Con el periplo de la amnistía cerca del cierre, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya ha echado cuentas de lo que han supuesto para las arcas del partido más de diez años de procesos judiciales derivados del procés. Más allá de las consecuencias humanas del choque con el Estado, el partido independentista calcula que ha destinado alrededor de 4,5 millones en asesoramiento jurídico y acompañamiento a los encausados desde 2017.
“No se ha dejado a nadie atrás”, insiste Pau Morales, vicesecretario general de Organización, Finanzas y Lucha Antirrepresiva, para explicar que la lista de personas a las que el partido ha asistido va más allá de los altos cargos, alcaldes y afiliados. ERC podría pagar, con esos recursos, el equivalente a dos campañas electorales como la que está en marcha para el 29-N.
La cifra de 4,5 millones podría ser mayor, según considera la dirección del partido, pues su cálculo solo tiene en cuenta lo gastado desde el año de la celebración del referéndum unilateral —que el Tribunal Constitucional declaró ilegal— y de la intervención del autogobierno en virtud del artículo 155. Según los últimos nueve balances que ERC envía tanto al Tribunal de Cuentas como a la Sindicatura de Comptes, el partido dedicó un total de 4,04 millones de euros a “asesoría jurídica”. Morales precisa que bajo ese epígrafe se engloban muchos otros temas y, que según los datos internos, lo que se ciñe exclusivamente al procés llega a los a 3,27 millones.
En la lista de personas a las que se costeó la defensa hay 32 nombres. No solo líderes, como su presidente Oriol Junqueras, Raül Romeva o Dolors Bassa —los últimos exconsejeros del Govern catalán en estar amnistiados y que fueron juzgados por el Tribunal Supremo—; sino también la exsecretaria general Marta Rovira, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos de la promoción exterior o los síndicos electorales del 1-O. Aún queda también por cerrarse el capítulo de Lluís Salvador, director de ERC, y el líder parlamentario Josep Maria Jové.
A esto habría que sumar otros 86 cargos, por ejemplo alcaldes, que, si bien no fueron procesados, sí tuvieron que comparecer judicialmente en algún momento. Es el caso, por ejemplo, de Paco Gas (Roquetes) y otros que terminaron inhabilitados, como el también exconsejero de Acción Exterior Bernat Solé (Agramunt). Morales recuerda que, en otros casos, no es posible poner una cifra porque los propios ayuntamientos asumieron los costes.
Entre 2017 y 2026, además, se destinaron 609.860 euros a lo que ERC denomina asistencia antirrepresiva. Con esos fondos se pagó, por ejemplo, la coordinación entre los diferentes equipos jurídicos (los despachos de Andreu Van den Eynde, Ramón Setó, Olga Arderiu o Mariano Bergés, entre otros) o los grupos de asistencia que se crearon para poder hacer de enlace entre los presos y sus familias, con constantes viajes inicialmente a las prisiones de Madrid y después a las catalanas. En ese dispositivo jugaron un papel destacado Estefanía Torrente o la coordinación anterior de Marta Vilaret.
En mayo de 2019, ERC aportó además 700.000 euros adicionales para cubrir parte de la fianza que pedía el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona a 17 ex altos cargos del Govern procesados por presunta malversación por los preparativos del referéndum unilateral. Morales explica que ese dinero fue devuelto al partido en octubre de 2025. No ha sido el único reembolso. Ciudadanos, PP y Vox han tenido que pagar las costas judiciales por la decisión del Tribunal Constitucional de no aceptar los recursos contra los indultos a los líderes del procés en 2023.
Morales explica que las cifras muestran “el esfuerzo extra que ha tenido que hacer ERC para hacer frente a la represión”. Así justifica que no se tengan en cuenta, por ejemplo, las retribuciones de los altos cargos que no pudieron ejercer en plenitud sus responsabilidades por sus situaciones derivadas de la acción de la justicia española.
ERC asumió toda esa factura y solo en una ocasión, en 2019, pidió una aportación especial a sus afiliados, de entre 100 y 50 euros. Se trató del momento más propicio de los republicanos en términos de ingresos y afiliación, lo que le permitió hacer frente a los gastos con fondos propios. Morales, sin embargo, acepta que todo ha hipotecado la actividad política en términos financieros. Y recuerda que el coste total de la campaña para el Congreso y el Senado, que comenzó el viernes, asciende a 2,3 millones de euros. Con la factura del procés se podrían pagar dos.
Source: El País · Camilo S. Baquero
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