El Gobierno vasco compra 510 viviendas a Blackstone para mantenerlos como pisos protegidos

Medio millar de familias del barrio Benta Berri de San Sebastián han vivido los últimos meses bajo la amenaza de verse obligados a abandonar sus hogares. Son inquilinos que residen en viviendas de protección oficial que iban a perder esta calificación social en noviembre de 2028 y habían recibido notificaciones del propietario, la compañía inmobilaria Testa (filial del fondo de inversiones Blackstone), advirtiéndoles de que sus pisos pasaban al mercado libre desde esa fecha. Si ahora estaban pagando un alquiler de 800 a 1.000 euros mensuales, la pérdida del régimen de protección abría la puerta a encarecer muchísimo esa renta. El Gobierno vasco ha venido a rescatar a los vecinos con una operación de compra de las 510 viviendas afectadas. Es la primera vez que una Administración pública en España adquiere un paquete de pisos de estas dimensiones a un fondo de inversiones, con lo que podrá prolongar el régimen de protección de las casas.

El Departamento de Vivienda del Ejecutivo de Vitoria ha alcanzado un principio de acuerdo con Testa para la compra de la totalidad del derecho de superficie sobre las 510 viviendas sociales de Benta Berri. Esto pemitirá, en palabras del consejero Denis Itxaso, “preservar de forma permanente el carácter protegido y social de estas viviendas”. La operación, ha dicho este miércoles Itxaso en una comparecencia pública, “garantiza el alquiler a sus residentes en un entorno urbano consolidado”. Testa es, hasta la firma del acuerdo (a finales de este año), la titular del derecho de superficie de las tres manzanas afectadas, vigente hasta 2069, mientras que el Gobierno vasco es el propietario del suelo donde están construidas.

La compra se ha cerrado por un precio de 100 millones de euros, lo que viene a suponer el pago por parte del Gobierno de un promedio de 196.000 euros por cada inmueble. De la cifra total, el Ministerio de Vivienda aportará 31 millones de euros, según ha informado Itxaso. Benta Berri es uno de los barrios mejor valorados de San Sebastián, donde conviven desarrollos de viviendas de VPO con otras tasadas y libres. Es un área con una buena actividad comercial y hostelera, y cuenta a su favor con estar próximo al campus universitario y la playa de Ondarreta.

Las viviendas que iban a perder la protección fueron adjudicadas en 1994 por el Gobierno vasco a las empresas constructoras Metrovacesa y Vallehermoso. Estas recibieron un derecho de superficie sobre el suelo por 75 años, hasta 2069. Los primeros inquilinos se instalaron en 1999 en régimen de alquiler protegido, una calificación pública garantizada hasta noviembre de 2028. Los alquileres protegidos han sido gestionados durante años por Testa, que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, recibió de varios bancos activos procedentes de Metrovacesa y otras sociedades. El fondo Blackstone compró el 50% del capital de la socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) en 2018 y actualmente la controla en su totalidad.

En vista de que el periodo que asegura la protección social se acercaba a su final, los vecinos formaron la asociación Alokairu y reclamaron la ayuda al Gobierno vasco para evitar la pérdida de sus viviendas. Las primeras conversaciones arrancaron a comienzos de este año. La consejería entró en conversaciones con Testa para tratar de llegar a un acuerdo de compraventa. Itxaso ha precisado que la operación “ha sido compleja” y viene gestándose desde “hace varios meses”, antes de que se anunciara la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre. No es la primera vez que Vivienda del Gobierno vasco interviene en un caso semejante. En agosto pasado consiguió la compra a Kutxabank de 57 viviendas repartidas en 26 municipios por 100.000 euros cada piso.

El caso de Benta Berri ha sido especialmente crítico porque San Sebastián está declarada como zona residencial tensionada y, según ha indicado el consejero, es “uno de los mayores puntos negros” de Euskadi en acceso a la vivienda. “El gran problema que teníamos en este caso es que no hay alternativa habitacional”, ha explicado Itxaso. “No hay 510 viviendas en alquiler disponibles en la ciudad, ni en su entorno, para que los inquilinos reubicarse”.

Itxaso ha afirmado que el coste de la operación de Benta Berri encaja con el precio de la construcción de viviendas de protección social. Y ha puesto el ejemplo del nuevo polígono residencial que se construirá en el barrio de Amara aprovechando la playa de vías que quedará libre con el soterramiento del nuevo servicio de metro donostiarra. En esa parcela, las viviendas tasadas costarán una cantidad similar a la que el Gobierno vasco abonará por hacerse con las casas de Benta Berri.

Álex Iturrate vive desde hace 28 años en Benta Berri y forma parte de la asociación que ha defendido que se mantenga la protección pública de las viviendas. Admite que el anuncio de la compra por parte del Gobierno vasco supone “un alivio y una alegría” para los vecinos afectados. “Era el objetivo que perseguíamos desde el primer día y debemos agradecer el tiempo récord en que el Departamento de Vivienda ha conseguido la operación”, afirma en conversación telefónica. A comienzos de este año, los vecinos comenzaron a recibir cartas y mensajes de Testa informando del final de los contratos, explica Iturrate, lo que dejaba a las familias “en una situación de peligro porque el precio de los alquileres podía dispararse de forma alarmante”. “Eso causó pavor y provocó la reacción del vecindario. Acudimos a Vivienda y la respuesta del consejero Itxaso fue tajante: nos prometió que iba a intervenir de inmediato para paralizar las intenciones [de Testa]. Nos citó a todos los vecinos para comunicarnos que se iban a empeñar en solucionar el problema en los términos que hoy conocemos. Solo tenemos palabras de agradecimiento”.

El alcalde de San Sebastián, Jon Intxausti (PNV), ha expresado este miércoles su satisfacción tras conocer que el Gobierno vasco ha “recuperado el control” de las 510 viviendas de Benta Berri. “No soy nada partidario de operar con fondos buitre y me alegro de que el Gobierno vasco haya reculado y recupere la propiedad de estas viviendas”, ha afirmado el regidor.