La Audiencia Nacional ha decidido este viernes dejar en libertad al millonario propalestino James Chambers, conocido como Fergie, después de que Estados Unidos haya admitido tres “errores sustanciales” en la traducción de la documentación enviada a España para reclamar su extradición. El tribunal ha impuesto medidas cautelares al activista para minimizar un supuesto riesgo de fuga —le retira el pasaporte, le prohíbe salir del país y le obliga a comparecer una vez a la semana ante un juzgado—, pero acepta excarcelarlo al concluir que se ha producido una importante “novedad procesal” que “puede tener una posible relevancia” en el “resultado final del proceso” y “que no puede ser descartada sin más”. Chambers fue detenido en julio en Ibiza y, desde entonces, permanecía en prisión.
La resolución firmada por tres jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia recalca que estos “errores” implican, al menos, un “cuestionamiento de la propia solicitud de extradición” impulsada por Washington, que provocó el arresto en España del activista tras imputarle delitos de lavado de dinero, disturbios y conspiración para disturbios —que se vincula a actividades terroristas— por sumarse en 2023 a unas protestas contra una compañía israelí (Elbit) del sector de defensa. Una causa que, según Chambers, responde a una encarnizada persecución política por parte de la Administración de Donald Trump por haber “alzado la voz” contra el genocidio en Palestina.
Una vez que ya se había celebrado el pasado viernes la vista de extradición de Chambers para analizar su caso (sin que los magistrados se hayan pronunciado todavía sobre si dan luz verde a la entrega), el tribunal recibió una nota del Departamento de Justicia norteamericano donde se reconocía, entre otros aspectos, que la traducción de un documento clave introdujo la palabra “violencia” al describir acciones atribuidas al millonario, sin que ese término apareciera en el texto original. EE UU subrayó entonces que mantenía su reclamación sobre Chambers y minimizó esos “errores”, al calificarlos de “involuntarios” y “caso aislado”. De hecho, marcó distancias al achacarlos a la “empresa privada” contratada para la traducción.
Sin embargo, la defensa del activista, que ya había denunciado estas incorrecciones y eleva a “treinta” el número de “cambios incriminatorios”, movió ficha de inmediato. Los abogados exigieron esta misma semana la puesta en libertad del reclamado hasta que la Sala se pronuncie sobre el fondo del asunto. Y, además, pidieron al tribunal que, antes de resolver, tenga en cuenta y analice esta novedad. Los letrados sostienen que existen “indicios de una alteración deliberada y de mala fe para agravar el relato ante las autoridades españolas, lo cual consiguieron a la vista de las referencias hechas por el Ministerio Público”, que apoyó la extradición y se ha opuesto a la puesta en libertad.
En la resolución de este viernes, la Audiencia explica que la admisión de errores por parte de EE UU “genera dos efectos inmediatos”: Primero, que “pueda ponerse en cuestión la fidelidad de la traducción proporcionada por el Estado reclamante, con la consiguiente disminución de la solidez o fundamento de la solicitud de extradición”. Y segundo, “una más que probable dilación en la resolución final del presente proceso de extradición”, pues resulta “necesario” entrar a “analizar” la “relevancia” de esas modificaciones introducidas.
En el documento remitido por el Departamento de Justicia se reconocen tres “errores sustanciales”. El primero, al mencionar las “acciones directas” llevadas a cabo en las instalaciones de Elbit, se introdujo la palabra “violencia” para hablar de “actos de violencia directa”, cuando solo se hacía referencia a “acciones directas”. En segundo lugar, Estados Unidos admite que se tradujo como “allanamiento de morada” lo que solo se debía haber mencionado como “allanamiento”. Y en tercero, acepta que se añadió la palabra “incendios” en una oración de forma injustificada. “¡Y no hubo ningún incendio!”, denunció la defensa en la vista de extradición.
Los abogados de Chambers mantienen que Washington manipuló la traducción de la declaración jurada de una agente especial del FBI, que sustenta la petición de entrega, para imprimir así un halo de violencia al proceso. “Se ha construido toda una narrativa contra mí para acusarme de participar en una actividad terrorista”, dijo el activista el pasado viernes. “Esta acción penal, que es una mera denuncia del FBI, se dispuso tres años después de los hechos. Pero solo nueve meses después de que se adoptara el memorándum de Seguridad Nacional del 25 de septiembre de 2025, adoptado por el presidente Donald Trump. Y en ese memorándum, Trump indica que las fiscalías federales deben abrir causas penales contra grupos de izquierdas y antifascistas, a los que Chambers (en su ámbito ideológico progresista) queda vinculado”, añadió su letrado Aitor Martínez.
La defensa niega las acusaciones y repite que el millonario nunca ha apoyado a grupos violentos o terroristas, y que su participación en actos de protesta contra Elbit se limitó a tres concentraciones. Según dijo Chambers, en una se “ató con un candado” a una puerta para impedir la entrada; y en las otras dos, “bloqueó” el acceso a dos fábricas junto a otras personas. También apuntó que pagó las fianzas de los detenidos en esas movilizaciones, como ha hecho en otras “causas” (como “la de George Floyd”) porque “EE UU utiliza las fianzas como un método de represión”.
Sin embargo, la Fiscalía se lanzó contra la defensa por tratar de “reinterpretar aisladamente” las acciones atribuidas a Chambers para diluir los hechos. “La reclamación no se apoya en una mera ideología o en declaraciones políticas, sino en una actuación organizada, financiada y ejecutada que genera daños materiales relevantes y cuya valoración corresponde al tribunal estadounidense competente”, expuso el representante del ministerio público Juan Hernández Villalba, que argumentó que el activista, además de “transferir” fondos para “promover” el apoyo “material o recursos a organizaciones terroristas extranjeras”, participó e instigó “disturbios” y una “campaña coordinada” contra Elbit.
Source: El País · J. J. Gálvez
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