Los vientos de cambio ya han irrumpido en el organismo del Defensor del Pueblo. Un día después de ser nombrada titular en funciones tras agotar su mandato Ángel Gabilondo, Teresa Jiménez-Becerril ha eliminado el área de Igualdad de Trato y ha diluido la de Migraciones al meterla junto a la de Justicia y Seguridad. La nueva defensora, propuesta por el PP, era hasta ahora la adjunta primera, cargo que seguirá desempeñando hasta el nombramiento por el Congreso del nuevo titular de la entidad. Pero era la adjunta segunda, Patricia Bárcena García, la que tenía asignadas las carteras de Migraciones e Igualdad de Trato. Ahora, los temas de Migraciones pasarán a Jiménez-Becerril en un área más amplia, según consta en el organigrama publicado en la web de la institución, y la cartera de Igualdad de Trato no aparece.

La decisión de Jiménez-Becerril no es baladí. Estas dos materias han sido dos de los pilares del trabajo del equipo de Gabilondo durante el último lustro. “Se ha producido una quiebra del consenso sin precedentes”, señalan fuentes cercanas a la institución. “Sin previa información, diálogo o conversación alguna, se ha reorganizado la institución y se han impuesto cambios esenciales dirigidos a una acumulación de poder hasta el momento desconocida”.

Otra de las consecuencias de la reorganización es el equilibrio de competencias entre las dos adjuntías, ya que con los nuevos cambios la que ocupa Jiménez-Becerril absorberá una mayor cantidad de expedientes. “Tres de cada cuatro quejas ciudadanas quedan bajo la responsabilidad directa y exclusiva de la adjunta primera, ahora defensora en funciones”, subraya esta misma fuente, que afirma: “Refleja un giro desde un enfoque centrado en la atención especializada a las personas, la inclusión y el respeto a la diversidad, en otro basado en la securitización y en la desaparición práctica de la idea de igualdad de trato”.

La cuestión migratoria ha sido un reto para el equipo de Gabilondo. Dos de sus actuaciones de oficio más relevantes fueron sobre el salto de la valla de Melilla durante el verano de 2022 (en la que hubo 23 fallecidos) y otra después de la entrada masiva en Ceuta en julio de este año de más de 80.000 migrantes (y en la que murieron al menos 141 personas). Sobre la primera, concluyó que las devoluciones en caliente durante la tragedia fueron ilegales y pidió que se reforzasen “los medios materiales y humanos” de la Embajada y de los consulados en Marruecos, con el fin de “garantizar que los necesitados de protección internacional puedan acceder y tramitar sus visados para solicitar asilo en España, sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada”.

La segunda actuación de oficio sigue abierta después de que este agosto pidiera información al Gobierno, la Fiscalía y Ceuta tras la entrada masiva. Los resultados del posible informe y las recomendaciones recaerán en Jiménez-Becerril, ya que, no solo como defensora en funciones, sino como adjunta primera, será la encargada de liderar el asunto.

En cuanto al área de Igualdad de Trato, aunque ya no aparece en el organigrama, sigue constando en la web del organismo cuáles han sido sus líneas de trabajo: “El Defensor del Pueblo realiza actuaciones en relación con los distintos tipos de discriminación por motivo de género, orientación sexual, origen étnico, pertenencia a confesión religiosa, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Sobre estos problemas destaca el informe Violencia vicaria de género. Las otras víctimas, publicado en noviembre de 2024. En él, entre otras cuestiones, urgía a una reforma de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y pedía que los casos penales de esta tipología “sean competencia de los órganos judiciales que conocen de la violencia de género, independientemente de que haya denuncia previa de violencia sobre la madre”.

La institución, a través de su departamento de comunicación, ha respondido a este periódico que estos cambios “persiguen optimizar los procesos internos de funcionamiento de la casa para seguir trabajando en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía”. En cuanto al área de migraciones, señalan que “mantiene toda su estructura y personal” y que el objetivo de su fusión con la nueva macroárea se ha llevado a cabo para que sea “más operativa en el marco de la protección humanitaria y social del fenómeno migratorio”.

Sobre la eliminación del organigrama de la cartera de Igualdad de Trato, la nueva defensora asegura que “el objetivo es precisamente reforzar su presencia en el trabajo de la institución, incorporando esta perspectiva a la supervisión que realizan todas las áreas en sus respectivos ámbitos para darle mayor visibilidad”. No explica si cada área contará con un departamento especializado para tratar estas quejas en cada ámbito social, laboral, económico, migratorio, judicial, etc. Ni tampoco si se contratará a más personal y cómo la nueva defensora ha podido diseñar esta transversalidad en un día de mandato.

Jiménez-Becerril (Sevilla, 1961) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y cursó un máster de Diseño de Moda en el Instituto Marangoni de Milán, según aparece en la web del organismo público. Fue eurodiputada del PP entre 2009 y 2019 y, desde ese año hasta su nombramiento como adjunta primera de Gabilondo en 2021, trabajó como diputada por Sevilla en el Congreso.

Jiménez-Becerril destaca también por su labor como presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, asociación que lleva el nombre de su hermano, concejal de Sevilla del PP asesinado junto a su mujer en 1998 por orden del antiguo jefe de ETA Francisco Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri. El atentado fue ejecutado por los miembros del comando Andalucía, José Luis Barrios y Mikel Azurmendi. Los tres fueron condenados por estos delitos hace más de una década.

Source: El País · Julio Núñez

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