La Ley de niños (o Kids Act) presentada por la Comisión Europea el pasado septiembre está diseñada para amortiguar los daños que puedan generar las redes sociales, los videojuegos en línea, o la inteligencia artificial a través de chatbots como ChatGPT, Claude o Gemini. Algunas de sus propuestas son prohibir por completo a los más pequeños el acceso, por debajo de los 13 años; una entrada gradual a ese mundo virtual; o un tiempo máximo de exposición a las pantallas de una hora al día hasta los 15. Sin embargo, nada en esa normativa, que ahora está pendiente de ser aprobada, está pensado para cambiar las condiciones de mercado que hacen posible su funcionamiento actual; algo que cree imprescindible un grupo de think tanks vinculados a los partidos socialistas de cinco países europeos, entre ellos España.

El texto, según estos especialistas, debería ir más allá de las restricciones y añadir un nuevo elemento: la interoperabilidad, que supone que los usuarios de una plataforma puedan entrar, leer y escribir en otra sin tener que crearse una cuenta y sin abandonar la suya. ¿Por qué? Porque esto haría que las plataformas no fueran espacios completamente cerrados y supondría no depender tanto de un espacio digital concreto.

“Queremos ayudar con nuestra reflexión a los partidos que generalmente no se pueden tomar el tiempo de debatir en profundidad sobre estos temas”, apunta Berna León, director general de la Fundación Avanza, vinculada al PSOE. Su organización acogió en Valencia del 2 al 4 de septiembre a otros laboratorios de ideas progresistas procedentes de Alemania, Francia, Italia o Portugal.

Tras tres días de conversaciones, elaboraron un documento que quieren presentar próximamente en Bruselas a un grupo de eurodiputados afines y de otro color político, con el objetivo de contribuir a fijar la posición progresista de cara a las negociaciones que se desarrollarán próximamente en Bruselas para articular la citada propuesta de ley que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, instó a que se gestionara lo antes posible por la “urgencia” de la situación.

La situación es que “los jóvenes en Europa pasan, de media, entre cuatro y seis horas al día ante una pantalla, y los que empezaron a usar redes sociales antes de los 10 años pasan más aún, alrededor de siete u ocho horas online cada día, casi un día de trabajo completo para un adulto”, según cifró Von der Leyen al presentar la iniciativa desde la Eurocámara en Estrasburgo.

Por eso, la prohibición de las redes a los menores de 16, tal y como sostiene la propuesta de ley, se queda corta bajo la óptica de estos laboratorios de ideas socialdemócratas. “La Ley de niños incluye, acertadamente, restricciones basadas en las funciones para los adolescentes de más edad. Sin embargo, debe ir más allá para garantizar que estas normas se apliquen de forma eficaz y con suficiente poder disuasorio para regular el comportamiento de las empresas que han ignorado sistemáticamente la ley y han pagado las multas como un coste más de su actividad empresarial”, reza el texto.

El documento alude explícitamente a la “asimetría de poder” entre las grandes tecnológicas y las instituciones. Los gigantes tecnológicos, dice el texto, combinan la escala económica, el acceso político directo y una contratación pública que genera dependencia: “Los gobiernos europeos contratan sistemas tecnológicos por valor de cientos de millones de euros precisamente a las empresas que intentan regular”.

Por eso, sostienen los think tanks, lo que hay que cambiar no es a los niños, sino el producto: las redes sociales y las herramientas de IA. “La interoperabilidad puede ser una buena palanca para desplataformizar las redes sociales [al no depender exclusivamente de estar registrado en una para poder entrar]. Sería un primer paso para que uno se pueda conectar a X sin que el algoritmo le muestre todo el contenido nazi y para romper su poder de mercado”, señala León. Hasta ahora, añade este politólogo, el argumento de las tecnológicas era que la interoperabilidad no era posible técnicamente, pero eso ha cambiado de la mano de la IA.

Los think tanks socialistas recomiendan también otras medidas. Por ejemplo, blindar por ley que todos los servicios digitales que se lancen al mercado hayan superado una inspección que garantice que son seguros para los menores. También abogan por que la Comisión tenga la capacidad de apagar preventivamente las funcionalidades que considere perjudiciales para los niños, así como de imponer multas “demasiado grandes como para que salga a cuenta pagarlas como coste aceptable de hacer negocios”.

También aboga por simplificar la norma, eliminando las llamadas minicuentas de redes sociales (las que requieren el consentimiento de los padres para los jóvenes de 13 y 14 años). “La responsabilidad de garantizar la seguridad del producto debe recaer en la plataforma, no en los padres”, sostiene el documento.

Source: El País · M. G. Pascual

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