El Gobierno aprueba medidas frente a la violencia política y las demandas que buscan silenciar a mujeres

Gobierne quien gobierne, tras las elecciones del 29 de noviembre tendrá, en principio, que seguir con el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, aprobado este martes en Consejo de Ministros y con más de 750 medidas, las que el Ejecutivo actual considera que son las que tienen que ponerse en marcha hasta 2029 para seguir reduciendo las desigualdades que persisten entre las dos mitades de la población española. Entre ellas, varias sobre dos cuestiones a las que no se había hecho referencia hasta ahora: la violencia política contra las mujeres y el slapp (litigio estratégico contra la participación pública, por sus siglas en inglés), que son procedimientos judiciales largos y costosos, y cada vez más habituales contra periodistas, defensores de derechos humanos o activistas “cuyo objetivo principal no es obtener una tutela judicial legítima, sino intimidar, silenciar o desgastar a quienes intervienen en asuntos de interés público”, explican desde Igualdad, el Ministerio del que sale este documento.

En ese contexto, desde Igualdad señalan que tanto la violencia política como el slapp suponen “una amenaza para la participación democrática” y, por lo tanto, para la democracia en sí misma. Una puede “limitar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y la presencia de las mujeres en los espacios públicos y de toma de decisiones”; y el otro pone en riesgo “el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras, representantes políticas y otras mujeres que participan en la vida pública”, ahondan.

Las medidas

Entre las medidas concretas está la creación de un Observatorio de Misoginia Digital y Violencia Política para recopilar y analizar los ataques en el espacio online, y “una línea específica de subvenciones para proyectos de prevención, sensibilización e investigación” en el ámbito de la violencia política, según explican fuentes del ministerio.

El resto suponen hojas de ruta, es decir, la base para luego definir distintas herramientas. En torno a la violencia política, pasan por el “impulso de la investigación y el análisis de datos, con especial atención a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad”, el “refuerzo de los mecanismos de prevención y protección frente a la violencia política, tanto en espacios físicos como digitales”; el “desarrollo de campañas y acciones educativas dirigidas a instituciones públicas, medios de comunicación y sociedad civil”; y el “fortalecimiento de la colaboración con agentes públicos y privados, nacionales e internacionales”.

Y en cuanto a las medidas antislapp, hay formación “sobre el uso de demandas slapp como herramientas de coacción y violencia”, el “fomento de estudios e investigaciones que promuevan evidencia científica para la actualización de protocolos de protección” contra estas demandas, que “aunque pueden dirigirse contra cualquier persona, las mujeres que participan en espacios públicos suelen enfrentarse a ellas en un contexto más amplio de violencia, acoso y hostigamiento, especialmente en los entornos digitales”, señalan las mismas fuentes.

Una violencia creciente

Tanto la violencia política como el slapp han ido creciendo en los últimos años en medio de la “polarización política, las presiones económicas y sociales que alimentan la frustración, la amplificación de la ira a través de las redes sociales y la disminución de la confianza en las instituciones públicas”, señalaba el pasado febrero un informe de la UIP (Unión Interparlamentaria).

Esa encuesta también alertaba de cómo se extiende la violencia política, sobre todo contra las mujeres: “El 76% de las parlamentarias informaron haber sufrido violencia, en comparación con el 68% de los hombres. [Ellas] se ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia de género y sexual, sobre todo online”.

Un análisis de la Unesco sobre la violencia contra mujeres periodistas del pasado año reveló que en los últimos cinco años se había duplicado la proporción de periodistas que relacionan “los ataques digitales con episodios de abuso, acoso o agresión fuera de internet”, del 20% en 2020 al 42% en 2022. Y el último informe de la Coalición contra las Demandas Slapp en Europa (CASE) junto a la Fundación Daphne Caruana Galizia identificó 1.303 casos entre 2010 y 2024, con 167 nuevas demandas iniciadas solo en 2024.

Ese análisis, que no desglosa por sexo de la persona a quien va dirigida la demanda, incidía en que el objetivo es “infligir un daño psicológico, financiero y reputacional grave, generando así un poderoso efecto disuasorio sobre las libertades fundamentales garantizadas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, y que “el aumento” de estos litigios “demuestra que la amenaza a la libertad de expresión no muestra signos de disminuir”.

Esa realidad creciente hizo que hace ya varios años la Unión Europea pusiera el foco en cómo proteger a quienes se enfrentan a esos litigios y en 2024 se aprobó la directiva anti-slapp, que España ya transpuso en el Plan de Acción por la Democracia, en 2024.

En España son varias las querellas que se han conocido en los últimos años contra comunicadoras y periodistas, sobre todo por temas relacionados con la violencia machista y la violencia sexual. La de la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados contra la actriz, comunicadora y activista Paloma Palenciano en 2021 por su monólogo No solo duelen los golpes, en el que habla de violencia de género a través de su propia experiencia, archivada por la Audiencia Provincial de Madrid en 2022; o las dos, aún en curso, contra la activista Cristina Fallarás, de dos hombres ―el rapero Ayax y el publicista Israel Bravo― después de que ella publicase en su cuenta de Instagram testimonios anonimizados en los que ellos se vieron reflejados.

También la de Sergio Candanedo (Un hombre blanco hetero) contra la comunicadora y artista Yolanda Domínguez por llamarle “troll machista” y decir que era “violento con las mujeres”, y que acabó con el Tribunal Constitucional fallando a favor de la libertad de expresión de Domínguez; o las que tienen periodistas y medios como El Diario, por su publicación de los testimonios de violencia sexual contra Julio Iglesias, que se ha querellado y a quienes pide, entre otras cuestiones, cárcel.