnos puedan pasar de año académico y conseguir titulaciones con asignaturas suspensas”. Todo apunta a que, en la práctica, ese planteamiento se aterrizaría en una vuelta al modelo que condiciona avanzar a no tener más de cierto número de materias pendientes, normalmente tres.

Ello supondría un giro a la normativa que empezó a aplicarse en 2021 ―que desvinculó la repetición de los suspensos y la limitó a aquellos casos en que los equipos docentes consideren que ayudará a mejorar su marcha académica―. Y tendría probablemente como efecto un aumento de las repeticiones o, al menos, una disminución del ritmo al que se está rebajando su volumen, que en España es altísimo ―hay unos 200.000 alumnos que deben volver a rehacer el año académico en las etapas obligatorias― por tradición escolar y porque el sistema no dota al profesorado de herramientas más eficaces para corregir la trayectoria de los chavales que van mal.

Se trata de la senda opuesta a la que aconsejan entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la británica Education Endowment Foundation, y la que emprendieron hace años los países con mejores resultados del mundo.

A los 15 años, cuando están a punto de concluir la enseñanza obligatoria, el 22% de los alumnos españoles ha repetido al menos una vez. Una tasa que multiplica por cinco el promedio de los 10 países con mejores puntuaciones en el Informe PISA, la mayor evaluación internacional, cuya última edición se publicó en septiembre: Singapur (4,2%), Japón (promoción automática), Corea (1,5%), Estonia (4,5%), Reino Unido (2,7%), Nueva Zelanda (5%), Canadá (5,5%), Irlanda (4,6%), Australia (4,3%), y Suiza (12,8%).

PP y VOX vinculan su idea a la “exigencia” escolar. Esto es que, sin la amenaza de repetir, los estudiantes muestran menos disposición a esforzarse. Un planteamiento que no es descabellado y que, según algunos expertos, puede tener sentido especialmente con chavales de clases populares, a los que la sociología de la educación ha atribuido tradicionalmente una visión más instrumental de la enseñanza. La OCDE advierte, sin embargo, que los estudios realizados al respecto “demuestran que ese efecto de amenaza dista mucho de ser universal, y que las eventuales mejoras a corto plazo vinculadas a la repetición tienden a desaparecer a largo término”. Los alumnos que se ven obligados a volver a cursar un año, prosigue el organismo que organiza PISA, “tienden a obtener un peor rendimiento escolar y a mostrar actitudes más negativas hacia la escuela, y presentan una mayor probabilidad de abandonar los estudios sin completar la secundaria”.

La Education Endowment Foundation (EEF), una entidad sin ánimo de lucro financiada con fondos públicos, que tiene como misión mejorar la educación en Inglaterra ―uno de los pocos países desarrollados que han aumentado su rendimiento en PISA en la última década― a través de la investigación educativa y la promoción de las prácticas escolares más útiles según la evidencia, ha ordenado una treintena de medidas según su eficacia, coste y grado de respaldo empírico. Rehacer un curso ocupa el último lugar de la lista, y la fundación afirma al respecto: “Obligar a los alumnos a repetir tiene, en promedio, un impacto negativo. Los efectos negativos son infrecuentes en las intervenciones educativas, de modo que el hecho de que los alumnos que repiten progresen menos resulta especialmente llamativa”. Las consecuencias adversas, continúa la institución, “resultan desproporcionadamente mayores en el caso del alumnado desfavorecido, el que pertenece a minorías étnicas y aquel que es más joven dentro de su clase”.

La EFF apunta a que, cuando los estudiantes tienen malos resultados, resultan más eficaces las medidas de “apoyo intensivo”, como las tutorías (clases) de apoyo individuales o en grupos pequeños (de dos o tres alumnos), en varias sesiones a la semana.

Existe cierto consenso en que esa obligación resulta útil en casos concretos, como el de chavales que debido a una enfermedad han perdido buena parte del año, o de los que se incorporan a la escuela desde sistema educativos muy precarios. “El problema es que, en España, es prácticamente el único instrumento que se utiliza. A veces se plantea: ¿de qué sirve dejar pasar de curso a los estudiantes que van mal sin darles un apoyo? Pero es que cuando se les hace repetir, tampoco se les da apoyo. Como si se esperase que obligándoles a hacer lo mismo, todo fuera a solucionarse como por arte de magia”, afirma Sheila González, politóloga de la Universidad de Barcelona especializada en desigualdad social y educativa. “Necesitamos análisis concretos de por qué determinado niño o adolescente no alcanza los objetivos de aprendizaje, y a partir de ahí aplicar la intervención más adecuada”, añade.

“Yo diría”, afirma Iván Haces, orientador del instituto público de Llanes, “que la repetición funciona para un 15% de los alumnos”: “Para muchos es incluso peor, porque como el segundo año saben que es imposible volver a repetir [nadie plantea hacer repetir tres veces el mismo grado a un estudiante], se esfuerzan todavía menos”. “Tradicionalmente, la repetición se ha considerado, entre comillas, un castigo. Pero lo importante sería poder atender a esos alumnos individualmente. Es una cuestión de recursos”, agrega Andrés Nieto, director del instituto Alfonso X.

Las medidas de apoyo que reclaman González, Haces y Nieto, o las que plantea la EEF inglesa, cuestan dinero. Pero la repetición también. Expertos como Francisco López-Rupérez, que fue presidente del Consejo Escolar del Estado con el PP, y un informe del laboratorio de ideas EsadeEcPol han estimado que a España le cuesta unos 1.500 millones de euros al año. Es, apunta Lucía Cobreros, coautora del segundo, un cálculo orientativo, basado en los años adicionales que los repetidores pasan escolarizados. Y que en realidad se vería reducido y ampliado por algunos factores. De un lado, no todos los repetidores permanecen más años en la escuela ―pueden abandonar el sistema al cumplir los 16, aunque estén en 3º de la ESO―. Y, del otro, el cómputo se refiere a la enseñanza obligatoria, sin incluir las repeticiones en FP y Bachillerato.

La cifra se basa, además, en los datos del curso 2021-2022, cuando los repetidores españoles sumaban 217.309, por lo que habría que actualizarla con la inflación. Pero aunque solo se liberara una fracción de dicho coste, 700 millones al año, esa partida ya supondría seis veces lo que el Ministerio de Educación destina anualmente a su mayor programa de refuerzo, el PROA+.

En el lado positivo, el ex director de Educación de EsadeEcPol, Lucas Gortazar, apunta que el programa del PP también promete que el alumnado que vaya mal “tendrá refuerzo obligatorio antes de tener que repetir”. “La actual ley educativa, la Lomloe también lo dice, pero no ha puesto los recursos para ello. Veremos si la Lomlomce, o como se acabe llamando la nueva norma, lo hace”, señala.