El PP da carpetazo definitivo a la propuesta de Sanidad de mejorar la transparencia de las listas de espera

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han rechazado este viernes el proyecto con el que el Ministerio de Sanidad pretende cambiar la forma de contar las listas de espera. El real decreto que Mónica García ha presentado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tenía como objetivo mejorar la fiabilidad y la transparencia de las estadísticas de demoras, pero no saldrá adelante, aunque era una de las iniciativas que se había propuesto aprobar en esta legislatura. Tras este nuevo revés, ya no queda margen para retomarlo.

La intención de Sanidad era sustituir la normativa en vigor para medir las listas de espera, que data de 2003, y que da una imagen muy parcial de las demoras reales en el Sistema Nacional de Salud. La reforma no estaba destinada a reducir las listas ―para lo que hacen falta más recursos, sobre todo―, sino a medirlas mejor. Obligaba a incluir al paciente desde que el médico indica una consulta, una prueba o una intervención para afinar mejor el tiempo que tarda realmente desde que tiene una dolencia hasta que es operado o tratado.

Es la segunda vez en pocos meses que las comunidades populares rechazan la iniciativa, alegando que quedan muchos aspectos por cerrar. “Para empezar, la guía técnica de cómo se recogen”, ha dicho la consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, antes de la reunión. “No es rechazar ese nuevo borrador del Real Decreto, es que no está terminado y hay que seguir trabajando”, ha manifestado en declaraciones que recoge EFE.

“Hay que seguir trabajando para esa necesidad de medir los indicadores de la misma forma en todas las comunidades autónomas”, ha insistido la consejera, que defiende que “mientras tanto, sigue vigente el Real Decreto de 2003, que homogeneiza cómo hay que medir las listas de espera”, aunque ha reconocido que es “mejorable”.

Las cifras que publica periódicamente el ministerio sobre listas de espera se elaboran dos veces al año con los datos que aportan las comunidades autónomas. No recogen las esperas en la Atención Primaria, solo aplican a la primera consulta con el especialista, no tiene en cuenta las pruebas diagnósticas y solo recoge algunas cirugías.

Si la agenda está cerrada, el paciente puede quedar en un “buzón” o en una lista administrativa hasta que se libera un hueco. En ese tiempo espera, pero no existe en la fotografía oficial. La propuesta de Sanidad intentaba impedir esto. El ingreso en el registro tendría que activarse desde la indicación del facultativo y el trámite formal no podría demorarse más de cinco días naturales, con independencia de que exista o no agenda disponible.

El texto que ha propuesto el ministerio prohibía expresamente las “listas, bolsas o registros paralelos” de pacientes que no estén incorporados al sistema oficial. Toda baja debería además quedar documentada y acompañada de un motivo concreto, ya fuera porque la atención se hubiera realizado, por incomparecencia, renuncia, fallecimiento o decisión facultativa.

La reforma pretendía incorporar por primera vez a la Atención Primaria a un sistema nacional homogéneo de información. Se medirían las consultas a demanda de medicina de familia, pediatría y enfermería desde el día en que el paciente pide cita, además de las solicitudes que no pueden satisfacerse porque no hay huecos en la agenda, algo que viene sucediendo con frecuencia en los últimos años en los centros de salud con déficits de personal.

El ministerio recibiría cada trimestre los microdatos correspondientes a cada mes y tendría que publicar los indicadores en los 60 días siguientes al cierre del periodo. La información sería accesible mediante herramientas gráficas y también como datos abiertos anonimizados, con desgloses por sexo, edad, prioridad clínica y, de forma agregada, variables como el nivel de renta o privación socioeconómica, el país de nacimiento y el ámbito rural o urbano. Cada paciente tendría además derecho a consultar por internet su situación, el motivo de su inclusión, la prioridad asignada, la fecha de la cita y una estimación de la demora de su proceso.

Con la negativa del PP, y ante un inminente final de legislatura, la norma queda en un cajón. Habrá que esperar a la siguiente para comprobar si el Gobierno que entre decide cambiar un sistema que lleva más de 20 años bajo sospecha de maquillajes.