El Gobierno de Ayuso se niega a negociar con los profesores en huelga: “Es intolerable, nos están despreciando”

Una semana después de que comenzara la huelga educativa en Madrid, los planes de la Consejería de Educación no pasan por reunirse con los docentes. No importa que miles de profesores y profesoras de la educación pública no universitaria hayan secundado la movilización con elevados porcentajes de seguimiento según los sindicatos, ni que se hayan manifestado diariamente para insistir en que al otro lado del tablero —el que encabeza la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo— se dé un paso hacia el diálogo. Zarzalejo no quiere oír hablar de la huelga, ni de los huelguistas, menos aún de sentarse frente a frente con el Comité de Huelga, al que no reconoce como interlocutor legítimo. “Las reivindicaciones de esta huelga son reivindicaciones que no están al alcance de la gestión educativa de la Comunidad de Madrid”, aseguró la consejera en unas declaraciones el lunes, sus últimas palabras sobre las protestas y a las que remiten desde la Comunidad cuando se les pregunta por la postura del Gobierno madrileño y si tienen previsto sentarse a negociar.

Uno de los argumentos utilizados por la Comunidad de Madrid para “deslegitimar” la huelga es calificarla como “política” y se la relaciona con el contexto de malestar social que vive el país desde que miles de personas acamparan en la Puerta del Sol por el desahucio de Maricarmen. Pero lo cierto es que la huelga educativa fue convocada en junio, antes de que hubiera siquiera sospecha de elecciones generales. Dos meses después, el 24 de agosto, las 20 organizaciones que llamaban a la huelga firmaron y enviaron una carta a la Consejería de Educación para que “conocieran de primera mano los seis puntos clave en la tabla de reivindicaciones para que se sentasen a negociar y para evitar llegar a la huelga”, cuenta Jessica Belda, portavoz de CGT (Confederación General del Trabajo), una de las organizaciones convocantes. “El objetivo principal de esta carta es instarle a revisar detenidamente la tabla reivindicativa que adjuntamos a este escrito y dar respuesta a las demandas de la comunidad educativa de manera inmediata. Tras años de lucha, manifestaciones y apelaciones directas a la Consejería de Educación, ninguna de las peticiones de las trabajadoras de la educación ha sido escuchada. Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo que evite la precipitación a una situación de conflicto tan gravosa como la huelga indefinida”, decía el escrito, al que la consejería no respondió.

La jornada del lunes estuvo marcada por las cargas policiales sobre los manifestantes que esperaban a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, a la salida del Palacio de Santoña, donde participaba en un foro de la mujer. Desde Delegación del Gobierno han confirmado a EL PAÍS que se va a investigar el asunto, al tiempo que el comité de huelga ha denunciado las cargas como “violentas y desproporcionadas”. Zarzalejo expresó el lunes que les preocupa “la agresividad y conflictividad que estas protestas han alcanzado el día de hoy desde primera hora con el corte de la carretera de Valencia y el escrache que he tenido en el acto en el instituto de Vallecas”. Mientras, desde CC OO denuncian, en palabras de su portavoz, Aída San Millán, que “tanto la consejera como la presidenta de la Comunidad de Madrid escalaron este lunes mucho el conflicto, tanto de manera física como verbal. Es una vergüenza que la Comunidad maltrate a sus funcionarios, que nos llame personas violentas cuando son las mismas personas que están sacando adelante el trabajo en sus centros educativos. Somos sus empleados. Deben sentarse de una vez a razonar”. Este martes, la Comunidad cifra el seguimiento en un 10,4%, mientras que UGT estima un 30%.

Sin embargo, San Millán asegura que agradece una parte de las declaraciones del lunes de Mercedes Zarzalejo porque, según la portavoz, la consejera “por fin reconoce que el problema de la Comunidad de Madrid con la educación pública es que no tienen dinero”, dado que “el 50% de la educación la tienen privatizada”. La consejera Zarzalejo hizo estas declaraciones en TeleMadrid: “Nos están pidiendo bajar las ratios a unos números que no han pedido en ninguna parte de España y que significaría perder 282.000 plazas educativas, algo que sería quebrar nuestro sistema educativo o, para no perderlas, crear 328 nuevos colegios de aquí al curso que viene. Para rebajar el horario lectivo como piden, habría que hacer más de 13.600 contrataciones”. La portavoz de Comisiones considera que, con estas palabras, la consejera está reconociendo que la Comunidad “tiene un déficit de profesores y de colegios”. “Nadie les ha pedido que lo tengan que resolver en un año, pero lo que no puede ser es que no lo tengan nunca”, añade San Millán.

Las exigencias principales de los huelguistas pasan por reducir a 17 las horas de clase a la semana en secundaria y a 22 en infantil y primaria (desde 19 y 25 horas, respectivamente); bajar las ratios de estudiantes por clase, incrementando el personal especializado en atención a la diversidad; atajar la segregación socioeconómica del alumnado entre la red pública y concertada; aumentar el salario de los docentes en 600 euros al mes; disminuir la carga burocrática y mejorar las infraestructuras educativas, incluyendo la climatización de los centros y la eliminación de amianto. “La falta de voluntad para atender estos seis puntos es intolerable. Nos están despreciando. La tabla de reivindicaciones pide derechos que ya se tienen en otras comunidades autónomas. Decir que son excesivas es decir que le parece excesivo cumplir las recomendaciones de la UNESCO de que haya una orientadora por cada 250 alumnos o que le parece excesivo que nuestras alumnas no estén hacinadas en el aula, que se retire el amianto de las aulas o que nuestros sueldos lleven congelados desde 2011″, declara Jessica Belda, de CGT.

Chema Pinto, portavoz de UGT, explica que el hecho de que la consejería se cierre a sentarse a negociar “atenta contra las leyes del Estado”. “De acuerdo a la ley sindical, se tenían que haber sentado con nosotros desde el primer día de huelga. Creemos que son demandas posibles y factibles. No traemos nada que no exista en otras partes de España”, afirma Pinto. “Nos produce desazón ver cómo intentan manipular y denominarnos huelga política; saben que no lo es. No nos pueden ver como rivales políticos, somos trabajadores. Esta cerrazón solo se explica bajo una política dirigida a fomentar la educación concertada y privada que deja morir a la pública”, finaliza.