El Congreso se divide sobre dos decretos de vivienda en la resaca de la huelga y el arranque de la campaña electoral

En plena resaca de la gran movilización del miércoles en las calles de España con la huelga general por la crisis de la vivienda y a unas horas del inicio oficial de la campaña electoral, la Diputación Permanente del Congreso ha convalidado un decreto que prohíbe los desahucios, prorroga los alquileres dos años y con un tope de subida del 2%, pero ha rechazado otro que pretendía extender la moratoria de esos contratos de manera automática e indefinida. Han comparecido dos ministros, por lo que formalmente se han celebrado dos debates, pero en realidad solo una discusión sobre cómo abordar la solución a ese problema transversal, que se ha resuelto en dos bloques políticos enfrentados. El Gobierno del PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios de izquierdas han votado los dos y han salvado solo el primero. La derecha representada por PP, Vox, UPN y Junts ha rechazado ambos y ha tumbado, con el PNV, el segundo, con medidas más ambiciosas que consideraron “hipócritas” o demasiado radicales.

El nuevo debate sobre la vivienda en la Diputación Permanente se ha desarrollado en dos tiempos, pero muy similar al que se produjo hace algo más de un mes, entonces en el Pleno del Congreso y en otro ambiente social, tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana que falleció poco después y que provocó las acampadas sociales y más tarde precipitó la convocatoria electoral para el 29-N. Los argumentos se han repetido, en este caso de manera comprimida al ser ese órgano una especie de minipleno para cuando el Congreso funciona en estos periodos especiales, pero en el que el bloque progresista tiene mejor representación numérica que en los plenos.

El primer decreto con medidas urgentes para intentar acabar con los desahucios y reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual ha prosperado con 35 votos a favor y 34 en contra, en este caso del PP, Vox, UPN y Junts. El segundo decreto que pretendía la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de casas asequibles ha decaído con 34 votos afirmativos frente a 35 negativos al desmarcarse el PNV y situarse ahí con el bloque de la derecha.

En las intervenciones se ha hablado mucho de la emergencia con la vivienda, de la reciente huelga general, de su éxito, fracaso o de la repercusión que podría tener en las urnas el 29-N. A los ministros que han defendido los decretos, Pablo Bustinduy e Isabel Rodríguez, y a los portavoces socialistas en la sala, les ha faltado casi nada para pedir directamente el voto para recoger en las urnas dentro de dos semanas el sentimiento que observaron en las calles durante la huelga y contraponerlo a la oposición de los partidos de la derecha. Han sorteado las limitaciones que marca la Junta Electoral hasta el inicio formal de la campaña recurriendo al trampantojo de llamar a la movilización social en favor de los derechos ciudadanos.

El ambiente de elecciones ha marcado toda la sesión. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, portavoz de campaña ahora del Frente Amplio, ha recurrido incluso al verbo nicaragüense “suliveyar” para definir los fuertes sentimientos encontrados que le ha despertado el portavoz en esta ocasión del PP, Sergio Sayas, anteriormente de Unión del Pueblo Navarro hasta que fue expulsado de esa formación por saltarse la posición de voto para intentar frenar la reforma laboral. Bustinduy se ha sumado a la ola de descontento expresada en las calles durante la huelga para enfatizar la necesidad de reforzar y dar más estabilidad, con la renovación automática de los contratos de alquiler, a los trabajadores y a los pobres, frente a los rentistas, los fondos buitre, el Ibex 35, la banca o las grandes eléctricas. Y ha esgrimido que de esa forma se facilitaría un ahorro directo de 4.341 euros al año a los casi cinco millones de inquilinos que cifró ahora en España.

Bustinduy ha convencido a sus socios recurrentes, que, eso sí, han aprovechado también para lanzar algunos reproches pendientes. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la violencia policial registrada en algunas manifestaciones de estos días, algo que tampoco ha gustado nada a la diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero, que también ha reclamado su dimisión. La representante del PNV, Maribel Vaquero, ha optado por cuestionar de nuevo la falta de diálogo y consenso del Gobierno en muchas ocasiones y ha subrayado que defender a los vulnerables no debería ser contradictorio con apoyar a los pequeños propietarios.

El inminente nuevo portavoz de EH Bildu, Óskar Matute, ha incentivado un duelo dialéctico curioso con el portavoz de Vox, Carlos Hernández Quero, sobre las propuestas intervencionistas del mercado de la vivienda ante un exceso afán de lucro que propugnó a comienzos del siglo XX el político conservador Eduardo Dato, ministro y presidente durante la Restauración. Hernández de Quero le ha replicado más tarde rememorando que Dato acabó ajusticiado en la plaza de la Independencia de Madrid con 18 balas.

Ha habido, además, otros combates ya casi clásicos. El más tenso, el que ha favorecido de nuevo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con cualquier diputado de Junts, en este caso Josep Maria Cruxet. El parlamentario de la formación que lidera Carles Puigdemont ha tachado de “operación electoralista y estafa política” los decretos gubernamentales porque cree que “siembran miseria y cosechan rabia”. Y ha retratado a Rufián como un “maltratador emocional”. Ahí han saltado chispas. Rufián, sentado a centímetros de Cruset en la sala Constitucional, le ha llamado “colaboracionista” de Santiago Abascal y Vox y ha restregado sobre su mesa un billete de 50 euros como “su estelada”. Rufián, eso sí, ha alabado a Bustinduy como un “ministro maravilloso” y ha aseverado que él también quiere un futuro gobierno del PSOE “pero sometido y no con Page”, en alusión al presidente de Castilla-La Mancha.

Los portavoces de Sumar han destacado el simbolismo del decreto Maricarmen para despertar la solidaridad de los que se oponían a algunas de estas medidas, pero el portavoz ultra de Vox, José María Figaredo, ha hecho referencia entonces a la exsecretaria general del grupo socialista, Montse Mínguez, que abandonó la política tras destaparse el tipo de actividad inmobiliaria de su pareja en Lleida.

Los dos decretos parecían sentenciados, uno a favor y otro en contra, desde la misma convocatoria de la Diputación, con un reparto de escaños más favorable al Gobierno que el del pleno desde que se constituyó por unanimidad al inicio de la legislatura. Pero aún faltaba otro reparto de bofetadas dialécticas inesperado, por agrio y destemplado. El portavoz popular, el tránsfuga de UPN Sergio Sayas, que ahora vuelve a figurar en las listas de Navarra por esos dos partidos de la derecha, no se ha medido durante la sesión al descalificar al Gobierno como totalitario, incapaz, bananero, incompetente, negligente, mediocre y hasta para responsabilizarle de los 115 muertos de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. “La performance” del ministro Bustinduy y la “huelga hipócrita” le han parecido a Sayas algo “antidemocrático”. Entonces el ministro casi ha saltado como un resorte para reconocer que Sayas “y su transfuguismo antidemocrático” le “sulibella”. Sayas ha pedido réplica para precisar que él ha pasado por menos partidos que la exjefa de Bustinduy, en lo que se supone que se refirió a la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no se ha entretenido en intentar atraer a nadie de los no convencidos. Ella misma ha reconocido que formuló más un mitin para mover votantes que secundaron la huelga que en defender propuestas para topar los precios de los alquileres, reducir al 4% el IVA de la construcción o para enumerar las inversiones millonarias prometidas o realizadas en el sector. Su Ministerio empezó la legislatura con una capacidad presupuestaria de 500 millones y ya va por 14.000. A casi todos los partidos les pareció un despliegue escaso o tardío, aunque los aliados lo han votado a favor sin éxito, soñando más en una presunta solidaridad postelectoral.