Nada puede hacer olvidar ni reparar la muerte de un hijo. Y menos aún cuando su vida fue arrebatada por una puñalada en el corazón que le asestó un neonazi que solo pasó cuatro años en prisión por un crimen que marcó a toda una generación. La familia de Guillem Agulló, el joven antifascista valenciano asesinado en 1993, nunca ha olvidado ni ha perdonado, y siempre ha defendido que el tiempo le ha dado la razón: que fue un asesinato por razones políticas y no una pelea entre jóvenes que se encontraron una noche de Pascua en la población castellonense de Montanejos, como se afirmó en el juicio. Siempre ha luchado por que, al menos, se admitiera oficialmente el móvil político. Este martes, el Gobierno ha reconocido al joven de 18 años como una víctima del terrorismo, una de las batallas que emprendió la familia que, durante años, ha convivido con las amenazas, las llamadas, las pintadas y el grito ominoso de la ultraderecha valenciana: “Guillem, jódete”.

“A partir de ahora si dicen ‘Guillem, jódete’ en las manifestaciones será apología del terrorismo y, por tanto, será un delito. Se ha acabado”, ha comentado en RTVE Guillem Agulló, padre del joven asesinado, tras conocer la decisión del Consejo de Ministros. “A nivel personal es una pequeña restitución, una manera de hacer justicia, aquella justicia que no se recibió en el juicio hace 30 años. A nivel social es una gran victoria”, ha señalado Betlem Agulló, hermana de Guillem. “No nos lo acabamos de creer”, ha agregado. Agulló ha revelado que ha sido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, la que ha llamado “personalmente” a la familia a primera hora del día para informar de la decisión que iba a adoptar el Consejo de Ministros.

Morant ha relatado a la familia que ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “el que lo ha movido todo” y ha “facilitado” este reconocimiento. “En la reunión hace unas semanas nos dijo que se comprometía a facilitar y agilizar los trámites, pero al final era una cuestión administrativa en la que tampoco podía hacer mucho. Simplemente era comprobar si los requisitos que se piden se cumplen o no”, ha indicado. Sánchez se reunió con la familia el 4 de noviembre en Valencia.

En la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros, el ministro valenciano de Hacienda, Arcadi España, ha recordado que Agulló fue asesinado por sus ideas cuando tenía 18 años. Aquel día llevaba un brazalete con el lema “Nazis no”, dos palabras que “le costaron la vida”. El ministro ha considerado que el reconocimiento aprobado este martes supone un “acto de justicia y de reparación”, tras 33 años de lucha de sus padres, que, según ha recordado, han recorrido buena parte de ese camino “demasiado solos”.

El 2 de noviembre, el padre, la madre y la hermana del joven antirracista y nacionalista, Guillem Agulló, Carmen Salvador y Betlem Agulló, dieron a conocer una carta en la que se reclamaba justicia y el citado reconocimiento con el apoyo de más de 200 firmas de personalidades de distintos ámbitos, entre ellas la de Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite (el colectivo de víctimas del terrorismo) y hermana de Gregorio Ordóñez, el concejal del PP de San Sebastián asesinado por ETA en 1995, además de numerosos políticos de la izquierda.

Decía la misiva remitida al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: “Nos preocupa que la decisión sobre el reconocimiento quede en manos de quienes actuaron con falta de diligencia; no fueron capaces de ver el trasfondo ultraderechista que motivó el asesinato de nuestro hijo y además contribuyeron a la impunidad de los asesinos. El Estado tiene un papel garante de derechos que el Gobierno debe cumplir. Y ya que el poder judicial no estuvo a la altura, rogamos al Ejecutivo que asuma su responsabilidad, repare el daño y honre la memoria de quienes fueron injustamente tratados. La restitución a nuestro hijo Guillem, además, supone lanzar un mensaje claro y contundente de la democracia española frente a quienes pretenden destruirla”.

Ante esta solicitud, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo solicitó informe a la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y a la Cátedra de Estudios sobre Terrorismo y Derechos de sus Víctimas de la Universitat de València (UV).

