El Gobierno de Ayuso no encuentra comprador para el ático de Chamberí por segunda vez

La subasta del polémico ático adquirido por la Comunidad de Madrid en Chamberí ha quedado desierta por segunda vez este viernes, impidiendo así que el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso dé carpetazo a una controversia que lo persigue desde que EL PAÍS desveló este verano la operación. La empresa pública Planifica Madrid adquirió el inmueble por 6,3 millones de euros en abril y lo puso a la venta por un mínimo de 6.694.201,00 euros tras destaparse su adquisición con un propósito poco claro que fue virando de oficina para la presidenta durante las obras en la Real Casa de Correos a sede polivalente con capacidad para servir de residencia. Como resultado del segundo fiasco en su intento de venta, el ático quedará ahora a la venta de manera “permanente”, según información publicada por la Administración en el portal de contratación autonómico. Así, la segunda subasta ha quedado “desierta”.

“De acuerdo con el Registro de la oficina receptora, se comprueba que no ha habido ninguna oferta al presente procedimiento de oferta pública, por lo que, conforme a lo previsto en las cláusulas 8 y 16 del Pliego, la Mesa por unanimidad acuerda proponer al órgano de contratación la declaración de desierta a la oferta pública inicial y su conversión a oferta pública permanente”, se lee en la documentación del procedimiento.

“El inmueble de Martínez Campos de la empresa Planifica Madrid continúa a la venta mediante un procedimiento abierto de adjudicación”, explica un portavoz gubernamental. “La mesa técnica ha acordado su prórroga y toda la información y las características técnicas del inmueble continúan publicadas en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid”, añade.

Todo empezó así. En abril, la Comunidad compró por más de seis millones un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, una de las zonas más caras de la capital, para que lo usara la presidenta Ayuso “durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto”. La líder regional llegó a visitarlo una vez adquirido. Al día siguiente de publicar EL PAÍS la noticia, y ante la polémica desatada, Planifica Madrid, la empresa pública compradora, puso en venta el inmueble.

El primer intento, sin embargo, no llegó a buen puerto. Consumado el fracaso del proyecto, que no recibió ni una sola oferta, los directivos de Planifica Madrid se reunieron inmediatamente para reactivar la operación. El resultado, sin embargo, ha sido el mismo: subasta desierta. Ni una sola oferta. Nadie, se deduce, considera que el inmueble adquirido por la Comunidad de Madrid vale lo que esta pide y, por extensión, lo que esta pagó.

En paralelo, quedan múltiples preguntas por contestar acerca de la operación, incluso tras publicar la Administración un dossier documental de más de 200 páginas sobre el proyecto. Por ejemplo, ese informe no reveló de forma expresa quién ni por qué ordenó la compra del ático, ni explicó por qué se optó por canalizar la operación a través de Planifica Madrid. Y si algo hizo, fue alimentar las dudas sobre la operación. Esta implicaba que la Comunidad alquilara el inmueble a Planifica a cambio de 3.000 euros al mes, un precio de amigo fuera del mercado, según múltiples expertos.

Aunque dio su visto bueno, antes de que el contrato se anulara para intentar vender el ático, eso despertó las dudas de la Intervención Delegada de la consejería de Hacienda. Esta consideró que el expediente no profundizaba “suficientemente” en aspectos como la necesidad de la operación, su idoneidad o la comparación con inmuebles similares, aunque emitió informe favorable y permitió continuar la tramitación.

En el entretanto, tanto Más Madrid como el PSOE han llevado el asunto al Tribunal de Cuentas. El partido que dirigen Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot pide investigar si ha habido menoscabo de fondos públicos en la operación. Por su parte, los socialistas, dirigidos por el también ministro Óscar López en la Comunidad de Madrid, reclaman que se investigue a Pedro Corbalán, el consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa autonómica que adquirió el ático. Además de estas investigaciones contables, sigue en curso la vía judicial.