El juez Pedraz pregunta a la que fuera abogada de Koldo si hay más pagos por sus honorarios

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a la que fuera abogada de Koldo García hasta hace unos días, Leticia de la Hoz, que “aclare” si las facturas que ha presentado por valor de 242.000 euros en concepto de honorarios su defensa, y que pagó la editora del digital Okdiario, son “las dos únicas facturas e importes que ha cobrado por tal concepto”. El instructor mantiene imputada a De la Hoz en una trama supuestamente dedicada a entorpecer causas judiciales que afectaban a miembros del Gobierno y al Partido Socialista y por la que también están siendo investigados el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez.

En un nuevo escrito con fecha de este miércoles, el magistrado reclama a la letrada que añada si existieron más pagos, aunque le recuerda que tiene derecho a “no aportar documentación si entiende que le puede incriminar”. Ella ya expuso hace dos semanas cuáles fueron los pagos que recibió por defender a Koldo, en concreto, a través de dos facturas: una con fecha del 27 de noviembre de 2025 a cargo de Dos Mil Palabras S.L. (la empresa del digital Okdiario) por valor de 181.500 euros y otra emitida el 23 de enero de 2026 con otros 60.500 euros.

El mismo día que se emitió la primera factura, el Tribunal Supremo había decidido enviar a prisión provisional tanto a Koldo García como al exministro de Transportes José Luis Ábalos por delitos de corrupción por los que posteriormente fueron condenados, y el digital Okdiario publicó a partir de entonces varias entrevistas con Koldo. En ellas, el que fuera asesor del Ministerio de Transportes realizaba acusaciones contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o contra el propio Pedro Sánchez sin que nunca fueran demostradas. El director del digital, Eduardo Inda, ha defendido que los pagos que efectuaron a De la Hoz fueron, en realidad, por los derechos de un documental y un libro, si bien en el concepto de las facturas se lee “honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos”.

La letrada está investigada en esta causa por, supuestamente, haber ofrecido dinero a la empresaria Carmen Pano ―una de las investigadas por un macrofraude de hidrocarburos junto a Víctor de Aldama― para comprar su silencio y que cambiara la declaración en la que iba a insistir en que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz (Madrid). Con la aportación de sus honarios, De la Hoz presentó un documento que decía que así se acreditaba que el PSOE no tuvo nada que ver en el pago de sus servicios.

El juez instructor Pedraz, que ha dado 15 días al PSOE para entregar todos los contratos de sus abogados, insiste en preguntar a la letrada si recibió más pagos por su defensa a Koldo García. Justo este martes se hacía público que Leticia de la Hoz anunciaba su decisión de dejar de defender al que fuera asesor ministerial por “razones profesionales”.

La defensa de Zarrías

Por otro lado, el juez Pedraz explica que ha recibido documentación de la Agencia Tributaria en la que se detalla un pago del despacho de Ismael Oliver (otro de los letrados investigados en este caso, que se encargó de la defensa de Koldo García antes de Leticia de la Hoz) por importe de 105.122 euros al letrado Gonzalo Martínez Fresneda quien, a su vez, defiende al exsenador socialista Gaspar Zarrías.

Zarrías está siendo investigado por pagar durante unos meses a la exmilitante Leire Díez. La tesis de los investigadores es que este pago, a través de la consultora que tenía el político, era en realidad una remuneración camuflada del PSOE durante los trabajos que Díez estaba realizando, reuniéndose con fiscales, abogados y otras personas que querían aportar información sobre causas judiciales que afectaban al partido del Gobierno. Zarrías lo ha negado y ha explicado que contrató a Díez porque ella le había dicho que podía conseguir información de que el origen de su implicación en el tema de los ERE era un montaje.

El letrado de Zarrías explica en conversación a EL PAÍS que ese pago no tiene nada que ver con la investigación y que se trata de sus honorarios por la defensa del exministro venezolano Nervis Villalobos. Oliver es el letrado de cabecera de Villalobos y quien coordina su defensa en distintos países. En concreto, en este caso, Gonzalo Martínez-Fresneda tiene una hoja de encargo firmada en el año 2020 por la que desarrollará la defensa de Villalobos en las causas en España. “No entiendo ni la oportunidad ni la finalidad de esta diligencia, salvo sacar mi nombre público”, lamenta Martínez-Fresneda que explica que lleva años defendiendo a Villalobos en otra causa de la Audiencia Nacional en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción y que esta defensa es pública.