La cara B del turismo masivo: Salou y Benidorm se quejan por tener que cuadrar unas cuentas asfixiadas por el gasto

Recibir tres millones de turistas cada año puede ser una bendición para las cuentas de un ayuntamiento, pero también una condena por el incremento de gasto en el que tiene que incurrir un consistorio que garantiza servicios básicos a tan solo a 33.000 habitantes censados como Salou (Tarragona). Su alcalde, Pere Granados (PSC), se posiciona más en el enfoque optimista, pero no oculta que existen dificultades. “Los contribuyentes locales deben asumir una parte significativa del coste de unos servicios dimensionados para una población muy superior a la residente”, precisa en conversación con este periódico. También en la costa mediterránea, Benidorm (Alicante) se queja por tener que afrontar el pago de una multa de 360 millones, lo que complica la senda de reducción de deuda que el consistorio había iniciado. Ambas localidades exigen una reforma del sistema local de financiación para acceder a mayores recursos.

El presupuesto del Ayuntamiento de Salou ha crecido un 66% desde los 46,7 millones de 2021 hasta los 76,2 millones previstos para 2026. El gasto corriente en bienes y servicios, la partida ligada al gasto turístico y no turístico, ha crecido desde 19,9 hasta los 33,1 millones, pasando de suponer un 37,8% del total del presupuesto al 42,8%. Solo en 2026, ha aumentado un 13,6%, el capítulo que más ha crecido en las cuentas municipales. Y la memoria económica que las acompaña lo achaca a “un incremento importante de la renovación de todos los contratos de servicios municipales (jardinería, socorrismo en las playas, saneamiento, mantenimiento de edificios, iluminación y fuentes), que amplían la dimensión y la prestación del posterior, la puesta en marcha de la segunda fase del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria”.

Granados señala que una parte importante de esos costes se financia mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y las tasas municipales, que sufragan los propietarios de inmuebles, tanto residentes como titulares de segundas residencias y actividades económicas. En su opinión, el actual sistema de financiación local no refleja suficientemente la presión que la actividad turística ejerce sobre los servicios que presta el ayuntamiento. Por este motivo, reclama un modelo de financiación más justo, equilibrado y adaptado a la realidad de las localidades turísticas. Una de las propuestas que defiende es que los municipios turísticos puedan participar directamente en la recaudación del IVA generado por la actividad económica en su territorio, mediante la cesión de un porcentaje de este impuesto.

La localidad tarraconense forma parte de la Alianza de Municipios de Sol y Playa, que agrupa a ocho municipios (Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos) que acogen al 9% de los turistas extranjeros de España, concentran el 19% de las pernoctaciones y sufren en primera persona los efectos negativos de recibir a una población flotante que multiplica por 100 la residente. Pero el más importante es el de cuadrar sus cuentas, comprometidas por el incremento del gasto para hacer frente a la avalancha de turistas extranjeros que antes venían unos cuantos meses al año y que ahora, como consecuencia de la menor estacionalidad, colapsan sus calles durante más meses.

En el caso de Benidorm, que recibe tres millones de turistas al año con una población censada de 77.000 habitantes, una reciente sentencia judicial obliga al ayuntamiento a abonar 350 millones a unos particulares que eran propietarios de unos terrenos en Sierra Gelada. Esos suelos perdieron su derecho a ser urbanizados tras su integración en el parque natural del mismo nombre. El acuerdo posjudicial alcanzado entre el consistorio y los propietarios establece un primer pago de 60 millones, que deberá hacerse efectivo antes del 31 de diciembre, y un período de carencia posterior de cinco años. A partir de 2031 quedará pignorado el 8% del presupuesto municipal para afrontar ese pago, con el fin de liquidar su deuda en un plazo máximo de 30 años.

Ese quebranto ha oscurecido el esfuerzo de reducción del pasivo del ayuntamiento, que en el último año bajó casi a la mitad su deuda neta, pasando de 58,2 a 32,8 millones de euros. “El pago de los 60 millones que han de liquidarse antes de final de año ni ha recortado servicios ni ha implicado una subida de impuestos. Y esa es la línea que se quiere seguir”, señala Toni Pérez (PP), alcalde de Benidorm. Pero al igual que Granados, Pérez reconoce dificultades para cuadrar los gastos. Y apuesta por una modificación de la Ley de Haciendas Locales, con una misma fórmula de financiación para los municipios, sean o no turísticos: que participen de un porcentaje del IVA por el consumo que se genera en su territorio. El regidor, en línea con su partido político, rechaza otras opciones como la tasa turística: “Plantea gravar actividades que ya tienen aparejadas un tipo impositivo como el IVA y cuyo alcance e impacto es parcial y discriminatorio”.

Al margen de Benidorm y Salou, todos los municipios de la Alianza de Municipios de Sol y Playa reclaman una reforma urgente del sistema de financiación local para que se les reconozca económicamente la carga que tienen que financiar. El sistema, inamovible en los 22 últimos ejercicios, establece tres criterios para ser considerado municipio turísticos: no ser capital de provincia o de comunidad autónoma, tener entre 20.000 y 75.000 habitantes censados y que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales. De los ocho municipios, solo Salou cumple con esos criterios y recibe anualmente 286.854 euros, un 11,6% del total.