El juez Pedraz blinda la continuidad del coronel Balas al frente del ‘caso Leire’ hasta su conclusión

El juez Santiago Pedraz ha acordado este martes que el coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, siga al frente del caso Leire Díez “con carácter permanente”, ante el riesgo de que su reciente ascenso suponga en el futuro su salida de la unidad rumbo a otro destino en el instituto armado. El magistrado de la Audiencia Nacional argumenta su decisión en que estas pesquisas, en las que se investiga una presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán dedicada a torpedear causas judiciales que afectan al Gobierno o al entorno familiar de Pedro Sánchez, son de una “extraordinaria complejidad”, tienen una “especial trascendencia institucional y jurídica” y el actual estado de las mismas hace necesario “garantizar su continuidad, integridad, eficacia, reserva e imparcialidad” hasta su conclusión.

De este modo, Pedraz blinda hasta el final de la investigación la continuidad de Balas, a quien, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, firmase su ascenso, el Ministerio del Interior le concedió una comisión de servicios ―adjudicar a un agente temporalmente un puesto distinto al que le corresponde― que evitaba su salida de la UCO. El departamento de Fernando Grande-Marlaska lo hizo después de que lo solicitara otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en el que se investigan las presuntas corruptelas del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García. Sin embargo, esa comisión de servicios es, en principio, por un máximo de un año ―aunque esta figura administrativa se puede prorrogar por más tiempo en casos excepcionales― y las investigaciones de los casos de corrupción suelen prolongarse por bastante más tiempo.

La resolución de Pedraz se anticipa, precisamente, al vencimiento de esta comisión de servicio con meses de antelación. En su escrito, el juez recalca que ni el ascenso ya producido ni un “posible cambio de destino” deben apartar al coronel Balas de la investigación del caso Leire por, entre otros motivos, “la concurrencia de razones excepcionales y de interés público”. Además, Pedraz es más contundente en su argumentación que el juez Moreno ―este hablaba únicamente de que el mando había tenido “un papel relevante” en el avance de la investigación― y recalca que es “evidente” que este procedimiento presenta características que “aconsejan preservar la estabilidad de su dirección operativa, evitando alteraciones organizativas que pudieran introducir factores de perturbación, discontinuidad o riesgo en el normal desenvolvimiento de las actuaciones”.

En el caso Leire, la investigación del Balas ha desembocado en la imputación el pasado 2 de julio de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, muy cercana a Pedro Sánchez; y de su número dos, el teniente general Manuel Llamas, por supuestas presiones a la UCO. Llamas llegó a cargar durante su comparecencia en el Senado, el pasado 17 de julio, contra “algunos” mandos de la unidad, a los que acusó de “un exceso de protagonismo” y “una cierta vanidad”, en lo que pareció una referencia implícita al aún entonces teniente coronel Balas.

Balas adquirió relevancia mediática en mayo del año pasado, al salir a la luz un vídeo en el que la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentaban convencer al empresario vasco Alejandro Hamlyn, investigado por la Guardia Civil, para que les facilitara información comprometedora sobre el teniente coronel. “Si Balas está muerto, mejor”, se escuchaba decir a Díez en la grabación. Para entonces, el mando ya estaba al frente de las principales pesquisas de la UCO que afectaban al Gobierno y al PSOE. Él fue quien dirigió el registro en el despacho del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el 30 de octubre de 2024 y quien defendió durante el juicio en el Tribunal Supremo el informe clave de la causa, que atribuía al jefe del ministerio público una “participación preeminente” en las filtraciones contra el novio de Díaz Ayuso.

Su testimonio también fue fundamental en las condenas a inhabilitación impuestas por la Audiencia Provincial de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente; Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño y otras nueve personas por las supuestas irregularidades en la contratación del primero por la diputación pacense. También declaró en el juicio en el que se condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel por corrupción y ha participado en las pesquisas sobre Begoña Gómez, esposa del presidente, a la que el juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. También dirige las pesquisas que instruye un juez de Madrid sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.