El Gobierno ha aprobado este miércoles en un real decreto ley una serie de cambios fiscales para neutralizar la tributación por IRPF en los sueldos más bajos tras la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI). Con la fijación del suelo retributivo en 18.004 euros anuales para 2027, la norma modifica la Ley del IRPF para incrementar la actual deducción por rendimientos del trabajo, asegurando que quienes perciban esa cantidad queden exentos de pagar el impuesto. Además, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), la norma incluye un ajuste en el cálculo de las nóminas y de las retenciones que practican los empleadores. El objetivo, avanzado el martes por el ministro de Hacienda, Arcadi España, es que la rebaja se traslade de forma inmediata al bolsillo de los contribuyentes desde el mes de enero.
A través de un cambio en el reglamento del IRPF, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, Hacienda obliga a las empresas a recalcular las retenciones que aplican a sus trabajadores. Así, serán directamente los empleadores quienes deban descontar una deducción de hasta 1.033,58 euros anuales en el cálculo de la retención mensual. Eso permitirá que la cuota de retención mensual para quienes cobren exactamente el salario mínimo sea de cero euros.
De lo contrario, como sucedía hasta ahora, los perceptores del SMI tendrían que haber esperado un año para recuperar esas cantidades en la declaración de la renta que se presenta el ejercicio siguiente. El ajuste, corrobora el BOE, evita “tener que presentar posteriormente la declaración anual del impuesto para lograr la devolución de las retenciones soportadas”.
A partir de enero, explica Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, la empresa tendrá que tener en cuenta esta deducción al calcular la retención de IRPF. “En el caso normal, quien cobre solo el salario mínimo no tendrá ningún descuento de IRPF en la nómina y notará la ventaja cada mes, sin esperar a la declaración de la renta”, añade.
Asimismo, la norma extiende el beneficio fiscal más allá del salario mínimo para intentar evitar, o al menos diluir, el denominado error de salto. Eso es, explica el BOE, “que se produzca un aumento de la cuota tributaria superior al incremento del rendimiento del trabajo obtenido”. Para ello, se articula una fórmula de reducción progresiva que alcanza a todas las retribuciones del trabajo inferiores a 23.171,89 euros al año.
En esta franja intermedia, la deducción máxima de 1.033,58 euros se va reduciendo poco a poco al restar el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre el sueldo del trabajador y los 18.004 euros del salario mínimo. Es decir, a medida que el sueldo crece por encima del SMI, la rebaja fiscal va perdiendo fuerza. Igualmente, esa misma regla se traslada al cálculo de la retención en nómina que deben realizar las empresas.
Por ejemplo, señala Ollero, quien gane 20.000 euros al año podrá tener una deducción de hasta 634,38 euros. Para Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, la fórmula elegida es “un buen método”. Por un lado, “no crea un escalón”, ya que “subir el umbral habría hecho que con un euro más que el umbral empezara la retención de golpe”. Además, añade, sirve para próximas subidas del SMI, cuando bastará con cambiar las cifras.
Los gestores administrativos, no obstante, matizan que la empresa calcula la retención con los datos que tiene y que la ley le obliga a tener en cuenta. Puede que el trabajador tenga otro empleo, otros ingresos o que no cumpla los requisitos. “En esos casos, la declaración de la renta puede salir distinta de lo que se le ha retenido en la nómina, e incluso a pagar”, recuerda Ollero.
Más de 160.000 millones en IRPF
El real decreto ley incluye también una actualización de las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas de régimen común y las entidades locales. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, asegura el BOE, habría mantenido congeladas estas transferencias en los niveles de 2023, de no haberse aprobado las revisiones. Esto, añade el texto, habría generado importantes problemas de tesorería en los gobiernos regionales, con el consiguiente riesgo para la prestación de servicios públicos esenciales, como la sanidad o la dependencia.
Para evitarlo, el decreto recalcula las transferencias a partir de las nuevas previsiones de recaudación estatal para 2027, que estiman unos ingresos de 160.794 millones de euros por IRPF y de 111.429 millones por IVA, además de otros impuestos que sirven para calcular los adelantos, como las figuras especiales.
La norma incorpora, además, una mayor flexibilidad presupuestaria para las comunidades autónomas que cierren 2026 con superávit. En concreto, podrán destinar esos recursos durante 2027 y 2028 a financiar inversiones financieramente sostenibles, siempre que no incurran en déficit en el ejercicio en el que las ejecuten y hayan mantenido su periodo medio de pago a proveedores dentro de los límites legales.
Source: El País · Pablo Sempere
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