El Gobierno aprobará este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 18.004 euros anuales a partir de enero del próximo año. La nueva cuantía equivale a 1.286 euros al mes en 14 pagas y llegará íntegra al bolsillo de los trabajadores porque, en el mismo Consejo de Ministros, el Ejecutivo dará luz verde también a la nueva deducción en el impuesto sobre la renta (IRPF), según avanzan fuentes gubernamentales.

De esta manera, como ya estaba previsto desde hace unas semanas, los perceptores del nuevo salario mínimo seguirán adelantando a Hacienda una parte minoritaria de sus ingresos a través de las retenciones de sus nóminas, pero recuperarán todas esas cantidades en la declaración de la renta del año siguiente. Se trata por tanto de un mecanismo que ya se ha empleado anteriormente, la novedad en esta ocasión es que se aprobará en el mismo Consejo de Ministros en que se subirá el SMI. Otros años la adaptación del impuesto se había llevado a cabo posteriormente al incremento del suelo salarial, ya que en realidad hay margen de tiempo hasta que arranca la siguiente campaña tributaria.

La fórmula elegida por el Gobierno para armar el mecanismo consiste en ampliar la deducción que actualmente opera en el IRPF y de la que se benefician principalmente los trabajadores solteros y sin hijos, que no pueden acogerse a otras ventajas fiscales. Para ello, Hacienda elevará la cuantía de la desgravación, actualmente de unos 590 euros, hasta el entorno de los 1.030 euros anuales. De esta manera, los trabajadores podrán compensar en la declaración de la renta la totalidad del impuesto que les corresponda pagar por sus nuevos salarios.

La medida no significa que los perceptores del SMI dejen de soportar retenciones en sus nóminas. Las empresas, como sucede actualmente, seguirán descontando cada mes las cantidades correspondientes a la retención, pero los trabajadores podrán recuperarlas cuando presenten la declaración del ejercicio siguiente. En la práctica, el resultado será que no tendrán que asumir una factura fiscal por esos ingresos, que llegarán de manera neta a sus bolsillos.

La actualización de esta ventaja fiscal responde a una fórmula que el Gobierno ha tenido que revisar en los últimos ejercicios a medida que aumentaba el salario mínimo. Tradicionalmente, las subidas del SMI iban acompañadas de ajustes en los mínimos exentos del IRPF para mantener a sus perceptores fuera de la tributación. Esa práctica se rompió en 2025, cuando, por primera vez, una parte de los trabajadores que cobraban el suelo salarial empezó a pagar impuestos. Hacienda optó entonces por introducir una deducción que permitiera devolverles el importe correspondiente al IRPF. La misma solución se mantuvo en 2026, actualizando la cuantía, y volverá a aplicarse el próximo año, de nuevo con una cantidad mayor.

La razón del incremento está en que la subida salarial eleva también la factura teórica del impuesto. Un trabajador soltero y sin hijos que cobre los 17.094 euros anuales del SMI actual soporta una cuota de IRPF de unos 590 euros. Esa cantidad se adelanta mediante las retenciones que practica su empleador y es la que puede recuperar posteriormente con la deducción vigente.

Con el nuevo salario mínimo para 2027, de 18.004 euros, la factura fiscal ascendería, en cambio, a unos 1.034 euros anuales. El cálculo tiene en cuenta las cotizaciones a la Seguridad Social, los gastos deducibles y la reducción por rendimientos del trabajo, que disminuye a medida que aumenta el salario. De hecho, si Hacienda mantuviera sin cambios la deducción actual, esta se reduciría hasta unos 409 euros, al perder 20 céntimos por cada euro que el trabajador cobre por encima del SMI vigente. El resultado sería que el empleado acabaría soportando más de 600 euros de IRPF al año. Para evitarlo, la desgravación debe crecer hasta aproximadamente los 1.030 euros, de forma que compense la totalidad del impuesto calculado.

El Gobierno lleva eligiendo ya tres años esta fórmula porque la de adaptar el mínimo exento del impuesto al salario mínimo ―que ha subido con fuerza en los últimos ejercicios― redundaría en una pérdida recaudatoria considerable, ya que beneficiaría a todos los contribuyentes por igual. Con esta medida, el descuento se limita únicamente a las rentas más bajas.

Source: El País · Pablo Sempere

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