La Fundación Centro Memorial concluyó que la posible atribución de un carácter terrorista a este crimen “se derivaría, en primer lugar, de la secuencia de actos violentos letales de inspiración neonazi en que se inscribe, ocurridos en España entre 1990 y 1995, cuyo efecto fue el de infundir el miedo en los sectores de la población afectada cuando no una alarma social más generalizada”.

Esta entidad también se apoya en la posterior instrumentalización pública del caso como contenido explícito de la propaganda difundida por el movimiento neonazi en la Comunitat Valenciana para enaltecer la violencia política, humillar a la víctima y atemorizar a la ciudadanía.

Por su parte, la cátedra de la UV sostiene que, conforme a la sensibilidad social, política y jurídica actual frente a la violencia de extrema derecha, aquel crimen puede ser valorado hoy como de carácter terrorista, ya que la redacción vigente del artículo 573 del Código Penal amplía el concepto de terrorismo para incluir conductas cometidas al margen de una organización o grupo terrorista concreto pero que persigan los mismos objetivos.

En base a estos informes, Marlaska ha elevado al Consejo de Ministros el real decreto aprobado que concede a Agulló la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, de conformidad con la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que la configura como una acción honorífica específica del Estado con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo y como reconocimiento público de la sociedad española a su sacrificio en aras de la defensa del Estado español y de su ciudadanía. La Guardia Civil no se pronunció de manera favorable al reconocimiento.

En el acto de presentación de la carta, celebrado en Madrid el 4 de noviembre, la madre explicaba a EL PAÍS la dificultad de la lucha familiar: “Es muy difícil. Son 33 años y los primeros los vivimos muy solos, pero hoy estamos muy acompañados. Nos quitaron a Guillem, pero no han ganado”. El padre añadió que tienen “una obligación moral y ética para reivindicar la memoria” de su hijo porque “los fascistas pueden llegar. Lo podemos perder todo. Es un peligro que yo viví en la dictadura”.

Dos días antes de este acto en Madrid, el 2 de noviembre, la televisión pública valenciana, À Punt, decidió suspender a última hora la emisión esa noche de la película sobre Guillem Agulló La mort de Guillem, y en su lugar programó una comedia. Durante el fin de semana, había emitido anuncios de la emisión del filme de Carlos Marqués-Marcet. Fuentes de la cadena negaron que la decisión tuviera tintes políticos o que hubieran recibido alguna llamada de Presidencia de la Generalitat. Se suprimió por una “cuestión de programación”.

El Gobierno valenciano está presidido por Juanfran Pérez-Llorca, del PP, que necesita los votos de su socio parlamentario, Vox, para alcanzar la mayoría y aprobar leyes en Les Corts. El partido de ultraderecha siempre se ha distanciado o directamente negado a cualquier reconocimiento relativo a Guillem Agulló. En el Ayuntamiento de Valencia, propuso cambiar el nombre del joven antifascista que recibe un paseo de los Jardines de Viveros de Valencia, pero su iniciativa fue rechazada por los votos del PP (que gobierna el Consistorio, junto con Vox), el PSPV-PSOE y Compromís.

Numerosos políticos de izquierdas como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Catalunya en Comú; Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, o Àgueda M¡có, de Compromís, han manifestado su satisfacción por la decisión del Gobierno. Todos ellos apoyaron la carta de la familia.

El autor confeso de la muerte de Guillem Agulló fue Pedro Cuevas, que fue condenado a 14 años de prisión, pero solo cumplió cuatro. Los cuatro acusados fueron absueltos. En 2005, fue detenido de nuevo junto con otros neonazis de la organización Frente Antisistema en la denominada Operación Pánzer. La Guardia Civil se incautó de un lanzagranadas, escopetas de cañones recortados, revólveres, bolígrafos, pistola y puños americanos, además de esvásticas. La Audiencia de Valencia absolvió a los 18 acusados al declarar la nulidad de las intervenciones telefónicas.

Source: El País · Ferran Bono

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